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México D.F. Jueves 27 de mayo de 2004

La paraestatal incurre en manejo inadecuado de residuos peligrosos, y otras fallas

Determina la Corte competencia de la Profepa para sancionar a Pemex

Petróleos ha impugnado 500 litigios derivados de sanciones por afectación ambiental

ANGELICA ENCISO L.

La Suprema Corte determinó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene competencia para aplicar sanciones económicas a Pemex por los daños ambientales que ocasionan sus actividades. Actualmente hay 500 litigios impugnados por la paraestatal, derivados de sanciones fijadas, debido a diversas afectaciones ambientales y otros 600 procedimientos administrativos.

Pemex inició un proceso en contra de la Profepa, al argumentar que el artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) viola principios de seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 constitucionales. El artículo impugnado establece las sanciones a que se hacen acreedores quienes violentan la legislación ambiental, las cuales se pueden traducir en multas, aseguramientos, clausuras e incluso arrestos administrativos.

Por vía de amparo directo, Pemex había obtenido en tribunales colegiados resoluciones favorables, en las que "indebidamente" se declaraba la inconstitucionalidad del artículo 171; sin embargo, la Suprema Corte declaró que sí es constitucional, explicó el subprocurador Jurídico del organismo, Jesús Becerra Pedrote.

"La corte estableció que el apartado define con el grado de certeza y concreción constitucionalmente exigible, no sólo las sanciones que la autoridad puede imponer, sino que además encauza la actuación de la autoridad mediante la fijación de elementos objetivos a los que debe atender y ajustarse, para decidir el tipo de sanción que corresponde a la infracción cometida en cada caso", agregó Becerra Pedrote.

Las multas económicas aplicables van de 20 a 50 mil días de salario mínimo -alrededor de 2 millones de pesos como máximo- según el tipo de daño de que se trate, explicó el funcionario.

"El panorama era delicado para la Profepa, pues si el precepto legal que contiene las sanciones que puede aplicar a los infractores ambientales fue considerado institucional por algún tribunal, entonces la aplicación de la justicia ambiental se podría ver mermada en forma grave", señaló.

De agosto de 1992 a agosto de 2003 la Profepa realizó 3 mil 905 visitas de inspección a Pemex; de ellas se derivaron 10 clausuras parciales, 21 clausuras totales y 2 mil 860 infracciones leves. Esta industria presenta problemas, como manejo inadecuado de residuos peligrosos, falta de control y monitoreo sistemático de fuentes emisoras, la incineración a cielo abierto de materiales, contaminación del agua y suelo por fugas o derrames de hidrocarburos.

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