México D.F. Jueves 27 de mayo de 2004
2003, "mal año" para España en
materia de respeto a los derechos humanos, dice
Doble lenguaje de EU y GB en la guerra contra
el terrorismo: AI
Hambre y pobreza, verdadera amenaza para la seguridad
mundial, sostiene en su informe
AFP, DPA Y REUTERS
Londres, 26 de mayo. Amnistía Internacional
(AI) acusó a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña
de haber "sacrificado los derechos humanos" y utilizar un "doble lenguaje"
en su guerra contra Irak y la lucha contra el terrorismo, en su informe
2003 publicado en Londres, que examina la situación de las garantías
individuales en 157 países durante el año pasado.
AI,
que tiene su sede en Londres, insistió en los abusos perpetrados
en "nombre de la libertad y de la guerra contra el terrorismo" proclamada
por Washington.
La guerra unilateral declarada para expulsar del poder
a Saddam Hussein tuvo además el efecto de "casi paralizar" a la
Organización de Naciones Unidas, sostuvo AI al preguntarse incluso
si los acontecimientos de 2003 no fueron "un golpe fatal para las esperanzas
de lograr mayor justicia en el planeta".
En el prólogo del informe, la secretaria general
de AI, Irene Khan, afirmó que "no puede haber seguridad duradera
sin respeto a los derechos humanos", y aseguró que bajo "esta óptica
las intenciones de seguridad mundiales del gobierno de Estados Unidos aparecen
desprovistas de principios o perspectivas".
Khan dijo que "no es sacrificando los derechos humanos
en nombre de la seguridad interior... cerrando los ojos a atentados (contra
los derechos fundamentales) cometidos en el extranjero y recurriendo sin
restricción a los ataques militares preventivos, como un gobierno
puede esperar reforzar la seguridad o defender la libertad".
Agregó que el hecho de llevar a cabo una campaña
contra el terrorismo y en favor de los derechos humanos, al tiempo que
éstos son pisoteados, es una muestra de "doble lenguaje".
El informe recordó la carta abierta enviada por
Khan al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el 7 de mayo, en
la que afirmó que los abusos cometidos por militares en la prisión
de Abu Ghraib en Bagdad son crímenes de guerra, e instó a
la administración estadunidense a hacer una profunda investigación.
Preocupa Guantánamo
AI subrayó que la base naval estadunidense de Guantánamo,
en Cuba, fue un tema de preocupación en 2003, pues más de
sus 600 prisioneros seguían en régimen de detención
ilimitada fuera de la acción de los tribunales de Estados Unidos,
"en un vacío jurídico sin precedente".
Washington rechazó los señalamientos de
AI y afirmó ser un líder en la defensa de los derechos humanos.
El vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan, aseguró que la guerra
antiterrorista ha conseguido la liberación de 50 millones de personas
en Irak y Afganistán, mientras el Pentágono dijo que sus
abogados determinaron que ciertas personas pueden quedar exentas en Irak
de las protecciones de la Convención de Ginebra sobre prisioneros
de guerra, lo que deja la puerta abierta a negarle los derechos a combatientes
extranjeros en el país ocupado.
AI denunció a Gran Bretaña por detener sin
acusación formal a 14 extranjeros sospechosos de terrorismo, y le
reprochó la ley de 2001, que permite el arresto ilimitado sin acusación
ni juicio de extranjeros. Todo esto bajo el pretexto de la lucha antiterrorista.
También condenó la acción de los
grupos terroristas que, dijo, están "dispuestos a todo" para lograr
sus fines, pero de la misma manera a los gobiernos que los combaten, que
son responsables de lo abusos vinculados a la lucha antiterrorista.
Esos grupos han cometido incluso crímenes contra
la humanidad y crímenes de guerra, y deben ser llevadas ante la
justicia pero conforme a las normas del derecho internacional, señaló
AI.
Advirtió que el hambre y la pobreza en el mundo
representan una grave y verdadera amenaza para al seguridad mundial.
En Asia fueron ejecutadas más personas en 2003
que en el resto del mundo, principalmente en China, Pakistán, Vietnam
y Singapur.
Indicó que en Chechenia las fuerzas de seguridad
rusas seguían gozando en 2003 de impunidad casi total con respecto
a las graves violaciones de derechos humanos.
Tanto Israel como la Autoridad Nacional Palestina fueron
criticadas por atentar contra los derechos humanos.
En aumento, las denuncias de tortura; acusa nuevas
amenazas y clima de tensión en Euskadi
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid, 26 de mayo. "En España disminuyeron
las garantías contra la tortura durante 2003", sostuvo hoy aquí
el director de la sección española de Amnistía Internacional
(AI), Esteban Beltrán, durante la presentación del informe
anual de la organización, en el cual aseveró que el pasado
fue "un mal año" en materia de respeto a los derechos humanos en
este país.
AI mantiene sus ya históricas preocupaciones con
relación al Estado español: el aumento de las denuncias por
torturas, en particular el incremento de los días de incomunicación
-de 5 a 13- autorizados en el anterior gobierno del derechista José
María Aznar; los atentados de carácter terrorista, ya sea
del grupo armado vasco ETA o de organizaciones fundamentalistas de origen
árabe; la vulnerabilidad del colectivo migrante ante sistemáticas
violaciones de derechos humanos y malos tratos; y el olvido del Estado
hacia las víctimas todavía sin resarcir de la dictadura de
Francisco Franco (1939-1975).
En cuanto a las denuncias por torturas, AI reseñó
que "varias personas detenidas en régimen de incomunicación,
en su mayoría presuntos miembros de ETA, denunciaron haber sido
torturadas o maltratadas por agentes de la policía o de la Guardia
Civil", entre ellos 15 independentistas catalanes y los directivos y periodistas
del diario vasco Egunkaria.
AI también hizo referencia a la "crisis constitucional"
que vivió Euskadi en 2003, derivada de varios factores: el asesinato
por parte de ETA del socialista Joseba Pagazaurtundua y los intentos de
esta organización armada de "sofocar la libertad de expresión
organizando atentados con bombas y armas de fuego y campañas de
intimidación, entre cuyas víctimas hubo también civiles".
AI añadió otros elementos al clima de crispación
político en la región, entre ellos "una serie de incidentes,
relacionados sobre todo con el País Vasco, plantearon nuevas amenazas
para la libertad de expresión y reunión", o las tensiones
constantes que rodearon las elecciones municipales de febrero de 2003 que
se debieron parcialmente a la anulación por parte del gobierno y
del fiscal de 249 listas de candidatos, con el argumento que incluían
nombres de personas vinculadas a ETA y a la coalición nacionalista
vasca Batasuna, que fue oficialmente proscrita en marzo pasado por su presuntos
vínculos con ETA.
El informe anual también denunció el persistente
trato racista y xenófobo que sufren a diario los migrantes indocumentados,
sobre todo en las comisarías y centros de retención, incluidos
menores de edad que han sufrido tratos vejatorios y contrarios a las convenciones
internacionales en derechos de los infantes.
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