ENTREVISTA/CARLOS MONSIVAIS, ESCRITOR

La amnesia histórica es sinónimo de impunidad

hace falta una fiscalia especial para delitos economicos

"¿Qué hacer ante una PGR que no ha citado hasta el momento al muy inculpado gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, y que, a propósito de algo jurídicamente insostenible, ha citado con carácter perentorio a López Obrador?"

ARTURO GARCIA HERNANDEZ

El 10 de junio se cumplieron 33 años de la matanza del jueves de Corpus, otra etapa en la escalada represiva iniciada en octubre de 1968 y preámbulo de una era de tortura, homicidios, secuestros y desapariciones por motivos políticos. En coincidencia con la efeméride, Editorial Aguilar acaba de publicar el libro Los patriotas. De Tlatelolco a la guerra sucia, reportaje de Julio Scherer acompañado de un ensayo de Carlos Monsiváis, quien en entrevista reflexiona sobre los hechos y señala que la amnesia histórica es sinónimo de impunidad del ejercicio del poder del Estado al margen de la ley.

-¿Dónde estaba el 10 de junio de 1971 y cómo recibió la noticia de la matanza?

-Estaba en Londres, donde se vivía en esa Edad Media de la Humanidad, la tierra antes del Internet, y como México era sólo asiento local, recibí la noticia días después, con todo y tesis: "Un intento de malograr las buenas intenciones del presidente Luis Echeverría".

-¿Tuvo la tentación de sumarse a las posiciones de intelectuales como Octavio Paz, Carlos Fuentes o Fernando Benítez, que otorgaron el beneficio de la duda a Echeverría? ¿Era real la disyuntiva "Echeverría o el fascismo"?

-No tuve tentación alguna porque no vivía en México y nadie solicitó mi opinión. Además, ignoraba el grado de confianza real en Echeverría que había en la ciudad de México. Yo seguía viendo en él al represor número dos, y no creía en su apertura ni en que hubiese oído la voz de la democracia desde el cielo: "Luis, Luis, ¿por qué me persigues?" Pero realmente hacía falta contener el autoritarismo y creo que esa urgencia y la inundación declarativa de Echeverría convencieron a un grupo muy distinguido de intelectuales. Ya sabemos la falacia de un Echeverría que detenía las fuerzas del fascismo, con su camiseta del tercer mundo, y que no le devolvió la transparencia a las palabras y que dejarlo solo no habría sido un crimen histórico de los intelectuales. Pero debe tomarse en cuenta el momento y la ausencia generalizada de información confiable. Había que evitar otro 2 de octubre, eso sí.

-A estas alturas prácticamente no hay duda sobre la autoría y las responsabilidades de las matanzas de Tlatelolco y del jueves de Corpus. ¿Cuál es la importancia de insistir en el tema?

-Es indispensable seguir construyendo la memoria histórica y también, en lo posible, que es todavía bastante, rectificar con actos de justicia en lo tocante a crímenes de Estado. Nadie ha dudado nunca de la responsabilidad primordial de Gustavo Díaz Ordaz en 1968, así se hayan oscurecido las actuaciones de sus colaboradores inmediatos, del Congreso de la Unión y, muy especialmente, de las fuerzas de seguridad pública, del Poder Judicial y del PRI. Importa dar idea de la vida en una sociedad donde el poder destruía las leyes y trituraba implacable, selectiva y minuciosamente los derechos humanos. Ni es asunto de venganza ni se conciben el perdón y el olvido. No hay venganza en la exigencia de castigo legal a los responsables porque esto contribuye a la restructuración jurídica de la nación, ni proceden el perdón y el olvido porque la democracia no es un padre confesor y un ramillete de absoluciones. Se debe insistir en que la Fiscalía Especial vaya a fondo para localizar una zona de la impunidad y devastarla desde la ley.

-Con la derrota electoral del PRI en 2000 y el profundo descrédito público de sus líderes y procedimientos, ¿quedó saldada la deuda de sangre del régimen priísta con la sociedad?

-Ni la revisión histórica ni las conclusiones legales de la Fiscalía deben formar parte de un melodrama. La deuda del régimen priísta con la sociedad no se condona responsabilizando a unos cuantos funcionarios de ese partido que delinquieron desde el poder. Esto es necesario, pero es una acción del Estado impulsada y exigida por la sociedad, de ninguna manera un pago. Los 71 años de un partido en el poder son demasiados como para resolverse con una serie de órdenes de aprehensión, de personajes primarios y secundarios. Además de estos (indispensables) procesos judiciales, hace falta una fiscalía especial para delitos económicos (Fobaproa, el paradigma del saqueo que el presidente Ernesto Zedillo bendijo) y otras investigaciones urgentes. El PRI, a partir de 1940, quiso decir impunidad, no sólo eso desde luego (también movilidad social, funcionarios honrados y honestos, educación laica, creación de infraestructuras, etcétera), pero sí, y sobre todo desde Díaz Ordaz, principalmente eso. La deuda de sangre del PRI se pagará, si esa es la metáfora que conviene, con la reducción drástica o con el fin de la impunidad.

-Qué aporta al tema el libro Los patriotas. De Tlatelolco a la guerra sucia?

-Eso lo decide el lector. Puedo señalar la seriedad y la intensidad del trabajo de Julio Scherer, y hasta allí me detengo por temor a una investigación pericial del autoelogio.

-Hay quienes sostienen que frente a la represión de las dictaduras argentina o chilena en los 70 hablar de guerra sucia en México es excesivo. ¿Qué opina?

-Es imposible poner a competir a las represiones latinoamericanas, porque en ese sentido Guatemala y lo desatado contra sus sectores indígenas, encabezarían cualquier lista y también la guerra sucia emprendida en México a lo largo del siglo XX contra la descendencia campesina tendría un sitio destacadísimo. Pero esto es absurdo y en principio y a fin de cuentas muy mezquino. Lo que señala el carácter de guerra sucia es, precisamente, el rechazo de la ley desde el Estado. Al gobierno de Echeverría le tocaba responder a la insurgencia armada, pero dentro de la legalidad, sin torturar, "desaparecer", asesinar. Se linchó con furia detallada a los guerrilleros, se les infligieron suplicas sin término, se arrojaron cadáveres al mar y se llegó a lo inenarrable cuando sólo correspondía la aplicación de la justicia. Si en la guerrilla se cometían actos de salvajismo, al Estado no tocaba la revancha sin escrúpulos. Los gobiernos priístas decidieron lanzarse a lo que sí fue "lo excesivo".

-¿Cuál considera que es la relación entre memoria histórica e impunidad?

-Me enfrento a la obligación de responder, aun consciente de que la tarea me rebasa con generosa amplitud. Por memoria histórica no entiendo la acumulación de todo lo sucedido en un país, una región o el planeta, sino la selección muy crítica de los actos, las situaciones, las personas, incluso las leyendas y mitologías que tienen consecuencias estructurales, de grandes y/o graves resonancias formativas. Y uno de los prerrequisitos de la impunidad que se ha vivido en México es la obstaculización de la memoria histórica y su remplazo por el culto inerte a las efemérides. De acuerdo con la descripción que me interesa de la memoria histórica ésta usa de los rituales pero no se vuelve su conserje o su despertador. "Hoy es 15 de septiembre y hay que gritar ¡Viva México!"

"El sinónimo de impunidad es amnesia histórica. '¿Qué pasó con los 400 o 500 perredistas asesinados en el sexenio de Salinas? / ¿De qué me hablas?' Es pasmoso ver a represores de otras épocas ostentarse como redentores del pueblo; es pasmoso pero típico."

-La brutalidad desatada contra los altermundistas en Guadalajara y el toque de queda en Tlalnepantla ¿expresan una tentación represiva del PAN? ¿Podrían los gobiernos reditar la represión del régimen priísta en los 70?

-En Guadalajara se dio una provocación lamentable, que no admite disculpas bobas o falsamente astutas de "la furia social" y proclamas cuyo mejor destino sería caber en un volante ilegible. Luego de la histeria vandálica de los dizque anarquistas sobrevino la respuesta gemela: la actuación del gobernador de Jalisco y el alcalde de Guadalajara y sus policías, que aprehendieron a los que no eran los provocadores, desnudaron a las jóvenes, agredieron verbal y físicamente a los detenidos y le decretaron a 44 personas autos de formal prisión con pleno desprecio de las leyes y los derechos humanos. La carencia de pruebas los convierte en presos altermundistas cuya libertad es una causa de hoy.

"Lo del alcalde de Tlalnepantla, como sucede con buen número de los alcaldes panistas, no es sino la confusión desdichada: los elegidos para alcaldes creyeron que los habían nombrados 'pedagogos del alma' o 'granaderos de la catequesis'. Por eso, en sucesión interminable, han querido prohibirlo todo: minifaldas (luego lo negaron), aretes en los jóvenes (luego lo negaron), obras de teatro 'inmorales', exposiciones de pintura, propaganda de medidas preventivas del sida, semanas culturales lesbico-gays. Han querido prohibir todo lo que contraría el sueño tranquilo de los fantasmas del siglo XIX. (En el rechazo de las sociedades de convivencia en la Asamblea Legislativa del DF, el PAN coincide con el PRD de René Bejarano). Y lo del toque de queda en Tlalnepantla los fines de semana es otra joya en la corona de la virtud santificada (La metáfora es de ellos).

"La acción es ridícula y anticonstitucional, y cuanto más pronto termine mejor, así le pese a los Apóstoles del Voto Util, que en 2000 sostuvieron con énfasis: 'El PAN no es un partido de la derecha'. Y algo inconcebible es la declaración del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, que avala las redadas y los operativos de Tlalnepantla. Asistido por una comprensión mediúmnica de las leyes, el procurador declaró: 'Antes de hablar de si hay violación de las garantías constitucionales o no, se debe tomar en cuenta si la sociedad apoya estas medidas porque una aceptación de este tipo implica que no hay violación absolutamente de ninguna norma o de ninguna garantía constitucional' (La Jornada, 11 de junio de 2004).

"Así que sobre las leyes está la aprobación coyuntural de la sociedad. No está mal. En estos años en muchísimos pueblos han ocurrido linchamientos monstruosos, y en cada uno de los casos 'la sociedad' allí presente apoya las acciones. Entonces, y sin salto lógico alguno, ¿no hay violación de ninguna norma o de alguna garantía (constitucional)? No igualo las redadas con los linchamientos; señalo que el razonamiento del procurador, llevado a su extremo, es por lo menos más que discutible.

"Por lo demás, ¿qué hacer ante una PGR que no ha citado hasta el momento al muy inculpado gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, y que, a propósito de algo jurídicamente insostenible, ha citado con carácter perentorio a Andrés Manuel López Obrador? A propósito de las redadas el procurador sostiene: 'A nadie le debe incomodar que un ciudadano esté observando que se revise a alguien'. Eso inaugura el vouyerismo judicial en las redadas y explica la aplicación de las dos varas de medir."

-Después de todo o a pesar de todo, ¿podemos hablar de un avance democrático en México, de mayores libertades y madurez ciudadana?

-Podemos y debemos hablar de un avance democrático en la sociedad y en los medios masivos; podemos y debemos hablar de la incomprensión (fórmula benévola) de los gobernantes que no logran asumir la democracia; podemos y debemos hablar de los retrocesos pasmosos y de la zona de desastre que es el combate a la desigualdad. No estamos como en 1968 y 1971, sometidos a los vejámenes y las grotescidades del presidencialismo; a cambio, estamos como en 2004 en medio del desencanto y la desesperación social. Avanzar sumidos en retrocesos es una manera como otras de señalar la intensidad del desastre, y su aliada cotidiana, la descomposición social. Pero sí se avanza.