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México D.F. Lunes 14 de junio de 2004
CIUDAD PERDIDA
Miguel Angel Velázquez
La justicia de Macedo
 De la desobediencia al arreglo
Mutismo en San Lázaro
DE TODOS los errores, de todas las calamidades
que ha sufrido este país durante el gobierno de Vicente Fox, es
en el rubro de la justicia donde más habrá de cuestionarse,
por lo menos, el quehacer del guanajuatense.
NO NOS referimos, aunque el punto es obligado,
a la manipulación de la justicia que desde la Procuraduría
General de la República y otras dependencias federales se ha hecho
para tratar de echar al suelo el proyecto político nacional que
se enderezó desde el Gobierno del Distrito Federal.
ESTA VEZ se trata de la impunidad obtenida por
las autoridades del gobierno foxista sin menoscabo de sus intereses, su
puesto o su libertad. Nos referimos, desde luego, al procurador Rafael
Macedo de la Concha.
LA HISTORIA se remonta a por lo menos un par de
años; es una historia en la que un ex trabajador de la PGR, igual
que otros 300, fueron injustamente separados de sus puestos.
UNO DE los trabajadores despedidos, cuyo nombre
es Benigno Santos Abarca, ha solicitado a la Cámara de Diputados
un juicio político en contra de Macedo de la Concha, quien incumplió
la orden de un juez para reinstalar y pagar salarios caídos al ex
agente de la Policía Judicial.
EL ASUNTO fue descubierto por el reportero Angel
Bolaños y se dio a conocer a la opinión pública el
pasado jueves 3 en las páginas de esta sección, pero como
se trata de un trabajador común, que pide justicia, y de la fuerza
del procurador Macedo, el asunto permanece allí, en la Cámara
de Diputados, sin que nadie haga algo al respecto.
BENIGNO SANTOS ahora es taxista y no tiene el dinero
suficiente para contratar algún despacho de abogados panistas que
saben "convencer" a los jueces para ganar pleitos sucios, por eso acudió
a la Cámara de Diputados en busca de algo que ha sido conculcado
por el PAN-gobierno: la justicia.
SUS ABOGADOS son luchadores de todos los días
que no tienen la facilidad de llegar a los medios de comunicación
masiva para denunciar la injusticia, pero que saben, tal vez mejor que
quienes trabajan en los órganos judiciales, cómo conducir
el asunto dentro de lo legal.
POR ELLOS, por los abogados, es que se sabe que
la PGR ha tratado de hallar algún arreglo extrajudicial con el trabajador,
pero para el demandante no existe ningún camino que sea el del estricto
cumplimiento de la justicia.
LO MALO es que ha topado con un sistema que sólo
obedece a los asuntos que le proporcionan algún beneficio político
y otros asuntos, como el de Santos, carecen de importancia.
DE CUALQUIER forma, tarde o temprano la PGR deberá
enfrentar la sentencia, pero por lo pronto ni la dependencia ni su titular
pretenden acatar lo que legalmente se les ha ordenado.
EN LA Cámara de Diputados, por alguna razón
incomprensible desde los terrenos de la justicia, el asunto parece no haber
sido tratado; no obstante que, de acuerdo con los abogados del ex trabajador
de la Policía Judicial, es mucho más grave que la acusación
que se hizo en contra del jefe de Gobierno de la ciudad de México.
EL ASUNTO, como ya habíamos apuntado, es
que se trata de un taxista, es decir, de cualquier mexicano, y no de un
millonario con negocios turbios que pide justicia para seguir acumulando
fortuna.
A ESTOS la Cámara de Diputados y la PGR
los atienden con rapidez y con todos los instrumentos que estén
a su alcance para darles la razón, por eso, cuando oficialmente
termine el sexenio habrá muchas, muchas cosas por las que la justicia
tendrá que estar lista a volver al orden legal e imponerse frente
a los caprichos políticos de los poderosos.
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