Jorge Santibáñez Romellón

Más seguro votar en la frontera que en el exterior

El tema de la participación electoral de los mexicanos en el exterior en elecciones mexicanas sigue provocando ríos de tinta. Cada que el tema aparece va acompañado o seguido de una andanada de discursos, artículos, manifestaciones, editoriales o notas periodísticas. En este asunto en particular se aplica el dicho mexicano de 舠mucho ruido y pocas nueces舡. El tema surge de manera consistente desde 1988 y, aunque ha habido avances, aún no se ha acordado nada concreto. Hoy la mayoría de las posiciones son en favor y ya se escuchan muy pocas voces en contra. Quienes emiten las opiniones son esencialmente la clase política (congresistas, funcionarios y partidos políticos), los autollamados representantes de las comunidades mexicanas en el exterior y los académicos de México (las más de las veces) y de Estados Unidos (las menos).

El tema se ha abordado más desde la perspectiva política y en menor medida desde la óptica migratoria. Se ha reflexionado más sobre la indiscutible preservación de los derechos políticos de los migrantes, donde quiera que estén, la factibilidad de hacer campañas en otro país, esencialmente Estados Unidos, las formas mediante las cuales se emitiría el voto, y menos, mucho menos, en si es eso lo que a los migrantes más les hace falta.

Se nos olvida que a los mexicanos que viven en México, aunque con muchas deficiencias, el Estado mexicano les ha ofrecido derechos elementales, educación, vivienda, acceso a servicios de salud y empleo, entre otros. Ese no es el caso para la mayoría de los mexicanos en el exterior y cabría la reflexión de si el derecho al voto es el primero de los derechos al que deberían tener acceso. Claro, hay quien dice que lo primero llevará a lo segundo, y muy probablemente tenga razón. Por último, otra característica del debate es que ha sido dicotómico, es decir, o se está en favor y entonces se es progresista, o cualquier cuestionamiento, por mínimo que sea, inmediatamente se interpreta como reaccionario.

Existe también un consenso sobre el 舠qué舡, es decir, que los mexicanos ausentes del territorio nacional puedan votar y no pierdan ese derecho fundamental sólo por no estar en el país. Existe menor consenso sobre el 舠quién舡. En este sentido, las posiciones van desde 舠todos舡 hasta 舠sólo los que tienen credencial para votar舡 e incluso esta última alternativa se subdivide entre quienes afirman que debe realizarse una campaña de credencialización en el extranjero, esencialmente en Estados Unidos, y los que opinan que es improcedente, oneroso y poco práctico.

Que quienes puedan votar desde el extranjero sean los que tienen credencial, ni siquiera es una propuesta novedosa,  surgió por lo menos en 1999 y ya había generado en ese entonces un consenso que apenas estamos recuperando. No se debe olvidar que entre ellos hay quienes ya son ciudadanos estadunidenses por naturalización. En lo que no existe y aparentemente no existirá consenso alguno es sobre el 舠cómo舡. Lo preocupante es que esa falta de consenso en un tema fundamental para el sistema electoral mexicano, en el que de hecho descansa la credibilidad del mismo, puede nuevamente detener la iniciativa y lo que menos esperamos los mexicanos es que se nos diga, otra vez, que 舠el Congreso no quiso porque los partidos no se pusieron de acuerdo舡 y a otra cosa. Mientras el 舠cómo舡 sea en el extranjero, la cosa no es sencilla. Por la vía electrónica o por correo pone en riesgo la credibilidad de los resultados: en los consulados se carece de infraestructura: instalar casillas electorales en Estados Unidos sería muy caro, sobre todo si se piensa que tendría que haber representantes de partido, jefes de casilla, capacitación, etcétera.

Por todas estas razones seguimos pensando que habilitar las localidades fronterizas como espacio de participación electoral para los mexicanos que no viven en México, sin resolver todos los problemas, por lo menos no pone en riesgo la credibilidad de los resultados, es viable presupuestalmente y podría generar consenso entre partidos políticos y ambas cámaras, por las que finalmente pasaría la propuesta de ley. Por supuesto no estamos hablando de las cinco casillas especiales por distrito electoral con 750 boletas por cada una, que de cualquier forma ya están contempladas en la ley y que normalmente son ocupadas por quienes están de paso; estamos hablando de todo un operativo con vialidades y señalización especiales y un número mucho más grande de casillas que permitiera que cientos de miles de mexicanos que viven cerca de la frontera pudieran venir a votar.

Quizá sería conveniente recordar que la mitad de quienes tienen credencial para votar, que ese día estarán fuera del país, viven a menos de dos horas de una localidad fronteriza mexicana. Por último, esta modalidad de participación no daría argumentos a quienes ven a los migrantes mexicanos como un peligro de desintegración social, cultural o política. Algunas de las propuestas que se han escuchado serían 舠oro molido舡 para voces como la de Samuel Huntington y su discurso racista y antinmigrante mexicano.

Por supuesto, la propuesta tiene aspectos negativos, inhibiría la participación de migrantes indocumentados que, por más activos que sean políticamente, no esta-rían dispuestos a sufrir otro cruce sin documentos; eliminaría la posibilidad de participación de quienes no viven cerca de la frontera y sin duda enojaría a líderes de las comunidades mexicanas en Estados Unidos o políticos mexicanos, que con esta participación buscan fortalecer su presencia política aquí y allá; sin embargo, representaría un primer paso que podría evolucionar en función de la experiencia que se vaya adquiriendo. La mejor forma de no obtener nada es quererlo todo.