El Ejecutivo estatal no utilizó $37 millones de los recursos para damnificados por Isidore

Yucatán: detecta la ASF malos manejos con fondo de desastres

Contratos a empresas insolventes, entre las anomalías; ''son cosas menores'': el gobernador

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 26 de mayo. La Auditoría Superior de la Federación halló irregularidades del gobierno estatal en el manejo de unos 211 millones 364 mil pesos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y del Programa de Empleo Temporal (PET), otorgados a Yucatán en 2002 y 2003 por el azote del huracán Isidore, que se produjo en septiembre de 2002.

De tal cantidad, el Ejecutivo yucateco devolvió unos 37 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) al no aplicarlos en tiempo y forma, reveló el informe del organismo federal dado a conocer por la fracción legislativa del PRI.

Entre las anomalías encontradas destacan la asignación de contratos para la construcción de casas a empresas carentes de solvencia económica, entre éstas la del empresario William Bojórquez Zapata, hermano del director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, César Bojórquez.

Los diputados del tricolor, por conducto de su coordinador Cleominio Zoreda Novelo, pidieron que la Secretaría de la Contraloría General del estado amplíe la revisión, evalúe y, en su caso, finque responsabilidades.

Según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, las autoridades habrían adjudicado la licitación de materiales de construcción al prestador del servicio que ofertó los precios más elevados; pero además no fueron firmados, dentro de los 20 días naturales siguientes al fallo administrativo, 70 contratos por un importe valorado en 144 millones 507 mil pesos.

De igual forma, el Ejecutivo habría determinado un financiamiento por 22 millones 429 mil pesos otorgado a cuatro proveedores, mientras a un licitante de nombre Juan Roberto Manrique Vergara se le adjudicaron contratos hasta por 23 millones de pesos para la construcción de mil pies de casa, a pesar de que su capital contable era de 254 mil pesos.

Hasta el 31 de agosto de 2003, casi un año después del paso de Isidore, se programaron 40 mi 650 acciones de vivienda, equivalentes a 48.7 por ciento del total de acciones autorizadas (83 mil), pero en esa fecha únicamente se habían concretado 19 mil 790 acciones.

En los expedientes de las licitaciones públicas revisadas no se localizaron documentos legales solicitados a los participantes. Además, varios proveedores no cumplieron con los requisitos establecidos en las bases de las licitaciones, pero no fueron descalificados.

Otra de las anomalías detectadas se refiere al número de acciones contenidas en el censo de beneficiarios, que no concuerda con el de las aprobadas por la Sedeso.

De las aportaciones realizadas en especie por el gobierno de Yucatán, en el orden de los 21 millones 428 mil pesos del PET, no se presentaron evidencias de análisis y aprobación de las cuentas, pero sí se hallaron comprobantes con fechas anteriores al desastre natural y otros que no cuentan con requisitos fiscales.

Entrevistado al respecto, el gobernador Patricio Patrón Laviada minimizó el informe: ''Se señalaron algunas cosas que, para un programa de 83 mil viviendas y de mil 600 millones de pesos, son cosas menores que vamos a checar; ni siquiera hay un señalamiento en firme", destacó.

En tanto, las fracciones legislativas de PRI y PRD exigieron al gobernador aclarar la situación, a la vez que el líder de la bancada panista, Fernando Castellanos Pacheco, descalificó el reporte del organismo federal y calificó de "oportunistas" a los del PRI.