En dos meses se resolvería el "asunto de fondo", trasciende en medios judiciales

Se inician nuevos peritajes para resolver juicio de amparo sobre predio El Encino

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El juzgado noveno de distrito en materia administrativa -que por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá analizar y determinar si el predio El Encino fue expropiado por causas de utilidad pública o si debe ser devuelto de inmediato a sus legítimos propietarios- inició esta semana, con el apoyo de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), nuevos peritajes topográficos, de ingeniería de tránsito y de arquitectura, mediante los cuales se recabarán las pruebas periciales necesarias para resolver el juicio de amparo solicitado por la empresa Promotora Internacional Santa Fe contra Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, litigio por el cual el funcionario enfrenta la posibilidad de ser desaforado y enjuiciado por la vía penal debido a su presunta responsabilidad en un desacato judicial.

Según fuentes judiciales, en dos o tres semanas concluirán las evaluaciones realizadas por un grupo de peritos ministeriales, por lo que a más tardar en uno o dos meses se tendría la sentencia final del asunto "de fondo" en primera instancia.

Los agentes ministeriales especializados fueron elegidos por la PGR y están coordinados por un perito oficial que trabaja en coordinación con un actuario del juzgado noveno de distrito, puntualizaron los informantes.

Apenas el pasado 20 de mayo el titular del órgano jurisdiccional, Alvaro Tovilla León, emitió un acuerdo en el que requirió a la PGR que propusiera a los peritos.

Según consta en el acuerdo mencionado, que fue ratificado el pasado 7 de junio (en esta última ocasión la PGR recibió un apercibimiento de ley para que cumpliera con el mandato judicial), el impartidor de justicia determinó lo siguiente: "requiérase al director general de la coordinación de servicios periciales de la PGR (no se mencionó el nombre) para que en tres días (hábiles) después de recibida la notificación proponga peritos en las materias fotográfica, forense, ingeniería civil, topográfica y arquitectura, y los conmine para que se presenten en este juzgado (noveno) a manifestar si tienen algún impedimento para conocer del asunto".

Dicho acuerdo del juez Tovilla León se dio apenas unos días después de que la PGR solicitó al Congreso de la Unión el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal para que sea juzgado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, derivado del incumplimiento de una suspensión definitiva emitida en 2001 por el mismo juzgador.

Además, el acuerdo fue emitido más de siete meses después de que la segunda sala de la SCJN determinó (el 23 de septiembre de 2003) por unanimidad de cinco votos dejar "sin efecto el dictamen del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa", mediante el cual se ordenaba el cese de trabajos en los terrenos expropiados del predio El Encino a la empresa Promotora Internacional Santa Fe.

Como se recordará, en esa resolución la SCJN resolvió que "en función de lo analizado por el momento no hay en el expediente relacionado con el presente incidente de inejecución probanzas que puedan fundar, de manera plena, el dictado de una resolución en la que se decida si efectivamente existe impedimento para acatar la ejecutoria". Por tanto, ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para sustanciar el juicio.