Aseguró que la ilegalidad ahoga la economía

El sector informal maneja $80 mil millones cada año, según el CEESP

ANTONIO CASTELLANOS

Falta de competitividad, corrupción, contrabando, piratería y secuestros ahogan a la economía nacional. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que mientras las autoridades tratan de descalificar las fuentes de información, pierden de vista que el sector informal representa, según datos oficiales 12.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), que en términos monetarios significa 80 mil millones de pesos.

A esto hay que sumar los recursos de actividades ilegales como el contrabando, la piratería, el juego, la prostitución, el narcotráfico, las apuestas, la venta de mercancía robada y la corrupción burocrática que no miden las estimaciones oficiales. Estas son las actividades más lucrativas de la economía.

En este escenario, las actividades ilícitas ganan el juego al resto de los ciudadanos, quienes tienen que librar el pago de impuestos, cuotas de seguridad social, administradoras de fondos para el retiro, Infonavit y nóminas. Encima de esto, precisaron los expertos del sector privado, a los causantes cautivos se les amenaza con ser censados para verificar si declaran correctamente.

La información que se tiene sobre las actividades ilícitas indica que muchas empresas han decidido abandonar el país y con frecuencia la autoridad justifica la proliferación de actividades ilegales, con el mal desempeño de la economía en materia de empleo.

Los economistas del CEESP señalaron que lo más relevante de la ilegalidad es su efecto multiplicador y la forma como desalienta otras actividades, debido a que limita el crecimiento económico, reduce la capacidad de creación de empleos, impulsa la informalidad, mina la confianza de los inversionistas y se convierte en un desequilibrio para las finanzas públicas.

Frente a este panorama, los especialistas plantearon la necesidad de aplicar medidas en el corto plazo para desincentivar las operaciones que se llevan a cabo al margen de la ley. No sólo se trata de elaborar leyes y más reglas que terminan por estorbar más a quienes ya cumplen, sino de aplicar las ya existentes y convencer a la autoridad judicial de la importancia de dejar de proteger a los delincuentes.

Ejemplos, agregaron, hay muchos. Ahí están quienes han violado la ley y son conocidos delincuentes y pasean libres exhibiendo un amparo o gozando de alguna falla procesal. Esto, definitivamente desalienta a la ciudadanía que cumple puntualmente con lo que ordenan las leyes, concluyen.