Estoy listo para cualquier requerimiento ministerial: Macedo

Hoy decide la PGR si pide el desafuero de López Obrador

El Ministerio Público analiza si hubo desacato en el caso El Encino

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Este viernes, la Procuraduría General de la República (PGR) decidirá si solicita al Congreso de la Unión el desafuero del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, como se lo pidió al Ministerio Público Federal el juzgado noveno de distrito en materia administrativa.

Por otra parte, el procurador Rafael Macedo de la Concha, quien se declaró "listo para cualquier requerimiento" ministerial, cuestionó que sea citado sólo porque alguien lo dice. Refirió que su declaración en torno al caso Ahumada sería que la PGR le entregó a las autoridades capitalinas el informe elaborado por Estados Unidos, "para el uso en una investigación que ellos practican; la entregamos con plena transparencia, en los términos que marca la ley".

En relación con el predio El Encino, Macedo dijo que el Ministerio Público Federal dará a conocer en las próximas horas si López Obrador incurrió en el delito de desacato a un mandamiento judicial, al no haber ordenado la suspensión de obras viales en la zona de Santa Fe, las cuales afectaron al mencionado predio, terreno de aproximadamente 100 mil metros cuadrados y que era propiedad de la empresa Promotora Internacional Santa Fe.

Señaló que el mandamiento del juzgado noveno de distrito en materia administrativa contra López Obrador es "categórico", pero funcionarios de la dependencia explicaron que de acuerdo con los procedimientos legales la PGR inició una averiguación previa y se ha desarrollado una indagatoria para deslindar la responsabilidad del mandatario capitalino.

Antecedentes del caso

La historia de este caso se inició el 10 de noviembre de 2000, cuando Rosario Robles Berlanga fungía como jefa de Gobierno; ella emitió el decreto de expropiación mediante el cual se afectó al predio El Encino, ya que esos terrenos servirían para construir las avenidas que hoy se conocen como Vasco de Quiroga y Carlos Graef.

El 14 de diciembre de ese año la empresa propietaria del predio interpuso un amparo en contra del decreto y obtuvo, en marzo de 2001, una suspensión provisional que ordenaba a López Obrador el cese de las obras y declaraba nulo el decreto expropiatorio.

Sin embargo, las autoridades capitalinas, según el expediente que integra la subprocuraduría encargada de investigar delitos federales, a cargo de Carlos Vega Memije, hicieron caso omiso tanto de la suspensión provisional como de la definitiva y entonces intervino el séptimo tribunal unitario; la decisión del órgano jurisdiccional fue que López Obrador incurrió en desacato y el juzgado noveno de distrito puso este viernes como plazo definitivo a la PGR para que decida si solicita o no la petición de desafuero.

Ante los insistentes rumores que aseguraban que la procuraduría ya había resuelto en contra del jefe de Gobierno, y presentaría la solicitud de desafuero al Congreso en cuestión de horas, Macedo aseguró en conferencia de prensa que hasta las diez de la noche de ayer jueves, el Ministerio Público encargado del asunto no había determinado nada, que faltaban algunas diligencias pero que, en todo caso, la averiguación previa se resolvería conforme a derecho, toda vez que, dijo, el Gobierno del Distrito Federal tuvo la oportunidad de presentar los alegatos que a su derecho convinieran para echar abajo las apreciaciones del juez Alvaro Tovilla León.

El procurador puntualizó que "lo que emitió en su oportunidad en el incidente del juicio de amparo el juez noveno de distrito en materia administrativa fue que de acuerdo con las propias autoridades judiciales no fue cumplimentada y, desde luego, pues tendrá que proceder en términos de ley el Ministerio Público".

Indicó que será este viernes cuando se tome una decisión y se comprometió a "informar oportunamente" de lo que resuelva el Ministerio Público. Asimismo, señaló que será una resolución ajena a cuestiones políticas.

"Entiendo que se están todavía realizando algunos trámites, acciones y diligencias; consecuentemente no tengo conocimiento aún en qué sentido se va a emitir esta resolución. Lo que sí quiero señalar categóricamente es que lo haremos en forma transparente. He exigido que se haga con escrúpulo legal esta resolución''.

Durante el encuentro con reporteros, Macedo sostuvo que no existe enfrentamiento alguno entre la PGR y la procuraduría capitalina, y se refirió a las declaraciones que realizó en Europa el presidente Vicente Fox, quien criticó al Gobierno del Distrito Federal al considerar que no ha cumplido con su tarea de perseguir a los responsables de corrupción.

"El Presidente expresó con toda claridad, y yo lo señalo por lo que se refiere al procurador general de la República, como lo dije ayer, que debemos entrar en este asunto juntos; tenemos que trabajar unidos; debemos apartarnos de cualquier actitud o calificación que denueste el trabajo de unos o de otros. No tengan duda: no hay ninguna razón para pensar que las instituciones están confrontadas o que tengamos diferencias. Precisamente queremos, como lo hice ayer, hacer un llamado público y hoy lo hago ya bajo el conocimiento de que ya ha habido reuniones entre nuestros funcionarios precisamente para trabajar en ese mismo camino".

A pesar de que dijo que no entraría en confrontaciones con el gobierno de la capital, el procurador Macedo rechazó lo señalado por López Obrador en el sentido de que el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos era un mentiroso al decir que el ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce, había sido grabado por el empresario Carlos Ahumada en el casino del hotel Bellagio, de Las Vegas.

Incluso puntualizó, pese a las críticas, que para él "la justicia no se mide en tiempos políticos ni coincide con tiempos políticos", y advirtió que "la justicia va a actuar, la ley se va a aplicar y no permitiremos que estos actos de corrupción queden impunes", en referencia a los presuntos ilícitos de carácter federal en que habrían incurrido funcionarios capitalinos en su relación con el empresario de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz.

Aunque expresó que no entraría en confrontaciones con otros actores políticos, sin mencionarlo por su nombre se refirió a López Obrador y señaló: "Las leyes son muy claras en nuestro país; yo no voy a estar ni prejuzgando ni juzgando ni sentenciando. Yo no atiendo especulaciones, no atiendo presentimientos para provocar confusiones o desorientación; yo atiendo lo que dice la ley".

''A temas políticos no ingreso''

Y aludió al informe enviado por Estados Unidos en el que se demuestra que desde febrero autoridades mexicanas investigaban a Ponce y la difusión que de esos documentos hizo López Obrador: "Quiero señalarle que en el tema de este documento, que fue exhibido públicamente, está muy claro lo que se dice ahí; autoriza al Ministerio Público; el Ministerio Público no es divisible, es indivisible y tiene un ámbito federal y un ámbito local, y ambos somos ministerios públicos".

Luego fue cuestionado en torno a si él consideraba que existió un complot en contra del jefe de Gobierno capitalino y su respuesta fue: "Yo creo que este tema del famoso complot es de carácter político y yo no puedo establecer algo que a mi juicio en este momento no está sustentado, pero además no entiendo las razones jurídicas, jurídicas estrictamente por las que esta situación debiera tener esa vertiente. Este tema del complot es de carácter estrictamente político y ahí no ingreso".