Sergio Zermeño

Dos veredas, tres topógrafos, un juececillo

Hace dos años tres magistrados federales fueron a medir si dos veredas de 50 centímetros de ancho permitían el acceso al predio El Encino. Uno decidió que sí, los otros dos que no. Todo el litigio en torno a este predio habrá de seguir su marcha, pero esta votación permitió que un juez de distrito solicitara el desafuero del jefe de Gobierno de esta ciudad de 10 millones de habitantes, constitucionalmente electo.

Aunque las autoridades locales habían suspendido las obras que darían acceso, entre otras cosas, a un hospital, no dejaron suficientemente anchos los caminos al predio mientras terminaba el litigio. En resumen: tres tipos en un predio votan dos a uno; con base en eso un juez determinó desacato, un subprocurador argumentó no tener otro camino legal que destituir al gobernador y para ello solicitó su desafuero. Como si no hubiera suficientes delitos que perseguir en este país, nuestro aparato de justicia se dedica a inventar nuevos delitos y a perseguirlos, éstos sí, con férrea determinación.

Qué podrían importar las babosadas de un juez y de un subprocurador, y la forma en que escupen sobre su dignidad profesional, de no ser porque están poniendo en peligro, de la manera más irresponsable y estúpida, la paz pública y la cohesión de los mexicanos. El subprocurador Vega Memije, que a la voz del rayo ordenó el desafuero, agregaba en las horas siguientes, como en la trama de El fugitivo, que esto "no tiene retorno", que si el Congreso de la Unión no desaforara a López Obrador, el Ministerio Público esperará a que concluyan sus funciones y lo consignará... "pero en este caso", agregó Vega Memije, "sólo se manejan aspectos jurídicos, no se manejó ni un aspecto político".

Como de costumbre, resulta casi imposible demostrar, en ciertos casos como el que nos ocupa, que la "pureza" jurídica está prohijada en el cochinero y en el cinismo, pero la masa de la opinión pública se ha reservado su punto de vista y lo ha hecho sentir: 70 por ciento de los habitantes del Distrito Federal y 65 por ciento de los de todo el país consideraron, según una encuesta aplicada por el periódico Reforma el 19 de mayo, que se trataba de una "maniobra política"; sólo uno de cada cinco entrevistados consideró que constituía una "acción apegada a la ley" (cuánto contrasta lo anterior con el autoelogioso desplegado del Poder Judicial). A estos datos hay que agregar otros para medir las dimensiones de la torpe conducción política a la que estamos siendo sometidos los mexicanos: según una encuesta nacional, aplicada por Víctor Manuel Durand, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en 1993 y repetida en 2000, a la pregunta "en quién confía totalmente", las opiniones favorables cayeron de 31 por ciento a 8 por ciento en el caso del gobierno; de 15 por ciento a 3 por ciento en el caso de los diputados; de 16 por ciento a 2 por ciento en el caso de la justicia y los jueces; sólo la familia presentó un índice de confianza sostenido. En otra encuesta, aplicada entre el año 2000 y 2002, la opinión favorable en torno al Congreso cayó en 32 por ciento y con respecto al Instituto Federal Electoral perdió 27 puntos porcentuales.

Es obvio que toda la verborrea jurídica y la politiquería lo único que están logrando es la erosión, aún más acelerada, de las instituciones y de la confianza ciudadana, y es obvio también que lo que ha sucedido en los últimos tres meses en nuestro país, coronado por esta faramalla de desafuero de López Obrador, ha empujado estas tendencias al extremo. No quiere decir que todos los mexicanos se pondrán del lado de la víctima en que se ha convertido a López Obrador; quiere decir algo mucho más grave: que la opinión pública se está dividiendo en el hemisferio de los "a favor" y el hemisferio de los "en contra", con las indeseables correlaciones de clase que siempre se asocian a estos procesos, como en Venezuela hoy o en Chile en 1973.

Pero algo aún más grave está apareciendo en medio de esta devaluación de las instituciones y de la confianza: se está abriendo paso la justicia por propia mano, una pesadilla que por lo pronto aparece como jaramillismo. De jueces irresponsables y de políticos venales está empedrado el camino de la violencia.

Como ha reconocido el propio subprocurador Vega Memije, el presidente Fox supo del proceso que llevaba hacia el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal y lo ha dejado correr escudado en la pureza jurídica. Hay mucho deshonor en todo esto: lacayos mandados al alba para eliminar "a la mala" (Castañeda), antes del duelo, al adversario de más talla que su dama Sahagún tendría al frente.