Crean grupo para negociar con ocupantes de la reserva

Asegura la SRA que no habrá desalojo en Montes Azules

MATILDE PEREZ U.

La Secretaría de la Reforma Agraria aseguró que no desalojará a las familias indígenas que habitan en la zona núcleo y en la de amortiguamiento de la reserva de la biosfera de Montes Azules. "Nuestra intención es armonizar la vida interna", puntualizó la delegada de la institución en Chiapas, Martha Cecilia Díaz Gordillo. Precisó que en esa región hay 22 acciones agrarias que ocupan una superficie de 32 mil hectáreas, anteriores a la dotación que hizo el gobierno federal a los lacandones por poco más de 600 mil hectáreas en 1972.

Para integrar a todos los involucrados en el conflicto -indígenas no organizados y los agrupados en la ARIC Independiente, ARIC Unión de Uniones, Xi Nich, Socama y lacandones- la SRA convocó a la creación de un grupo de concertadores en el que participan 23 representantes de las comunidades para construir un proceso de diálogo, explicó la funcionaria.

Dicho grupo, abundó la delegada de la SRA, aceptó visitar cada una de los poblados, lo cual se efectuó de junio a diciembre del año pasado. Durante esos encuentros, los representantes de los lacandones manifestaron su disposición a dialogar porque "se sienten agraviados". También pidieron asentar por escrito el acuerdo de no violentar la vida interna de las comunidades, la disposición de todos a reconstruir el tejido social y a respetar la decisión de las poblaciones.

En este momento hay diálogo entre todos los involucrados, en el que se ha dejado claramente establecido qué se puede negociar y qué no, pero lo importante es el entendimiento entre las partes, dijo Díaz Gordillo. "Los lacandones están dispuestos al diálogo y negociación, han dicho que no quieren enemigos ni nuevos enfrentamientos y también han reclamado al gobierno por su tardanza para ayudar a resolver el problema de la tierra", aseveró la delegada de la SRA.

El relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, destacó que "la cuestión de la tierra" es uno de los factores que provoca inestabilidad e inseguridad en las regiones indígenas. En el informe que realizó durante su visita a varias regiones del país, entre ellas Montes Azules, el relator expuso que en 1972, por decreto presidencial, se dotó de más de 600 mil hectáreas a un pequeño número de familias lacandonas; sin embargo gran parte de dicha superficie -bosque húmedo tropical- fue concesionada a empresas madereras y fincas ganaderas. Además, quedaron fuera de la comunidad lacandona "numerosos asentamientos de choles, tzeltales, tzotziles, tojolobales y otros, fruto de la colonización espontánea de la selva que ocurrió a partir de los años 50, y que en aquel entonces fue estimulada por el propio gobierno. En 1978 se constituyó la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, que cubre una parte de la comunidad lacandona, considerándose ilegales estos asentamientos.

"Con el argumento de la conservación del medio ambiente estas comunidades han sido amenazadas de desalojo fuera de la reserva. La falta de claridad en la política gubernamental -asentó Stavenhagen- produjo enfrentamientos entre las comunidades, creándose una situación persistente de conflictividad y potencial violencia durante varios años. En consecuencia, los indígenas se movilizaron para defender sus derechos agrarios, y en los años 90 su movimiento provocó la represión gubernamental que se reflejó en diversas violaciones a sus derechos humanos. El gobierno creó una comisión interinstitucional de conciliación y asegura que ya no tiene intención de desalojar a estas comunidades, algunas de las cuales viven en la total inseguridad y carecen de todo tipo de infraestructura y servicios sociales."

Martha Cecilia Díaz Gordillo asentó que excepto cinco asentamientos irregulares, el resto de los poblados "están inmersos en un proceso de diálogo; actualmente se llevan a cabo reuniones en San Javier, Frontera Corozal y Palestina. Los representantes de 55 asentamientos están sentados a la mesa de diálogo en busca de soluciones, y de ellos, 37 aceptaron diversos programas para beneficio de las familias y "están en los niveles más altos de negociación".

Acuerdos de reubicación

Por el momento, agregó la delegada de la SRA, hay 13 acuerdos de reubicación y cinco de regularización; de estos últimos, tres están en la zona núcleo de Montes Azules y dos en la de amortiguamiento. La SRA reconoce que hay 22 acciones agrarias anteriores a 1972, entre las que están: El Jardín, Villa Las Rosas, Nuevo Tumbalá, Nuevo México, Veinte de Noviembre, Ocotal y Guadalupe Tepeyac. "En estos tres años de trabajo se ha sostenido una estrecha relación de trabajo con las autoridades ambientales y nosotros (SRA), no hemos detectado nuevos asentamientos, aunque sí sabemos que las 20 familias que habían salido de Nuevo San Isidro -de las 37 que conformaron ese asentamiento- regresaron nuevamente".

Durante el último lustro las autoridades ambientales han presionado para que salgan las 989 familias que ocupan tres mil 914 hectáreas en la reserva de la biosfera, sin embargo las organizaciones indígenas y organismos no gubernamentales de derechos humanos han exigido a las autoridades federales que dialoguen con los indígenas. Pero, las autoridades ambientales han argumentado que el proceso de deterioro y degradación del macizo más conservado de esa selva húmeda tropical, que alberga 20 por ciento de la diversidad biológica del país, avanza aceleradamente. "La viabilidad de Montes Azules se pierde poco a poco".

Al reiniciarse el proceso de diálogo, las autoridades ambientales han reconocido que la riqueza natural de esa reserva es de los indígenas pero también "de todos los mexicanos y por eso la obligación y responsabilidad del gobierno federal de conservar y preservar esa zona, pero los recursos son limitados y las necesidades son enormes".

En el último año de gobierno de Ernesto Zedillo, siete grupos integrados por 241 familias -Nueva Argentina, Taniperla segunda ampliación, Sol Paraíso, Nuevo Villaflores, Doctor Manuel Velasco Suárez, Ojo de Agua el Progreso y Santa Cruz- firmaron un acuerdo de reubicación en mil 100 hectáreas; en total 80 familias de Nueva Argentina, Sol Paraíso y Santa Cruz fueron las primeras reubicadas. El gobierno se comprometió a darles tierra, pie de casa, agua potable, electrificación, caminos y apoyo para el desarrollo de proyectos productivos; sin embargo, los abandonó: el pie de casa estuvo constituido por una enorme lona colectiva y la delimitación con cal de los terrenos para cada familia; la gente regresó a la selva lacandona.

Durante este gobierno se desalojaron a los ocupantes de Nuevo San Isidro y se aseguró que se les darían tierras y opciones para su desarrollo; a pesar de esto, las familias pasaron varios meses refugiadas en un centro deportivo de Ocosingo hasta su retorno a la selva. Los asentamientos de Montes Azules siguen dentro de la agenda agraria y ambiental y el titular de la SRA confía en que para junio habrá avances sustanciales.