Pedro Rivas Monroy*

Las tribulaciones de un jefe delegacional

El caso de la delegación Gustavo A. Madero (GAM) parece complicarse; hemos sostenido en otros espacios que a simple vista parece ser que Octavio Flores Millán no tiene impedimento jurídico alguno para ejercer como jefe delegacional, pero, por otra parte, existen situaciones poco claras que despiertan sospechas que, de demostrarse, lesionarían de manera importante la gobernabilidad de esa demarcación.

En los pasillos politiqueros se ha dicho que el procedimiento de remoción que enfrenta Flores Millán es producto de una vendetta política planeada en la jefatura de Gobierno, aprovechando el momento y con el propósito de generar una cortina de humo para desviar la atención, o bien se habla de una maniobra del ex delegado Joel Ortega para conservar el poder, aunque considero que no se trata de ni de lo primero ni de lo segundo.

Son precisamente esas versiones que se hacen correr las que con el tiempo, y una vez aclaradas las cosas, pueden complicar la vida al delegado. Independientemente de que el Legislativo local tiene todo el margen de maniobra para determinar su destitución debidamente fundada, vale la pena tratar de armar el rompecabezas, ya que de comprobarse que las declaraciones que él ha vertido resultaran falsas, estaríamos más allá de un procedimiento administrativo, pues se trataría de un delito grave: falsedad de declaraciones ante autoridades.

Genera incertidumbre que a la fecha todos los requerimientos ministeriales y judiciales que ha recibido la delegación en relación a los hechos para notificar al funcionario no han sido atendidos, argumentando razones de tipo administrativo. Esta actitud podría obedecer a varias situaciones: al parecer se busca dilatar la integración de las actuaciones ministeriales, tanto en el ámbito federal como el local; en lo judicial se han venido evadiendo comparecencias ante el juez y, por lo tanto, los interrogatorios donde hay imputaciones en su contra, los careos y confrontas necesarias para aclarar los hechos que en algún momento tendrán que suceder, situación que no ayuda en nada al jefe delegacional.

Otro aspecto que despierta sospechas es el hecho de que el asunto que tiene en crisis a la GAM se estaba investigando desde el 28 de enero pasado. Lo que recorrió el velo en esa demarcación fueron los videoescándalos, por eso resulta curioso que pidiera licencia hasta el 15 de marzo, y más dudas despierta su intempestivo retorno un mes antes de que se cumpliera el plazo.

Veamos qué hay: Martha Delgado Arroyo y Luis Salazar Cano son gente de confianza de Flores Millán. Ambos fueron contratados en noviembre de 2003 en responsabilidades de administración, planeación y presupuesto, por lo que en su actuar, necesariamente, se implica a su jefe.

Se sabe que el 15 de enero de este año Delgado Arroyo recibió 31 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas, mismos que, al parecer, fueron a dar a las cuentas de Carlos Ahumada y los recibos fueron firmados tanto por Salazar Cano como por Estela Hernández Puga, quien está detenida actualmente.

Lo importante para garantizar la gobernabilidad en la GAM es que el delegado explique cuáles fueron los motivos profesionales que lo decidieron a contratar a esos funcionarios, cómo se registro el ingreso y egreso de esa suma millonaria en la demarcación; además se debe exhibir el soporte del pago de dicha cantidad y el acuerdo del jefe delegacional donde se autoriza al director general de Administración de Recursos Financieros realizar ese trámite. No es ocioso mencionar que la contratación de los susodichos la hizo el propio Flores Millán, a pesar de que la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal le informó que existía una investigación en la delegación Tláhuac que involucraba a los funcionarios en cuestión, recomendándole que no fueran contratados hasta no concluir la indagatoria. Esto se hizo en la segunda semana de diciembre de 2003.

Creemos inútil comentar sobre personajes que a últimas fechas han estado en boca de todo mundo; nuestro objetivo es ver hasta dónde un funcionario electo puede argumentar que él se debe al voto de los ciudadanos y que no tiene ningún obstáculo ético y jurídico para ejercer un cargo que tiene que ver con el interés público frente a actos de corrupción todavía no aclarados. La pelota hoy está en la cancha de la Asamblea Legislativa local. Parece haber suficientes elementos para sustentar la gravedad del caso para que este órgano legislativo ejerza sus facultades a plenitud; la situación es inédita, pero es la oportunidad de mandar un buen mensaje a la ciudadanía sobre el combate de la corrupción.

* Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal