Alfonzo León es señalado como expulsor de comunidades en Montes Azules

Acusan a ex delegado de la Profepa en Chiapas de proteger a talamontes

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 26 de mayo. Los desfiguros de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) en Montes Azules flaco favor le hacen a la causa conservacionista que, desde el foxismo y con el apoyo de ciertas ONG a modo y agencias internacionales, como Conservación Internacional y Oxfam, presiona para el desalojo de las comunidades asentadas en esa región de la selva Lacandona, que según el discurso conservacionista resulta ser nada menos que ''patrimonio de la humanidad''.

Pero como canta Eliades Ochoa, ''qué humanidad, qué humanidad''. Hernán Alfonzo León, hasta hace poco delegado de Profepa en Chiapas y uno de los más aguerridos ''expulsores'' del conservacionismo oficial, acaba de ser acusado por la Cámara Nacional de la Industria Forestal (CNIF) de participar en el tráfico ilegal de madera y de proteger a los taladores clandestinos, pues ''los ponía al tanto'' cada vez que se anunciaba un operativo de las autoridades.

En tanto, los enviados de la Profepa a la región de Montes Azules se han dedicado a presionar y amenazar con el desalojo a los pobladores de Nuevo San Isidro y otros poblados, divulgando como ''la ley'' un punto de acuerdo que no es ley, sino una propuesta del eufemísticamente llamado Partido Verde Ecologista de México publicada por la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión el 14 de abril pasado, la cual propone el desalojo de los ''asentamientos irregulares'' y la eventual expulsión de extranjeros que acompañen a los indígenas en Montes Azules.

Es sólo un punto de acuerdo que turnaron a las comisiones de la Cámara de Diputados la diputada verde Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (presidenta de la comisión de medio ambiente y recursos naturales del Congreso de la Unión) y Manuel Velasco Coello (diputado por Chiapas del mismo partido, y de hecho el Niño verde local), basándose expresamente en los reportajes de Televisión Azteca sobre Montes Azules que salieron al aire en esos días.

No obstante, los agentes de Profepa lo reparten en fotocopias en las poblaciones vecinas del río Lacanjá en el sur de Montes Azules y les dicen que eso dice el gobierno.

Por su parte, el procurador federal de Protección al Ambiente, José Luis Luege Tamargo, afirmó en el noticiero matutino de Televisión Azteca (30 de abril) que los extranjeros gustan de venir a hacer ''turismo político guerrillero, violando gravemente la ley e incitando a los nativos de la zona a cometer faltas y levantarse en armas contra el gobierno''.

Como parte de la misma campaña de la procuraduría que encabeza el panista Luege, el pasquín repartido por la Profepa a los indígenas de Montes Azules (a través de sus empleados Marcelino Sánchez Sánchez, Antonio Ruiz Hernández y Antonio Sandoval) reproduce el siguiente punto de acuerdo (que no es ley, pero podría muy bien estarse discutiendo en el Congreso de la Unión):

''Primero, para exhortar a la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Profepa, a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de desalojar los asentamientos irregulares situados en la reserva de la biosfera de Montes Azules, Chiapas. Segundo, para exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria a agilizar los trámites necesarios para la reubicación y asignación de tierras a los chiapanecos desalojados de Montes Azules. Tercero, para exhortar a la Secretaría de Gobernación a verificar la legal estancia y el comportamiento adecuado de los extranjeros presentes en la selva Lacandona y, en su caso, realizar las acciones legales correspondientes para mantener el Estado de derecho en la zona''.

Si bien ya fue destituido y lo investiga la contraloría interna de la propia Profepa, el ex delegado en Chiapas Hernán Alfonzo León no sólo aprovechaba las denuncias para alertar a ciertos taladores, sino que además hacía negocio con la defensa legal de éstos. El delegado estatal de la CNIF, Carlos Peña Caballero, dijo ayer al diario tuxtleco Expreso: ''A este señor le dábamos quejas, pero tal parece que le engordábamos la cartera. Cada queja que poníamos era para ponerlos al tanto (a los talamontes)''.

Peña Caballero, representante de los empresarios madereros, agregó que el delegado Alfonzo León, y el responsable jurídico de Profepa, Moisés Franco, ''defendían los casos denunciados por la misma dependencia federal, a través de un despacho ubicado en la calle Segunda Oriente, entre Segunda y Tercera Sur de Tuxtla Gutiérrez. Al revés de acusarlos, él mismo atenuaba las multas y los mandaba a que los defendieran en su despacho''.

Vinculado a los poderosos traficantes madereros de Villaflores, Alfonzo podría ser el primer bumerán del conservacionismo gubernamental, que en su beligerancia contra las comunidades indígenas de Montes Azules no logra ocultar su prisa por ''cumplirles'' a los inversionistas internacionales turísticos, bioprospeccionistas y buscadores de recursos naturales. Diversos organismos civiles han denunciado reiteradamente los intereses particulares que se enmascaran de ''buenas intenciones'', para escudarse en leyes existentes o inexistentes mientras propugnan por el desalojo de los criminalizados indígenas que viven en Montes Azules.