Llama el diputado Alonso Raya a terminar con los sistemas de retiro especiales

La pensión de cuatro ex presidentes equivale al pago de 41 mil jubilados

Fustigan a los trabajadores del IMSS, pero no se cuestionan estos privilegios, dice

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Las pensiones de los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid y Luis Echeverría representan una erogación de 832 millones de pesos al año, monto equivalente a las pensiones de 41 mil 200 trabajadores del Seguro Social o las de 13 mil 600 del ISSSTE, revela un informe del diputado perredista Miguel Alonso Raya, presidente de la Comisión de Seguridad Social.

Señala que es preciso terminar con el sistema de pensiones de privilegio, ya que mientras se fustiga a los miles de trabajadores del IMSS por defender este derecho no se cuestionan los ingresos que obtienen por este concepto los antiguos altos funcionarios, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ex presidentes y los ex directivos de la banca de desarrollo.

Expone que el erario destina una partida anual millonaria para pagar esas pensiones, se otorgan vehículos, se contrata personal para esos servicios y otros apoyos. En cambio, el promedio de lo que cobran los pensionados del IMSS es de 20 mil 97 pesos al año, es decir, mil 600 o mil 700 pesos al mes.

Los jubilados del ISSSTE perciben en promedio 61 mil 700 pesos al año, equivalentes a 5 mil 100 pesos mensuales. Sin embargo, 40 ex ministros de la Suprema Corte de Justicia, gozan de una pensión anual de 133 millones de pesos que incluye sueldo base, compensación garantizada, prestaciones, estímulos, más sueldos de choferes y ayudantes.

Incluso una comisión especial de la Cámara de Diputados en la LVII Legislatura encontró que las jubilaciones otorgadas a funcionarios de Nacional Financiera no se sujetan a lo previsto por la normatividad, sino a decisiones discrecionales de los órganos de dirección, indica el informe.

En contraparte, actualmente carece de seguridad social 43.2 por ciento de la población total del país, es decir, 45.1 millones de personas. Incluso 10.9 millones de asalariados no cuentan con este servicio, ya que se les niega, según señala el documento del diputado perredista.

Demuestra que lo grave es que sólo 18 por ciento de la población mayor de 65 años tiene acceso a una pensión del IMSS o del ISSSTE.

Propone que ante esta inequidad y sistema de privilegios se hace preciso revisar los regímenes especiales, particularmente las condiciones bajo las cuales se otorgan las pensiones de altos funcionarios y de la banca de desarrollo para fincar responsabilidades. Añade, en este sentido, que se deben revisar los esquemas de jubilación derivados de los contratos colectivos de trabajo, pero bajo el sistema de "todos ponen" es decir, que las reformas no recaigan sólo en los trabajadores sino también en el IMSS y el gobierno; además de que se finquen responsabilidades por el manejo de los fondos.

Plantea también que se debe revisar la reforma del IMSS de 1995 y que se identifiquen los cambios que es necesario realizar, se integren los regímenes de pensiones de los servidores públicos bajo un solo esquema, se avance hacia la pensión universal para dar cobertura a la población actualmente excluida y se fortalezca el marco institucional y normativo de la seguridad social.

Consideró indigno que cuatro ex mandatarios tengan una pensión equivalente a la que reciben más de 41 mil 200 trabajadores del IMSS y que se vea como normal este tipo de privilegios, sobre todo porque se ha hecho un manejo totalmente discrecional del mismo y sin embargo, no se ha hablado para nada de revisarlo ni de tocar otros sectores, cuestionándose únicamente el del IMSS.

También señaló que ante la problemática que enfrentan estos sistemas, una alternativa a la reforma planteada por la Secretaría de Hacienda es integrar los diversos esquemas de pensiones en uno sólo de carácter nacional; regular los compromisos y formas de participación de los gobiernos federales, estatales y municipales; mantener como pilar básico un esquema de beneficio definido en el que se adicionen los esquemas individuales de carácter obligatorio en función del salario y con aportaciones voluntarias, y diseñar un régimen de inversión mediante una caja nacional de pensiones de carácter público, especializada en la inversión y manejo de estos recursos.

Frente a las condiciones que viven más de 50 por ciento de las personas de la tercera edad, el legislador Alonso Raya indica que es preciso reconocer a la pensión universal como uno de los instrumentos más eficaces de política pública para el combate a la pobreza, y fijando mecanismos claros para el otorgamiento y seguimiento de los beneficiarios de estas pensiones, para evitar clientelismos y efectos políticos.