Nora Patricia Jara

La democracia de la globalización

En la ciudad de México cualquiera puede manifestarse sin ser reprimido o privado de sus más elementales garantías constitucionales de igualdad, libertad y seguridad jurídica. Globalicríticos, cegeacheros, colonos y miembros de partidos políticos que se oponen a obras públicas o que exigen mayor seguridad junto con señoras de Las Lomas, Polanco o el Pedregal; con ciudadanos que protestan por la política económica del gobierno foxista.

Trabajadores sindicalizados, los de El Barzón, los jubilados, pensionados y desempleados salen a las calles reivindicando distintas demandas, exigiendo certeza jurídica, denunciando actos de abuso de autoridad, vienen de toda la República: maestros, disidentes, perseguidos políticos, marchando por las avenidas del Distrito Federal como los campesinos de Salvador Atenco, con todo y sus machetes; ante la gritería y estupor de quienes ya se hacían millonarios después de despojarlos de sus tierras.

Hasta los zapatistas del EZLN llegaron al Zócalo, allí donde cada semana se organizan espectáculos masivos sin incidentes que lamentar; como se hacía en los años de 1866 en el que bandas militares ofrecían conciertos a la luz del alumbrado de gas hidrógeno que atraía a los primeros automovilistas urbanos, los que paraban para escuchar los efectos de resonancia que generaba la caja acústica de metal que se colocó en la Plaza de la Constitución, convirtiendo en poco tiempo al lugar en un sitio de reunión social.

Recuperando su tradición como centro ceremonial y administrativo, desde los tiempos de la Confederación de Anáhuac en los que los mexicanos han tenido cabida con sus manifestaciones. Según la Constitución todos debemos gozar y disfrutar de nuestras garantías y prerrogativas individuales o colectivas, las que podemos hacer valer ante la actividad social, política, económica y jurídica del estado; lo que significa que las instituciones deben actuar en favor de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, incluyendo a los que protestan en las urbes del país como el DF o Guadalajara.

La Carta Magna establece que las personas cívicas tienen derecho de reunión, con fines políticos o no; también a la manifestación pública para pedir, demandar o protestar; son derechos consagrados como el derecho a la libertad de asociación; de pensamiento; de expresión o a la intimidad. Son garantías que fueron creadas para asegurar las garantías individuales y que contemplan jurídicamente el derecho a la petición y respuesta por parte de la autoridad; las que sustentan el principio de legalidad y de autoridad competente; de administración de justicia expedita y eficaz, así como prohíbe las detenciones sin orden judicial.

Ninguno de estos preceptos se respetó en la capital tapatía al momento de enfrentar el gobierno panista de Francisco Ramírez Acuña, las movilizaciones de los altermundistas y de los críticos al sistema neoliberal en la cumbre de países de Hispanoamérica y Europa. Respetar los dictados de las garantías sociales enmarcadas en el texto constitucional de 1917 es obligación que juran todos los mandatarios en México, hasta los estatales; ahí se define la relación de los gobernantes y sus gobernados; compromiso que otorga sentido a un régimen que se denomina democrático y que se califica como democracia participativa y que constantemente pregona; cuando así le conviene, el supuesto estado de derecho que dicen nos rige.

Por todo esto, tal vez valga la pena considerar la propuesta de diputados del europarlamento que reprobaron enérgicamente la represión policiaca y gubernamental contra manifestantes en la capital de Jalisco, al tiempo que pidieron explicaciones al gobierno mexicano de estos hechos y solicitaron la remoción de los funcionarios responsables, luego de advertir de la pronta intervención de organismos de derechos humanos internacionales para deslindar responsabilidades y presionar para que dejen en libertad a las personas que continúan presas sin justificación alguna en cárceles de esa entidad.

Al fin al cabo para eso son las cláusulas democráticas que impone la globalización, por cierto motivo del encuentro, donde paradójicamente se rechazó la tortur,a pese a lo cual se derivó en una acción intolerante, aldeana, bárbara y fuera de la legalidad por parte del Estado.