México D.F. Miércoles 16 de junio de 2004
Apremia al Congreso a aprobar la iniciativa
que envió para la reforma de justicia
Admite Fox descoordinación ante plagios
Según el Ejecutivo, es la "solución puntual
a cada uno de los problemas" de ese sistema
CIRO PEREZ SILVA
El
presidente Vicente Fox Quesada reconoció que hay una "burbuja" y
"severos problemas" de coordinación con gobiernos estatales y municipales
respecto a la actividad del crimen organizado en materia de secuestros,
por lo que instruyó a todos los miembros del gabinete de Seguridad
Nacional a realizar el mayor esfuerzo para combatir la delincuencia con
la fuerza del Estado, porque amenaza a las familias mexicanas.
Durante una reunión extraordinaria se revisaron
las estrategias y mecanismos de coordinación que permitan enfrentar
con mayor contundencia y eficacia las conductas delictivas que impactan
al ámbito federal, particularmente el secuestro.
En esta reunión, en la que se analizaron las acciones
permanentes y excepcionales para garantizar la seguridad de los mexicanos,
explicó que si bien la criminalidad en el país ha disminuido,
esto no puede dar motivo para bajar la guardia.
Asistieron los secretarios de la Defensa Nacional, Clemente
Ricardo Vega García; de Gobernación, Santiago Creel Miranda;
de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez; de Seguridad Pública,
Alejandro Gertz Manero; de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y de la
Función Pública, Eduardo Romero Ramos.
Ofrece redoblar esfuerzos
Antes, Fox se refirió al tema de la seguridad durante
una comida con integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte
de Pasaje y Turismo, a quienes dijo que su gobierno comparte esa preocupación
nacional, y aseguró que está redoblando esfuerzos en la lucha
frontal contra el crimen organizado y los secuestradores.
Advirtió que es indispensable que todos los niveles
de gobierno trabajen juntos en este propósito, porque la autoridad
federal cuenta con 10 mil personas que integran el grupo de la Procuraduría
General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública,
comparados con 350 mil elementos bajo mandos estatales y municipales.
"Tenemos problemas severos en materia de coordinación,
en asignación precisa y puntual de responsabilidades, en división
y clasificación de las formas del delito", admitió el jefe
del Ejecutivo.
Sin embargo, dijo: "Lo último que haríamos
nosotros es lavarnos las manos. Para el ciudadano, para ustedes, no existen
esas divisiones; lo que existe es una demanda urgente, exigente, de que
se reduzcan los índices de delincuencia en el país, y al
final eso es lo que cuenta".
Recordó que el gobierno federal, con un análisis
profundo y la experiencia acumulada de tres años y medio de gestión,
con el conocimiento real de las debilidades del sistema, de los problemas
que tiene la estructura actual y con el aprovechamiento de acciones en
otros países exitosos en la materia, integró una iniciativa
de ley que va a fondo en materia de reorganización de todo el aparato
de prevención, procuración y administración de justicia,
al igual que la rehabilitación de reos y condenados.
"Esta iniciativa de seguridad y justicia penal está
en manos del Congreso, da solución puntual a cada uno de los problemas
que tiene el sistema actual. Hago nuevamente un llamado al Congreso a acelerar
los análisis, los estudios, a enriquecer esa iniciativa, pero a
resolverla con prontitud; es urgente que contemos con una herramienta que
nos permita enfrentar este problema que hoy aqueja y preocupa a la ciudadanía
en todo el país."
A su vez, Creel Miranda, durante la firma de la iniciativa
para regular el voto de los mexicanos en el extranjero, advirtió
que es hora de tomar decisiones.
La ciudadanía, señaló el titular
de Gobernación, exige acabar con el flagelo de la inseguridad, pero
no es posible hacerlo eficazmente sin una ley que reforme el sistema de
seguridad pública y de justicia penal.
Exige además la observancia y promoción
de los derechos humanos, pero tampoco puede lograrse sin un marco jurídico
que permita garantizarlo, como lo prevé la iniciativa "clara y oportuna"
que el Ejecutivo federal envió al Congreso.
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