Clemente Valdés señala los casos de López Obrador, Estrada Cajigal y Murat

El uso faccioso del juicio político podría llevar al país a un choque, según experto

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

En el enfrentamiento entre el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y la Procuraduría General de la República (PGR), "independientemente de las conductas ilícitas en las que pudiera haber incurrido (el funcionario) en diversos asuntos jurídicos y de la necesidad de averiguar qué tanto sabía de las porquerías que hacían algunas de las personas cercanas a él, seguramente existe una preocupación política (del gobierno federal) por su alto nivel de popularidad. Eso indica que existe el propósito de combatirlo por cualquier vía", afirma Clemente Valdés, doctor en derecho constitucional, quien advierte que "estamos al borde de un choque directo, de magnitud impresionante, entre nuestros altos empleados públicos, debido a la existencia del juicio político", el cual debería ser la principal preocupación del perredista, incluso más que la declaración de procedencia que enfrenta, porque "sería un golpe directo a la posibilidad de que pudiera ser candidato" presidencial.

En entrevista con La Jornada, el ex miembro de la comisión jurídica del equipo de transición del ahora presidente Vicente Fox subraya que en este asunto "la izquierda debe mantener una enorme ecuanimidad", para evitar "tomar un partido específico que puede conducirnos a una situación como la de Rosario Robles (ex dirigente del PRD), de una vergüenza y una tristeza impresionantes para la izquierda en México".

En su opinión, el objetivo del gobierno federal de combatir a López Obrador "es tan legítimo como el propósito que tiene él de combatir a sus detractores políticos; lo grave -y ahí empezamos a acercarnos al problema central- es que tal como están las cosas puede desembocar en una crisis terrible, mucho más grave de la estamos inmersos ahora, debido a que existe el juicio político. Por la existencia de este error, que fue rechazado durante 150 años en México y que finalmente creó (el ex presidente) Miguel de la Madrid para castigar a sus enemigos".

Para el ex abogado general de la U-niversidad Autónoma Metropolitana (UAM), el hecho de que el Ministerio Público dependa del Poder Ejecutivo ha permitido que se utilice como instrumento privado en los asuntos que les interesan al presidente de la República, a los gobernadores y al jefe de Gobierno capitalino: "así vemos que lo está haciendo (Vicente) Fox (en los litigios por el Paraje San Juan y El Encino), López Obrador (en el caso del empresario Carlos Ahumada) y los gobernadores (de Oaxaca), José Murat (con el presunto atentado en su contra) y Sergio Estrada Cajigal (en referencia a sus presuntos nexos con el narcotráfico); no se debe omitir a ninguno de ellos, porque no estamos simplemente en la lucha de los buenos contra los malos; estamos en algo mucho más complicado, donde se está jugando el futuro del país".

Asegura que en el enfrentamiento PGR-jefe de Gobierno "ambas partes nos han hecho saber lo que ellas quieren", por lo que "no podemos saber con certeza si hay acciones extralegales, aunque todo indica que hay una preocupación de la Federación por la popularidad del perredista".

-El jefe de Gobierno ha presentado pruebas de que en caso de que hubiera desacatado una orden judicial (por el caso El Encino), él no sería el responsable directo. En el caso del Paraje San Juan ahora sabemos que es un predio que pertenece a la Federación y aun así un juez ordenó la indemnización a un particular. ¿Esto no es irregular? -se le preguntó.

-El sistema de procuración de justicia a nivel federal está en manos del presidente Vicente Fox y a nivel local en manos de los gobernadores; ahí radica el problema.

-¿Y por eso ahora se aprovecha la PGR y pide la declaración de procedencia contra López Obrador para fastidiarlo?

-No creo que la Cámara de Diputados vaya a resolver favorablemente el permiso para proceder penalmente contra López Obrador, porque políticamente por ese camino los enemigos (del perredista) podrían encontrar obstáculos muy serios en los cuales no se jugaría su posición política. Pero en el caso de juicio político, que no se necesita delito alguno, ahí si avizoro un problema serio para el jefe de Gobierno.

-Tampoco parece casual que haya tanto interés de la PGR por que se respete un mandamiento judicial en el caso de El Encino, cuando hay un sinnúmero de casos de desacatos en los que no se actúa penalmente.

-Sí, en cuestión de amparo tenemos desacatos de todos los altos empleados, secretarios, subsecretarios, gobernadores, alcaldes y presidentes de la República desde hace 50 años, y claro que este caso no parece causal.

"La cuestión es particularmente grave porque, independientemente de las conductas ilícitas en las que pudiera haber incurrido López Obrador en diversos casos, y de la necesidad de averiguar qué tanto sabía de las porquerías que hacían algunas de las personas cercanas a él -es decir, ese dinero que se robaron su ex secretario de Finanzas (Gustavo Ponce) y su ex secretario particular (René Bejarano), ¿para que era?, ¿no lo sabía?; eso es lo primero que tendría que responder el jefe de Gobierno-; seguramente existe una preocupación política del gobierno federal por la popularidad del perredista, por lo que todo indica que existe el propósito de combatirlo por cualquier vía.

"Y en esto es muy importante para la izquierda mantener enorme ecuanimidad, para evitar más divisiones. Es decir, los grupos de izquierda se están pulverizando por la podredumbre, por la descomposición, por la inmoralidad de algunos de sus dirigentes, y lo digo sin ningún interés o consigna, porque yo no pertenezco a ningún partido ni a ninguna organización política, ni a ninguna iglesia ni a ninguna secta; soy un hombre libre.

"Sin embargo, debemos separar claramente dos cosas: el propósito de combatir a López Obrador es tan legítimo como el que tiene él de combatir a sus detractores políticos. Lo grave es que estamos al borde de un choque político entre nuestros altos empleados -mal llamados poderes- de una magnitud impresionante, debido a que existe el juicio político".

-¿Cómo se daría el choque al que hace referencia?

-De manera muy sencilla, en la medida en que exista una mayoría en las cámaras de Diputados y de Senadores, la mayoría que se señala de acuerdo con los artículos constitucionales correspondientes. La Constitución no señala trámites y sí marca claramente el objetivo del juicio político.

"En este momento, en que la destitución de los contendientes políticos es el punto más importante, yo veo el enorme peligro de que teniendo a la mano el juicio político una mayoría de legisladores -en el caso de que se pidiera juicio contra López Obrador se podrían unir el PRI y el PAN- destituya de manera fulminante al jefe de Gobierno capitalino, pero además lo que inhabilite para ocupar cargos públicos. Este sería un golpe directo a la posibilidad de que López Obrador pudiera ser candidato presidencial.

-¿Cuál es el supuesto legal para aplicar juicio político?

-Las sanciones indicadas en el artículo 110 constitucional, que establece que cuando un funcionario incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Y para ello no se necesita delito alguno, no se necesita llevar a cabo una investigación por la PGR ni una consignación, por lo que el futuro político del funcionario quedaría en manos de los legisladores, y el camino ellos lo conocen.

"Y yo me pregunto, si en estos momentos hay mayoría de priístas y panistas, ¿tendría que preocuparse López Obrador? Sí, si la hay. La vía para atacar de manera directa al proyecto del perredista es mediante el juicio político. Ahí está la mayoría dispuesta a frenarlo, aunque también puede componerse otra mayoría (PRI-PRD) en contra de un candidato panista, como pudiera ser Santiago Creel, o contra cualquier candidato que vaya adelante en las preferencias electorales, excepto Marta Sahagún que no puede ser sujeto de juicio político".

-¿Y dónde queda la solicitud de la PGR a la Cámara de Diputados para la declaración de procedencia contra el jefe de Gobierno?

-Esto resulta una cosa menor frente a la posibilidad de que a cualquier ciudadano se le ocurriera pedir juicio político en su contra.

-Entonces, ¿que seguiría en el supuesto de que aplicaran juicio político a López Obrador?

-Quizá buscaría un amparo, y una vez que la cuestión llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el caso del juicio político, tomaría un cariz gravísimo si la Corte opta por decir que aun cuando la Constitución diga que son inatacables las resoluciones del Congreso de la Unión, sí cabe el amparo. El máximo tribunal del país se expone a que las mismas mayorías en las cámaras inicien juicio político contra los 11 ministros de la Corte. Y ahí se daría un enfrentamiento frontal de nuestros altos empleados.