En su comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, el secretario de Defensa de ese país, Donald Rumsfeld, asumió ayer "toda la responsabilidad" por las torturas perpetradas por soldados estadunidenses contra prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Gharib, a las afueras de Bagdad, y pidió "las más profundas disculpas" a las víctimas. Junto con los severos cuestionamientos de los senadores, Rumsfeld escuchó las protestas de manifestantes que exigieron que sea destituido del cargo, exigencia que han planteado en los días recientes legisladores demócratas y los diarios más influyentes del país. Sin embargo, el presidente George W. Bush reiteró su total respaldo al jefe del Pentágono, al asegurar que Irak "está en buenas manos", e insistió en lo "repugnante" y grave para el honor de sus fuerzas armadas que representan las imágenes difundidas ampliamente, en las que se muestran las prácticas criminales, fórmula con la que ha pretendido acallar las críticas y calmar la indignación que este caso ha provocado, particularmente en Estados Unidos y en Medio Oriente. Esa actitud muestra una vez más la arrogancia criminal del ocupante de la Casa Blanca, quien está empeñado en seguir adelante con la invasión a Irak atropellando la legalidad internacional y tendiendo una sombra de impunidad sobre los soldados y oficiales implicados en las torturas. La revelación de Rumsfeld sobre la existencia de más fotografías y videograbaciones de las que han sido exhibidas hasta ahora, también es una señal de la confianza que tenían los implicados en que sus actos quedarían impunes, pues no dudaron en dejar testimonio de las vejaciones a los prisioneros e inclusive aparecen sonrientes junto a los cuerpos de sus víctimas.

Más allá de la supuesta indignación de Bush y el mea culpa de Rumsfeld, quienes se han mostrado sorprendidos por el material gráfico que salió a la luz pública, y sostienen que no corresponde al entrenamiento que se da a las tropas, informes del Comité Internacional de la Cruz Roja, de Amnistía Internacional y de Human Rigths Watch, coinciden en que los abusos físicos y sicológicos que sufren los prisioneros en los interrogatorios están en los manuales del Pentágono, que esas prácticas coinciden con lo que el derecho internacional considera tortura y en las fuerzas armadas estadunidenses son una regla, no una excepción.

Amnistía Internacional demanda que los militares implicados sean enjuiciados por crímenes de guerra, una posibilidad que hasta ahora no es considerada por la Casa Blanca ni por el Pentágono. Algunos de los soldados acusados de homicidio sólo han recibido sanciones administrativas. Además, la convicción de George W. Bush de que Irak está en buenas manos, aleja toda perspectiva de que cesen los abusos y mucho menos que los responsables de esos innegables crímenes de guerra sean sancionados por la justicia estadunidense.

La comunidad internacional debe reaccionar con más decisión de la que hasta ahora ha mostrado. Por desgracia, no es la primera vez que un país ocupante comete crímenes de guerra, pero la humanidad cuenta ahora con más instrumentos legales y mecanismos que hace 50 años para enjuiciar y sancionar a los responsables. La recién creada Corte Penal Internacional debiera ser invocada y activada para frenar la delirante barbarie de Bush, quien hoy extiende sus amenazas más allá del ámbito de Medio Oriente y parece dirigir sus baterías hacia el Caribe y la región latinoamericana.