Deben recibir protección de la justicia federal, afirma Bárbara Zamora

"Perseguidos políticos", los vascos detenidos con fines de extradición

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Los seis ciudadanos de origen vasco detenidos en el Reclusorio Norte están encarcelados sin sustento jurídico y en franca violación a sus garantías individuales, además de que son víctimas de persecución política, encabezada por el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, según consta en los alegatos jurídicos que la abogada del grupo, Bárbara Zamora, entregó ayer al juzgado quinto de distrito A de amparo.

El documento fue presentado por la litigante durante una audiencia constitucional relativa a la demanda de garantías que interpusieron los quejosos contra la orden de detención formal, con fines de extradición, a que están sujetos desde hace más de diez meses.

Desde ayer, el expediente del caso fue turnado a sentencia, por lo que será en los próximos días o semanas cuando el juez Rafael Zamudio Arias, titular del juzgado quinto, determine si concede el amparo a los vascos. Con ese recurso, Félix Salustiano García, Ricardo Ernesto Sáenz García, Luis Castañeda Vallejo, Asier Arronategui Duralde, Juan Carlos Artola y Asunción Gorrochategui pretenden recuperar su libertad.

Antes de que finalizara la diligencia, la defensora de los vascos -detenidos en el Reclusorio Norte a petición del gobierno de España, que los investiga por sus presuntos vínculos con la organización separatista ETA-, puntualizó que sus clientes son "perseguidos políticos" y por ello requieren la protección de la justicia federal.

Más tarde, la litigante refirió en entrevista con este diario que las afirmaciones del canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, respecto al tema de los vascos, efectuadas el pasado martes en Madrid, durante una reunión con el presidente de ese país, José Luis Rodríguez Zapatero, reflejan el desconocimiento del funcionario sobre temas de extradición. Asimismo advirtió que ese hecho manifiesta que el gobierno mexicano "está cediendo a presiones políticas para enviar a los vascos de manera rápida".

El martes, Derbez aseguró ante el mandatario español que el procedimiento de extradición de los seis vascos concluirá una vez que dirima el juicio de amparo solicitado por los detenidos (del cual ayer se efectuó la audiencia constitucional) y precisó que "cuando termine ese juicio automáticamente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tendrá un plazo máximo de 30 días para enviarlos".

Bárbara Zamora aclaró que son incorrectas las afirmaciones del canciller, ya que sus clientes no podrían ser enviados a España en ese periodo de 30 días -que comenzarían a contar a partir de que se emita la sentencia final del citado juicio de amparo-, "simplemente porque el canciller ni siquiera sabe cuál será el resultado del juicio, el cual, si lo ganamos, representaría la inmediata liberación de los involucrados".

Agregó que aun si sus clientes perdieran el amparo, todavía pueden apelar la sentencia ante un tribunal colegiado. Todo ello podría demorar al menos dos meses.

Indicó que si ante tribunales perdieran, lo que procede es esperar la opinión jurídica del juzgado segundo de distrito en materia penal respecto a si es válida la extradición de los vascos.

No obstante, manifestó que si el juez segundo (César Flores Rodríguez) opina en favor de la extradición, y la SRE avala esa decisión y ordena el envío de los vacos, éstos tienen la posibilidad de interponer otra demanda de amparo contra la determinación de la cancillería, lo que obligaría a que el procedimiento de extradición se prolongue.

Finalmente, la abogada aclaró que sólo habría dos formas de que se efectuara la extradición: primero, que ellos accedieran a la petición de España, y segundo, que se agoten todas las instancias jurídicas antes mencionadas, lo cual no sucederá antes de seis meses.