Niega el gobierno mexicano que el fallo se ajuste a las disposiciones del TLCAN

Autoriza la Corte Suprema de EU el tránsito de camiones mexicanos

Según el dictamen, no es necesario realizar un extenso estudio sobre efectos ambientales

REUTERS

Washington, 7 de junio. El gobierno estadunidense puede permitir el tránsito de decenas de miles de camiones mexicanos en las carreteras de su país, sin tener que realizar un extenso estudio sobre los efectos ambientales, sentenció este lunes la Corte Suprema de Estados Unidos.

El tribunal votó de manera unánime en contra de una sentencia anterior de una corte de apelaciones, según la cual el Departamento de Transporte estadunidense debía estudiar el impacto de los camiones en la calidad del aire.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, señaló en noviembre de 2002 que los camiones mexicanos deberían poder transitar por territorio estadunidense para que el país cumpliera con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994.

La medida fue diseñada para terminar con una moratoria de 1982, bajo la cual los camiones mexicanos han podido operar sólo en estrechas zonas comerciales en la frontera entre ambos países y donde las mercancías deben ser transferidas a camiones estadunidenses para ser transportadas a través de ese país.

Cuando se intentó abrir la frontera, grupos ambientalistas, laborales, de consumidores y camioneros de Estados Unidos presentaron demandas y alegaron que el Departamento de Transporte había subestimado el impacto que los antiguos camiones mexicanos -que operan con diesel- tendrían en la calidad del aire en los estados fronterizos, especialmente en ciudades como Houston y Los Angeles, que han luchado por reducir la contaminación para cumplir con la ley de limpieza del aire.

Sin embargo, el Departamento de Transporte efectuó una revisión ambiental inicial y decidió que no era necesario un estudio extensivo.

Los camiones mexicanos realizan cerca de 4.5 millones de cruces fronterizos cada año, según cifras oficiales de Estados Unidos.

México ha insistido en que ha sufrido daños por miles de millones de dólares a causa de la moratoria.

El gobierno de Estados Unidos argumentó que el fallo de la corte de apelaciones había prolongado una significativa disputa con México, la cual Bush buscaba resolver bajo el pacto comercial.

Abogados del gobierno argumentaron que los actos presidenciales de política y comercio exteriores estaban exentos de los requerimientos de revisiones ambientales. Señalaron que el retraso en el cumplimiento del acuerdo ha provocado que México mantenga restricciones paralelas a los camiones estadunidenses y amenace con nuevas sanciones económicas.

Abogados de varios grupos opositores a la apertura de la frontera manifestaron que no debería permitirse al gobierno de Estados Unidos que forzara a los estados a violar estándares nacionales de calidad del aire como resultado de la circulación de viejos y contaminantes camiones en las carreteras estadunidenses.

Los grupos estimaron que 34 mil camiones de México podrían circular por las carreteras de Estados Unidos sólo en el primer año. Para 2010 los camiones de México podrían emitir el doble de ciertos contaminantes que los vehículos de Estados Unidos, afirmaron.

El juez Clarence Thomas escribió que el Departamento de Transporte no violó la ley o las regulaciones ambientales, y que no tenía que hacer una revisión completa. ''Por lo tanto rechazamos el desafío (de los grupos) a los procedimientos utilizados en la promulgación de estas regulaciones'', concluyó.

Prevalecen las medidas discriminatorias

La decisión sólo resuelve un conflicto interno

VICTOR CARDOSO

El gobierno de México afirmó que el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en materia de autotransporte no resuelve las diferencias entre ambos países sobre el libre acceso de camiones a sus respectivos territorios, y consideró que en la normatividad que se pretende aplicar prevalecen elementos que pudieran llegar a ser discrecionales y discriminatorios para los transportistas mexicanos.

El gobierno mexicano consideró que el fallo sólo resuelve un conflicto interno entre el gobierno estadunidense y grupos ambientalistas y de transportistas, pero no las diferencias en las reglas de apertura publicadas por el Departamento de Transporte de ese país. Por tanto, se reservó el derecho de tomar las medidas que considere necesarias de acuerdo con los preceptos establecidos en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), informaron ayer en un comunicado conjunto de las secretarías de Economía y de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ambas dependencias aclararon que México apoya todos los esfuerzos a favor de levantar el bloqueo al autotransporte de forma equitativa para los dos países, ''pero no puede respaldar una apertura fronteriza que pudiera ser contraria a los postulados del TLCAN y que podría colocar en desventaja a los autotransportistas mexicanos frente a sus pares de Estados Unidos''.

Desde el punto de vista del gobierno mexicano la apertura de la frontera con Estados Unidos es importante para impulsar la competitividad de México frente a países de Asia y otras regiones, al tiempo que incrementaría su atractivo para la inversión nacional y extranjera, pues facilitaría los procesos de logística de empresas que realizan exportaciones a Estados Unidos.

Niega Canacar supuesta apertura de fronteras

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) afirmó que ''no se han modificado las condiciones de discriminación'' de Estados Unidos contra los camiones mexicanos para ingresar libremente en su territorio, como quedó establecido desde 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El director del organismo, José Refugio Muñoz López, afirmó que desde 2001, pese a todo lo que se ha dicho, ''en lugar de aligerarse, las exigencias para permitir el ingreso de los camiones mexicanos a Estados Unidos, se endurecieron por cuestiones de seguridad derivadas de los atentados del 11 de septiembre''.

Al comentar el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos contra las exigencias ambientales que pretendía imponer el gobierno de ese país, Muñoz López precisó que ''es un asunto interno de ellos'' porque sólo se resolvió una demanda de amparo de grupos ambientalistas contra la administración del presidente George W. Bush y no la moratoria unilateral aplicada desde diciembre de 1995.

''Lo esencial, que son las medidas discriminatorias contra los autotransportistas mexicanos, no ha cambiado'', resumió. Interrogado sobre si la decisión de la corte estadunidense podría ser una ''buena señal'' para destrabar el conflicto, el directivo de la Canacar consideró que, si acaso, esto sólo puede servir para que las autoridades de los dos países reinicien negociaciones.

Escéptico, recordó que desde diciembre de 1995 a la fecha en diversas ocasiones se han sobredimensionado las señales del gobierno estadunidense para abrir su frontera. ''Lo cierto es que hasta que no veamos entrar al primer camión a Estados Unidos no estaremos convencidos de la apertura; mientras tanto, las cosas siguen igual: ellos mantienen su embargo y México aplica reglas equivalentes (conocidas como ley espejo); ningún autotransportista mexicano ha solicitado permiso para ingresar a su territorio ni ellos lo hacen''.

Trabas al comercio

El autotransporte de carga es estratégico tanto para México como para Estados Unidos.

Por ese medio se moviliza entre 85 y 90 por ciento del total de mercancías que genera el intercambio comercial bilateral.

A raíz de la firma del TLCAN, a partir de diciembre de 1995 los camiones de Canadá, México y Estados Unidos podrían circular libremente por los territorios de los tres países. Sin embargo, el gobierno estadunidense, bajo presiones de grupos ambientalistas y sindicatos de transportistas (teamsters), alegó que las unidades mexicanas no cumplían con la legislación de protección al ambiente ni con las medidas de seguridad.

Desde entonces a la fecha la circulación de los vehículos quedó restringida a una franja de 32 kilómetros a partir de la línea fronteriza. Eso obliga a que el cruce de mercancías se tenga que realizar mediante el intercambio de remolques, que representa un importante costo adicional para el comercio bilateral.

De acuerdo con cifras de la Canacar, mensualmente en la frontera entre México y Estados Unidos se realizan alrededor de 380 mil cruces. Desde 1995, pero en particular a partir de septiembre de 2001, por medidas de seguridad en la frontera, el ingreso de un remolque puede tardar hasta 12 horas, lo que para los camioneros representa pérdidas por unos 55 millones de dólares cada mes.