León Bendesky

Atasco

Del estado de derecho se habla mucho en un entorno de fuertes disputas políticas en el país. El derecho es una creación social que se aplica para normar diversos aspectos de la vida privada y colectiva. Hacer las leyes y aplicarlas es una parte del problema; otra tiene que ver con la aceptación de quienes están sometidos a ellas; en conjunto esto es una muestra de cierto acuerdo entre los miembros de una sociedad. Las leyes se aplican conforme al régimen político que las sustenta y en México intentamos que esto corresponda al marco de un Estado democrático al que aún le falta mucho para adquirir ese carácter.

Sostener que en México prevalece el estado de derecho aparece como un exceso para la mayor parte de la gente. La noción parece aplicarse desde el gobierno a la persecución de ciertos delitos, pero no necesariamente de todos. La realidad de un ejercicio pleno del derecho se ve refutada de modo casi permanente, lo que de manera inevitable resta credibilidad al sistema legal y favorece las acciones para dar la vuelta a las leyes.

Aquí las leyes amparan intereses muy definidos, caso sobresaliente es el de los asuntos financieros relacionados con el mecanismo de rescate bancario instaurado en 1995, o con los impuestos por la venta de los bancos a empresas extranjeras, o bien, el reciente fallo en favor del ex banquero Cabal Peniche a quien el gobierno habrá de devolver centenas de millones de pesos luego de haberlo acusado de fraude y repatriarlo de Australia. La lista es extensa.

Pero el ámbito de la ley está debilitado no sólo en los grandes asuntos que involucran relaciones abiertas de poder, sino incluso en los aspectos más básicos de la convivencia. Cualquiera que viva en la ciudad de México, por ejemplo, podrá percatarse del prácticamente total relajamiento para cumplir las reglas de tránsito: los conductores no respetan las luces de los semáforos, las indicaciones del flujo de los vehículos, los lugares donde no se permite estacionarse, y ya no se diga los espacios para el paso de los peatones. Es factible imaginar que pronto aquellos que cumplan con dichas reglas serán objeto de escarnio de los otros manejadores y hasta de la policía.

La convivencia apunta hacia un mundo al revés. Pero el estado de derecho es todo el conjunto de las maneras de convivir, y se construye de arriba hacia abajo y viceversa. A falta de ello crece la inseguridad en todos los planos, el de la supervivencia física y el del bienestar individual y colectivo. Además de incertidumbre se propaga la incredulidad, y ello es una forma adicional de debilidad del Estado.

El escándalo político no debería interferir con la estricta aplicación de la ley, sea quien fuere responsable de infringirla, ya que ello sólo resta más valor al estado de derecho y a expensas de todos. Pero eso es lo que ha ocurrido en torno a la disputa del gobierno federal con el del Distrito Federal. Desde los fraudes en una delegación política, los viajes y juegos del ex secretario de Finanzas Ponce en Las Vegas y los pagos a funcionarios perredistas, en todos los cuales está involucrado Carlos Ahumada, hasta el asunto de la expropiación de un predio en la zona de Santa Fe. Este caso se ha ido complicando más allá del ámbito interno para afectar las relaciones con Cuba.

Y ante todo esto los políticos no quieren politizar lo que está ocurriendo. Hasta el responsable de Gobernación pide evitarlo, pero su trabajo es hacer política, nada menos. Pero cuando la hace, las cosas no le cuajan, pues no se aplica el mismo rasero a la acción de la ley. Todo se hace confuso cuando no se concilian las posiciones desde el propio gobierno. No se sabe si Creel nos ha quedado grande o él le quedó chico al país. En todo caso es demasiado cuando dice que ante las acciones de dos funcionarios cubanos, consideradas inaceptables, su expulsión correspondía a un acto de protección del suelo patrio. Es mucho patriotismo cuando para todos es cada vez más evidente lo que se está haciendo hoy en nombre del derecho en México.

Hay una cuestión relevante en la que quienes hacen política tendrían que fijar la atención, así como los que administran los asuntos públicos y quienes aspiramos a vivir en una sociedad mejor y tener una economía capaz de generar riqueza y bienestar general. Esa se refiere a que nada relevante para el verdadero interés nacional está pasando por los circuitos del Estado, y cuando intenta pasar se atasca en una maraña de indefiniciones, dobles estándares, incapacidad e ineficacias para conducir este país. Lo más probable es que sumemos tres años más a la tendencia de estancamiento, falta de incentivos, deterioro de la productividad, concentración de la riqueza y falta de oportunidades que vivimos ya por dos décadas.