Iván Restrepo

En la punta del iceberg

Hace cinco años, un empresario que goza del favor oficial y afecta con sus proyectos el medio ambiente y la calidad de vida de la población comenzó a tramitar los permisos para construir un muelle privado en la zona federal marítima terrestre de Playa del Carmen,  Quintana Roo. Las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las instancias locales le concedieron los permisos.

Se trata de Germán Orozco Sarro, el mismo que en 1996 levantó, con la venia oficial, varias plataformas en una zona marina protegida porque alberga importantes formaciones de coral: Punta Nizuc. Hasta esas plataformas se transportaba diariamente a cientos de turistas. El daño que esto causaba a los corales fue tan evidente, que dos años después el ex presidente Zedillo ordenó su demolición. Orozco Sarro figura a la cabeza de varios negocios turísticos, entre ellos Polaris y Ultramar. Este último opera barcos de pasajeros que cubren las rutas Cancún-Isla Mujeres y Playa del Carmen-Cozumel.

A la construcción del  muelle, iniciada hace año y medio, siempre se opusieron la ciudadanía y las agrupaciones empresariales, ambientales y sociales  de Playa del Carmen, pues se ubica cerca de una valiosa formación coralina y afecta una de las pocas playas públicas que todavía existen en la ciudad.  Además, ya hay una terminal marítima en buen estado que funciona a mitad de su capacidad. Raúl Arriaga ignoró los argumentos legales en contra del nuevo muelle, así como el cuestionado ex subsecretario de Gestión Ambiental de la Semarnat, entre otros funcionarios que eran de su plena confianza en esa dependencia y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Las instancias estatales y locales se hicieron de la vista gorda, a pesar de que la obra viola el programa de desarrollo urbano municipal. Alguien con poder pudo influir para neutralizar la acción de la Secretaría de la Función Pública, ante la cual se denunció a los funcionarios que autorizaron  construir el muelle.

Hace ocho días la SCT sorpresivamente ordenó por segunda ocasión detener la obra. Una clausura anterior, que data de agosto pasado, inexplicablemente quedó sin efecto. Ahora la SCT encontró, entre otras cosas, que   el ancho del muelle es de casi 12 metros, cuando debería ser apenas de 6.4. Respecto a  su longitud, los 260 metros autorizados se extendieron hasta ocupar varios metros más en tierra firme. Quienes por ley deben supervisar la obra citada descubrieron tarde éstas y otras irregularidades, como la de que no existe el permiso de uso del suelo, algo básico en la autorización de trabajos como el mencionado.

Tres días después de decretada la reciente clausura, el titular de la Profepa, José Luis Luegue anunció en Cancún que la dependencia a su cargo buscará la clausura definitiva del muelle porque sus dueños no entregaron la información correcta en su manifestación de impacto ambiental; también se procederá contra quienes aprobaron la obra. Anunció asimismo que no se tolerará ningún proyecto que afecte los recursos naturales de Quintana Roo. Lo anterior parecería ir acorde con la  promesa que hizo el titular de Semarnat, Alberto Cárdenas, de no tolerar la corrupción ni la desidia en la secretaría a su cargo. Cabría esperar que, luego de vencer la venalidad con que se comportan algunos jueces al conceder amparos a quienes violan la normatividad ambiental, las instancias oficiales declaren nulos los permisos concedidos, ordenen la demolición del muelle y la reparación de los daños ocasionados en la franja litoral.

A la vez es necesario aclarar si la protección a las empresas del señor Orozco Sarro proviene de dos jóvenes que presuntamente son sus socios: los hijos de la esposa del presidente Fox. Don Renán Castro Madera, coordinador general  del diario regional Por Esto, sostiene en su columna del pasado 28 de abril que estamos apenas ante la punta del iceberg que esconde la protección de las instancias oficiales a Orozco y sus negocios, gracias a los hijos de la señora Marta. Anteriormente vino de importantes funcionarios, como el ex gobernador Mario Villanueva, hoy recluido en el penal de La Palma.