Adolfo Sánchez Rebolledo

Violencia en Morelos

Puntual, la violencia asoma en la escena morelense. Es una violencia difusa, sin nombre. Se acomoda bajo la máscara de unas siglas ad hoc a fin de parecer verosímil, pero nadie sabe quiénes son esos jaramillistas hechos a la medida de la crisis en el estado de Morelos.

Ciertamente, los principales actores políticos -locales y nacionales-, incluyendo a los genuinos seguidores de Rubén Jaramillo, condenaron de inmediato los bombazos, pero persiste una nebulosa de sospechas y acusaciones cruzadas, un léxico extraído de los no tan lejanos años de la guerra sucia. Pero las preguntas subsisten: Ƒa quién sirven las explosiones? ƑQuién está detrás? Que no se conozca a los autores no quiere decir que no existan como grupo organizado; Ƒquién lo hizo? ƑEs una provocación montada desde algún lugar del aparato estatal o una acción terrorista ejecutada por un grupo armado sin antecedentes registrados, constituido para "capitalizar" el clima de ingobernabilidad imperante en Morelos? El mensaje abandonado en el lugar de los hechos por el comando armado indica que sus autores escogieron con cuidado la ocasión, el momento.

Si querían crear confusión y temor, distraer a la sociedad de otros graves problemas, los autores de los bombazos lograron desdibujar de la atención pública el juicio político en manos del Congreso y, por una vez, el gobernador se pudo presentar ante la opinión pública como víctima de la irracionalidad y no como su más activo promotor. Sin embargo, como recordó el perredista Guillermo López Ruvalcaba, "podrían ser parte de una cortina de humo" para desviar la atención de la crisis política en el estado (La Jornada, 25/5/04).

Aunque el gobernador deseaba hacer realidad su profecía sobre los "campos de guerrilleros" que amenazaban la estabilidad estatal y convertir el problema en cuestión de interés nacional, el horno federal tampoco está para bollos y el presidente Vicente Fox es el menos interesado en acreditar, vísperas de la cumbre de Guadalajara, la existencia de un grupo terrorista, de modo que dando la espalda al panista Estrada Cajigal declara que se trata de un "hecho aislado", es decir, local, con lo cual el gobernador se tambalea un poco más. Las autoridades titubean, no saben si minimizar los hechos o agigantarlos, pero ayudan a la desinformación con ineptas declaraciones, sin asumir la gravedad del asunto, sea cual sea la hipótesis que al final se confirme. Por ejemplo, el lunes, el secretario de Seguridad Pública estatal, Sebastián Isunza, sostuvo, en plena operación para desinflar el globo que ellos comenzaron a elevar, que los estallidos ocurridos la madrugada del domingo fueron "actos vandálicos y no de terrorismo"

La debilidad del gobierno estatal, acosado por el narcotráfico y la corrupción, no tiene remedio. Si quería ganar tiempo mediante una operación diversionista, lo cierto es que sólo ha conseguido cavar más profundo su propia fosa. El dirigente priísta en el Congreso de Morelos puso el dedo en la llaga al decir, según relata La Jornada Morelos, que la crisis política y de gobierno "se está agravando y convirtiendo en una crisis de seguridad, que genera zozobra y desconcierto en la ciudadanía". Y no está lejos de la verdad.

El gobierno federal y las autoridades del estado están obligados a explicarnos exactamente qué hay detrás de estos actos violentos. A nadie conviene minimizar los hechos y menos ocultar información al público. México no puede darse el lujo de meter el polvo bajo la alfombra, sobre todo cuando se trata de situaciones creadas, justamente, para impedir que los gravísimos problemas nacionales encuentren canales de solución pacíficos y legales. Los órganos de seguridad, tan activos en otros planos, deberían estar en condiciones de presentar pronto un informe completo sobre lo ocurrido. Ojalá y al final no vayan a presentarnos como culpables las cabezas de unos pobres cueteros de los que por oficio pican piedra e Jiutepec. Minimizar la violencia y sus consecuencias es una apuesta que está perdida de antemano.