José Antonio Almazán González

Los tropiezos eléctricos de Fox

Con nulo conocimiento de la complejidad de la industria eléctrica y petrolera, el recientemente nombrado secretario de Energía, cuyo único mérito (?) consiste en contar con el respaldo de la pareja presidencial, constituye uno más de los constantes tropiezos de Vicente Fox en el sector eléctrico. Al igual que Ernesto Martens (dos años ocho meses), Felipe Calderón (apenas nueve meses), Fernando Elizondo ("el poco tiempo que le queda a esta administración") viene con la encomienda foxista de elevar a rango constitucional la privatización eléctrica, así como de facilitar, por la vía de los hechos, la entrega de la electricidad y el petróleo al gran capital trasnacional.

Con la soberbia propia de quien profesionalmente ha sido alto ejecutivo de la conservadora burguesía regiomontana, y reconociendo que aún no tiene definidas las prioridades del sector, el ex presidente ejecutivo del Grupo Salinas y Rocha aseveró que el Congreso tiene la responsabilidad de aprobar las reformas. Para el ex director legal del Grupo Industrial Alfa el rechazo social generalizado a la privatización eléctrica y el dictamen del Congreso de la Unión en contra de la reforma constitucional, se reduce a un problema de enfoque y de trabajar con nuevas técnicas para convencer a los legisladores. Es recomendable recordar a quien profesionalmente ha trabajado en bufetes de abogados patronales, lo que al respecto establece el párrafo sexto del artículo 27 constitucional: "Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines."

Este precepto constitucional, que establece la exclusividad de la nación y prohíbe el régimen de concesiones, fue violentado en diciembre de 1992 con la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), promovida por el entonces presidente Salinas de Gortari, para adecuar el marco jurídico mexicano a los compromisos pactados en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Esta reforma salinista abrió las puertas a la privatización eléctrica al permitir la inversión del capital privado en áreas reservadas exclusivamente a la nación, a través de nuevas figuras jurídicas como: cogeneración, autoabastecimiento, productor independiente de energía e importación y exportación de energía eléctrica.

De tal manera que al amparo de esta reforma inconstitucional, a partir de 1993 en que nace la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se han venido otorgando permisos al capital privado para invertir en el sector eléctrico, violando el artículo 27 constitucional e incluso desbordando los alcances de lo que la propia ley eléctrica privatizadora establece.

A estas conclusiones llega la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con la realización de dos auditorías aplicadas a la CRE y una a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentadas el 31 de marzo de este año ante el Congreso, que pueden resumirse en lo siguiente:

a) Frente al falaz argumento de que el gobierno no desea privatizar, la ASF demuestra que se está privatizando a marchas forzadas, llegando al extremo de tener ya comprometida con inversiones privadas extranjeras la generación necesaria hasta 2008 y reduciendo a una mínima participación la generación de la CFE.

b) La CRE ha venido otorgando permisos sin la debida fundamentación y motivación que exige la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que conforme a la ley son nulos de origen.

c) La investigación realizada por la ASF demuestra que durante el periodo 1992 la CFE contó con capacidad de inversión para financiar la infraestructura de generación requerida, pues la inversión realizada de 134 mil 786 millones de pesos pudo haber sido cubierta con la suma de la utilidad y la depreciación, que fue de 143 mil 903 millones de pesos. Es decir, no se requería inversión privada.

Las auditorías de la ASF confirman que desde Salinas, pasando por Zedillo, hasta Fox, se ha venido actuando en contra de lo establecido en la Constitución que nos rige. Asustado por los resultados de la ASF el gobierno de Fox de inmediato presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que el máximo Tribunal Fiscal de la Federación no cuenta con atribuciones y facultades para recomendar y dictaminar en contra de la CRE y de la Secretaría de Energía.

Naturalmente a nada de esto se refiere el que fuera enlace del gobierno federal en la oscura Convención Nacional Hacendaria, evidenciando su desprecio por el sentir del pueblo en contra de las privatizaciones. Por lo pronto, un día después de la renuncia pactada de Felipe Calderón, el 1Ɔ de junio, el Sindicato Mexicano de Electricistas, junto con decenas de organizaciones sociales y políticas, reiteró su rechazo a la privatización eléctrica y demandó el restablecimiento de la legalidad constitucional.