Magdalena Gómez

Tlachinollan, diez años

El espacio público ha sido crecientemente ocupado por las sucesivas confrontaciones de políticos contra políticos, ahora con el ingrediente de que utilizan el derecho como arma de ataque antes que de justicia. Esta situación impide visibilizar el trabajo complejo que muchas organizaciones realizan abajo, desde y con la gente que sufre continuas y persistentes violaciones a los derechos humanos de todo tipo: individuales y colectivos, económicos, sociales, políticos y culturales. Por ello es necesario detenerse a mirar cómo, tras una década de trabajo y compromiso sistemático con los derechos de los pueblos indígenas, el centro Tlachinollan se dispone a presentar su informe de aniversario.

En este centro de la Montaña de Guerrero encontramos un espacio emblemático, pues no es fácil dar cuenta de un trabajo fructífero en esa zona con todo y las condiciones que ahí se viven. Sin asomo de complacencia podemos afirmar que este centro ha logrado mantenerse en su misión original: "promover el encuentro con las culturas y el diálogo como estrategia para un cambio civilizado y pugnar por el respeto irrestricto de los derechos humanos puesto al servicio de los pueblos indios de la Montaña".

Su trabajo se centra en los 17 municipios indígenas ubicados en la región conocida como Montaña Alta, donde se asientan más de 300 mil pobladores pertenecientes mayoritariamente a las etnias mixteca, nahua y tlapaneca, distribuidos en 600 comunidades.

Los informes periódicos preparados por este centro muestran una foto que revela la resistencia de estos pueblos ante el asedio que sufren, proveniente de factores como la presencia militar en la zona, justificada en el combate al narcotráfico y a los grupos insurgentes.

La valentía y rigor del centro Tlachinollan para documentar los casos de violaciones de derechos humanos pueden observarse en algunos de sus documentos claves, recordemos sólo algunos: Los surcos de la violencia, El laberinto de la guerra, Justicia negada y el décimo, que nos dará a conocer en los próximos días: Contra el silencio y el olvido. Este último ofrece una reflexión profunda sobre sus lecciones, introduciendo la dimensión del impacto de la globalización en los ámbitos locales, el estado que guarda la educación, la estrujante situación de miseria, mediante el capítulo sobre la dieta del hambre, territorios y conflictos agrarios y, lamentablemente, sin faltar, porque persisten, la militarizacón, el narcotráfico y los grupos armados.

En un esfuerzo por no abandonar el enfoque de la integralidad de los derechos, señala que "con la salud no se juega" y a continuación sustenta su dicho con cifras ante las que no hay programa gubernamental de "oportunidades" que pueda defenderse por más que lo premie y promueva el Banco Mundial.

También incluyen un análisis exhaustivo sobre la situación de la mujer, la familia y la comunidad indígena: el acceso al agua, la maternidad, la migración, infancia y matrimonio, educación y justicia. Concluye con un recuento de daños, pero también con una reafirmación del compromiso y el reconocimiento de que su fortaleza está en la gente que lo acompaña en este proceso. Por ello no está ausente su ubicación política como un movimiento que, con otros, construye y reconstruye a nuestro país.

Destaca a este movimiento como "una forma novedosa de organización ciudadana ajena al marco de la política convencional. Sus protagonistas son nuevos actores surgidos de la sociedad civil y promueven la política del reconocimiento, de la reivindicación y del respeto por el otro, del derecho a la diferencia y de la exigencia ciudadana". También exige que "el Estado asuma su responsabilidad de proteger, salvaguardar y respetar los derechos humanos de toda la población. Es un trabajo que la sociedad realiza consigo misma, para forjar desde abajo una cultura de los derechos humanos y al mismo tiempo democratizar las estructuras del poder político".

Este trabajo, junto con el del conjunto de las organizaciones, permitiría que el gobierno abordara en serio el asunto de los derechos humanos, que incluye a los pueblos indígenas, por más que desde la Secretaría de Gobernación se asuma que es cosa aparte.

La situación política nacional obligará también a las organizaciones de derechos humanos a realizar su propio recuento sobre su experiencia en los diversos espacios, mesas, enlaces con el gobierno federal. No parecen promisorios los resultados: basta ver cómo a la hora de las propuestas formales los hacen a un lado; por fortuna, organizaciones como el centro de derechos humanos Tlachinollan, entre otras, tienen fuerza y proyecto propio; sin embargo, el riesgo mayor es para las que han desplazado trabajo de construcción con la gente para privilegiar estas dinámicas de concertación.

Por lo pronto habrá que reivindicar el liderazgo de gente como Abel Barrera, cabeza del proyecto Tlachinollan, quien junto con otros y otras tiene en el país la experiencia suficiente para continuar abriendo brecha a los derechos humanos y con ello a la democracia en nuestro país.