La indignante negación a los mexicanos residentes en el exterior de derechos políticos elementales, como es el del sufragio, llegará pronto a su fin, según parece. En abril pasado los principales partidos y el gobierno federal alcanzaron un acuerdo para realizar las modificaciones legales que permitan a esos connacionales participar en una democracia formal que hasta la fecha los excluye y margina. Ayer el presidente Vicente Fox envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) con el propósito de que los mexicanos en el extranjero puedan votar en casillas -presumiblemente instaladas en los consulados del país-, por correo o con una modalidad de "voto electrónico", que presumiblemente se realizaría por Internet.

No debe pasarse por alto el hecho de que la clase política del país haya dado, al fin, muestra de una voluntad específica para subsanar, así sea de manera parcial y tardía, la grave injusticia histórica que han padecido desde siempre los mexicanos en el exterior.

Habría que recordar que la enorme mayoría de esos compatriotas se encuentran en Estados Unidos y que desde allí mandan al país un flujo de divisas que permite a la economía nacional mantenerse a flote a pesar de la persistente recesión, las torpezas en el manejo de las finanzas públicas y los perniciosos dogmas neoliberales a los que se ciñen los gobiernos, desde el de Miguel de la Madrid hasta el presente. Es conveniente tener en mente que las políticas de apertura comercial indiscriminada, con su devastador impacto en la planta productiva y en el campo, han incrementado en las dos pasadas décadas el flujo migratorio hacia el norte del río Bravo, obligando a millones de mexicanos a abandonar sus tierras, sus familias y su país para enfrentarse a los peligros naturales, a la persecución policial implacable, a las atrocidades de los xenófobos y a la violación sistemática de sus derechos humanos y laborales. Pero esos millones de ciudadanos que aportan competitividad a la economía estadunidense -porque la dotan de mano de obra barata- y liquidez a la mexicana no tienen derecho a existir como electores. Son indocumentados a secas en territorio estadunidense, e indocumentados electorales en su propio país.

Los reclamos organizados y regulares por el derecho al voto de los mexicanos en el exterior datan, cuando menos, del periodo 1982-1988, que se caracterizó por la negación del sufragio efectivo no sólo a los migrantes, sino a todos los mexicanos: en el gobierno de Miguel de la Madrid los fraudes electorales fueron abundantes y sistemáticos, y culminaron con el monumental desaseo y la caída del sistema con los que se impuso a Carlos Salinas en la Presidencia. Desde entonces hasta el presente, es decir, durante dos décadas, el conjunto de la clase política ha ignorado la demanda de garantizar el derecho al voto a los mexicanos que residen fuera del territorio nacional.

Si esa infamia va a corregirse con tanto retraso, cabría exigir, al menos, que se corrija de manera integral, y no a pedazos, como se propone en la iniciativa del presidente Fox, según la cual los residentes en el extranjero sólo podrían participar en las elecciones presidenciales, mas no en las legislativas. Impedirles el sufragio para autoridades municipales y estatales tiene sentido, toda vez que los ciudadanos en cuestión no están avecindados en ningún municipio y en ninguna entidad de las que conforman la Federación. No hay razón, sin embargo, para prohibirles que participen en la conformación del Legislativo, vía los diputados y senadores plurinominales. Posiblemente ello implique realizar en la legislación electoral vigente cambios mayores a los previstos en la iniciativa presidencial enviada ayer al Congreso, pero la tarea es realizable y necesaria, y no hay razón para que los legisladores no la lleven a cabo.