Se basan en la investigación de la Auditoría Superior sobre violaciones constitucionales

Legisladores buscan inhabilitar a directores de la CFE y CRE

La Comisión Reguladora no vigiló adecuadamente el cumplimiento de los permisos otorgados

''Hay muchos funcionarios implicados en actos de corrupción'', afirma Manuel Bartlett

ROBERTO GARDUÑO

Al descubrirse la inconstitucionalidad de los permisos de generación eléctrica, diputados y senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron el comienzo de un proceso de inhabilitación del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, y del titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Dionisio Pérez Jácome. La decisión de los legisladores se deriva de una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancia que documentó ''la venta de energía del permisionario'' a particulares, lo cual significa una abierta violación al artículo 27 de la Constitución.

En el análisis del informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2002, elaborado por la Comisión de Vigilancia y la Unidad y Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, se determina que: ''La ASF concluyó que la entidad fiscalizada no se ajustó a los términos establecidos en los títulos de permiso, pues hay evidencia de venta de energía eléctrica del permisionario a sus socios (los permisos no están fundados ni motivados), en contra el espíritu del artículo 27 constitucional, y de desacato a lo establecido en la legislación en materia de energía eléctrica por parte de la CRE y los permisionarios. Afirma que la CRE no ha vigilado ni supervisado adecuadamente el cumplimiento, por parte de los permisionarios, de las obligaciones establecidas en los títulos de permiso, en infracción a la Constitución Política, a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y de su reglamento''.

La denuncia de la ASF caló hondo en la CRE, la cual desconoció la autoridad de la auditoría -máximo órgano fiscalizador en el país- y hasta rechazó ''de manera categórica y terminante la validez, contenido y alcance de todas y cada una de las observaciones realizadas por la ASF, así como cualquier acto o resolución que pudiera dictar la ASF''.

Los señalamientos contra la CRE y, en consecuencia, contra la CFE, recibieron el respaldo del senador priísta Manuel Bartlett, quien consideró completo el análisis y manifestó que ''hay que esperar que ambas comisiones cumplan con las recomendaciones que se les hacen: revisar todos los permisos, y luego fincar responsabilidades porque hay muchos funcionarios implicados en actos de corrupción''.

Todos los permisos son nulos

-¿Hasta dónde puede alcanzar la revisión de los contratos y el castigo a los funcionarios?

-Lo que señala la auditoría es que todos los permisos que la CFE ha dado son nulos y eso no se puede revalidar porque son nulos; han actuado con brutal irresponsabilidad en su desesperación por privatizar contra la Constitución y las leyes. La estrategia de privatización comenzó con Carlos Salinas de Gortari, que impuso una reforma a la ley de energía eléctrica, lo hizo Zedillo y lo hizo Vicente Fox, con la misma convicción antinacional. Este gobierno no respeta la ley.

-¿Los altos funcionarios son susceptibles de castigo?

-No hay vuelta atrás y se puede llegar a la inhabilitación del director general de la CFE y del director de la Comisión Reguladora de Energía si insisten en mantenerse en la ilegalidad. Están destruyendo a la CFE. El argumento principal de Fox es que no hay dinero, y por lo tanto no puede crecer la CFE. Eso es falso, la comisión tiene recursos para invertir, y por lo tanto es necesario hacer una auditoría profunda. La ASF denuncia que están privatizando a la CFE y los intereses del país. Lo que concluya la ASF después de 45 días va a pasar a tribunales.

También el presidente de la Comisión de Vigilancia, Salvador Sánchez Vázquez, advirtió que el trabajo de fiscalización será a fondo, porque ''hemos puesto especial atención en el tema de la obra pública, tanto en el cumplimiento de la normatividad ante la discrecionalidad, el efecto económico y vigilar que las responsabilidades se finquen en cada uno de los casos que proceda''.

El diputado del PRD, Francisco Carrillo Soberón, se refirió al caso de los contratos de servicios múltiples, porque ''Pemex padece un déficit de productividad de 20 a 25 por ciento en relación con las empresas privadas, carece de capacidad operativa y financiera, y nos estamos arriesgando a que las empresas contratadas no estén utilizando las prácticas más adecuadas en la explotación de nuestros yacimientos, cuando se nos ha comentado que las prácticas de explotación que utilizan Repsol y otras firmas están arriesgando el rendimiento de los yacimientos y propician que apenas logren 15 por ciento de recuperación. Esto es un deterioro grave a la riqueza nacional''.

Confrontación de poderes

En relación con los resultados de la ASF, el legislador perredista César Chávez prevé una nueva andanada de la Presidencia de la República contra los diputados. ''La denuncia de la auditoría tiene que ver con la soberanía del país; la CFE es estratégica para el desarrollo nacional, y veo que va a ser inminente una confrontación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en relación con las diferencias que tenemos por la política que se sigue en la CFE y que nos van a llevar a la no solventación. Propongo la comparecencia del director general de la CFE lo antes posible, para buscar un entendimiento y que en un plazo de 45 días se dé una solventación de las observaciones. Ya veo venir del Ejecutivo la controversia constitucional contra la Cámara de Diputados. Debemos prevenir la precipitación para evitar repetir el caso de las observaciones que la cámara hizo al tema del Fobaproa, y que nos trajo como consecuencia dos controversias constitucionales''