México D.F. Jueves 27 de mayo de 2004
Pensionados y jubilados, olvidados y perdedores
en planes del presidente ruso
Abatir la pobreza, en el compendio de buenas intenciones
de Vladimir Putin
JUAN PABLO DUCH CORRESPONSAL
Moscu, 26 de mayo. Abatir la pobreza ocupó
un lugar destacado en el compendio de buenas intenciones -también
duplicar el producto interno bruto (PIB) hacia 2010, modernizar el ejército,
consolidar la democracia y fortalecer las posiciones de Rusia en el ámbito
internacional-, que el presidente Vladimir Putin presentó este miércoles
en su mensaje anual ante el Parlamento.
Obsesionado
con la idea de duplicar el PIB cuatro años antes del prometido lapso
de una década, meta que podría ser usada como pretexto para
propiciar un tercer periodo al frente del Kremlin, Putin hace creer que
el previsible crecimiento económico en Rusia, que seguirá
sustentándose en los precios internacionales del petróleo,
podrá sacar de la miseria a poco más de 30 millones de rusos,
cifra reconocida de personas con ingresos por debajo del umbral oficial
de indigencia.
Al mismo tiempo, el PIB crece en la me-dida en que se
desarrollan sectores prioritarios de la economía rusa como el energético,
mientras la mayoría de los pobres en edad de trabajar son resultado
de la ruina de las ra-mas de la industria en que estaban ocupados.
Se podrá duplicar el PIB, y hasta seguir incrementando
el número de multimillonarios -junto con el hombre más rico
del país que ejemplarmente se tiene en la cárcel, otros 35
rusos poseen ya fortunas superiores a los mil millones de dólares-,
pero todo apunta a que, sin generar empleo y una me-jor distribución
del ingreso, serán cada vez más anchas las brechas de desigualdad.
La promesa de Putin de reducir la miseria, sin embargo,
no se corresponde con el paquete de leyes preparado por el Kremlin para
replantear la política social y cuyo objetivo encubierto parece
ser, igual que en México, ahorrar a costa de los más pobres.
Los artífices de la draconiana reforma, al esgrimir
que el Estado no está en condiciones de cumplir obligaciones derivadas
de la legislación en materia social, tienen la intención
de modificar 154 leyes y derogar otras 35, lo que aquí se prevé
como mero trámite en una Duma donde Putin cuenta con mayoría
calificada, ocho diputados más del mínimo necesario para
introducir cualquier en-mienda hasta en la Constitución.
Sin ningún contrapeso en el Legislativo, se pretende
acabar con el actual sistema de prestaciones y subsidios sociales -todo
lo que ahora, para los estratos más necesitados, es gratuito: las
operaciones quirúrgicas y otras formas onerosas de asistencia médica,
los medicamentos con receta, los sanatorios, el transporte público
y los trenes interurbanos, por poner sólo unos ejemplos-, los cuales
serán suprimidos del todo o sustituidos en algunos casos con compensaciones
monetarias, a todas luces insuficientes.
Así, cerca de 30 millones de jubilados, quienes
de por sí arrastran una penosa existencia, recibirán uno
de los golpes más du-ros, pues muy pocos de ellos pueden aspirar
a la compensación más generosa -equivalente a mil 300 pesos
mensuales, apenas-, reservada para los héroes de la Unión
Soviética, héroes de Rusia y homologados.
El resto, la inmensa mayoría de pensionados, tendrá
que conformarse con sumas que van de 150 a 700 pesos, dependiendo de la
categoría que asignen las autoridades.
Tampoco habrá más ayudas en especie o reducciones
de tarifas para minusválidos, fa-milias de prole numerosa, sobrevivientes
de la catástrofe nuclear de Chernobyl, heridos en combate (eufemismo
que aquí se emplea por inválidos de las guerras de Afganistán
y Chechenia), oficiales del ejército, trabajadores de regiones inhóspitas
del norte, víctimas de la represión política y un
largo etcétera de personas afectadas por la reforma. En el me-jor
de los casos, recibirán una mínima compensación en
dinero; en el peor, nada.
Antes de ser enviadas a la Duma las respectivas iniciativas
de ley, se harán ajustes esta misma semana, pero ya es claro que
el Kremlin optó por posponer al menos un año el aspecto más
controvertido de esta reforma: la supresión de 50 por ciento de
descuento en el pago de luz, agua, gas, calefacción, teléfono
y otros servicios, que beneficia a los jubilados y otras categorías
sociales.
Según el viceprimer ministro, Aleksandr Zhukov,
la reforma responde a la necesidad de hacer más equitativa la política
social. Ilustra su tesis con el ejemplo de que nueve de cada 10 jubilados
no pueden hacer uso de su derecho a recibir tratamiento en un sanatorio
del Mar Negro, pero no dice que ahora ningún pensionado podrá
hacerlo -lo hacían 3 millones al año- debido a que tendría
que desembolsar el equivalente a 500 pesos diarios, lo que cuesta cualquier
sanatorio sin pretensiones de lujo en esa zona de Rusia.
Los desequilibrios entre los medios urbano y rural son
otra de las razones oficiales para acometer la drástica reforma.
Un grupo de pensionados, en carta abierta a Putin que
circula en Moscú y lleva ya cientos de firmas de adhesión,
responde: "Usted sostiene que los jubilados que habitan en las ciudades
se aprovechan de los que viven en el campo, porque en el medio rural no
hay ni transporte, ni teléfono, ni calefacción central y,
por lo mismo, nadie se beneficia de los descuentos en las tarifas. Vergüenza
debería darle hablar de esto, pues -en lugar de tratar de que el
mayor número de personas tenga acceso a servicios elementales del
siglo XXI- cual fariseo les propone unas cuantas monedas".
En contraste, hace días el Kremlin autorizó
la compra de automóviles para cada uno de los ministros del gobierno,
así como los subjefes de la Oficina de la Presidencia, los asesores
de Putin, los viceministros y otros altos funcionarios de la elite en el
poder.
Para tal efecto se gastaron tan sólo 75 millones
de pesos -a razón de un millón 200 mil pesos por coche de
los principales agraciados y de 300 mil pesos en promedio para los demás,
que aún no ameritan vehículos blindados-, justo premio al
esfuerzo de los encargados de instrumentar las medidas para reducir la
pobreza en Rusia.
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