Simulan autoabastecimiento y venden la energía; el gobierno, indiferente, advierte

Denuncia el SME comercio ilegal de electricidad hecho por trasnacionales

A los inversionistas extranjeros se les subsidian costos y tienen una tarifa de porteo baja

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Compañías transnacionales del sector eléctrico están incurriendo en comercio ilegal de este energético, ya que simulan que lo que generan es para autoabastecimiento y lo están vendiendo cuando no lo tienen permitido, violando la ley y ocasionando daño patrimonial grave a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC).

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) apunta lo anterior en un informe entregado a la prensa, en el que establece que de los 60 permisos de autoabastecimiento que se entregaron a empresas extranjeras en fechas recientes, en 13 de ellos se logró demostrar que realizan comercio ilegal con el fluido y sin embargo el gobierno no ha tomado medidas para sancionar estos actos.

El documento precisa que en lo que se refiere a los 35 permisos de cogeneración de electricidad que actualmente se tienen vigentes, igualmente se ha detectado que realizan acciones no permitidas de venta de energía y a pesar de ello no se les retiran los permisos por parte del gobierno.

Añade que, por si fuera poco, se han entregado seis permisos de exportación de energía eléctrica por 2 mil 430 megavatios, que conllevan diversos riesgos que afectan la seguridad nacional, al permitir la maquila de electricidad con gas importado y la extensión del sistema eléctrico estadunidense en territorio nacional.

Además, a estos inversionistas extranjeros se les están subsidiando costos, ya que se les dio una tarifa de porteo muy baja. El precio por kilovatio-hora que se les cobra es tan bajo que sólo permite cubrir una parte de los costos reales en los que incurren CFE y LFC, ocasionando también daño financiero a ambos organismos descentralizados.

Según explica el informe, todos estos datos forman parte de la denuncia de hechos presentada el 2 de junio de 2003 por el senador Manuel Bartlett Díaz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, y el diputado Salvador Rocha Díaz, presidente de la misma comisión en San Lázaro, ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se evidencian en esta demanda las diversas irregularidades y violaciones en contra de la ley y la Constitución cometidas por la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, al otorgar 240 permisos de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, importación y exportación de energía eléctrica.

La principal argumentación de los denunciantes es que los 225 permisos a extranjeros para participar en este sector dejan en sus manos 54 por ciento de la capacidad de generación del sector eléctrico nacionalizado.

Incluso, bajo la figura de productor independiente de energía, se han concedido 17 permisos que representan 19 por ciento de la capacidad de generación de CFE, y todos los permisionarios son empresas extranjeras de capital español, francés, estadunidense y japonés.

Dicho estudio determina que ''de continuar la tendencia promovida por el gobierno de Vicente Fox, para 2011 el sistema eléctrico nacional tendrá instalados 63 mil 214 megavatios, de los cuales alrededor de la mitad estarán en manos de empresas extranjeras, ''generando como consecuencia el estancamiento y desaparición progresiva de CFE y LFC''.

Para el Sindicato Mexicano de Electricistas, el informe de la Auditoría Superior de la Federación demuestra que se está privatizando a marchas forzadas, llegando al extremo de tener ya comprometida con inversiones privadas extranjeras la generación necesaria hasta el año 2008, y reduciendo a una mínima participación la generación de la CFE.

Del mismo modo, señala que la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado permisos sin los debidos fundamentos y motivación que exige la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que son nulos de origen; además, ha concedido permisos a asociaciones de consumidores ficticias y ha autorizado la venta de energía bajo la figura de autoconsumo simulado.

Además, se han autorizado permisos sin estudio de impacto ambiental; colocan en México plantas contaminantes para exportar a Estados Unidos, donde sí protegen su medio ambiente, y autoridades y funcionarios del sector han impulsado la privatización, violando la ley, la Constitución, favoreciendo simulaciones, aceptando la descapitalización del sector y dañando financieramente a la entidad; lo más grave es que se ha argumentado públicamente que la CFE no es viable, cuando las auditorías concluyen que sí lo es.