Tiene que fortalecer el régimen de partidos: Ugalde

La reforma electoral debe ampliar la transparencia

ALONSO URRUTIA

La reforma electoral que prepara el Congreso de la Unión debe fortalecer los esquemas fiscalización y ampliar la transparencia en las finanzas de los partidos políticos, pues lejos de debilitarlos, la rendición de cuentas públicas consolidará su eficiencia y aumentará la confianza de la sociedad hacia estas entidades de interés público, sostuvo el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde.

Al participar en la Semana de Transparencia organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Ugalde subrayó que los costos para el erario por el sostenimiento del sistema de partidos políticos obliga a que éstos rindan mejores cuentas a la sociedad. Tan sólo en 2003, recibieron 4 mil 900 millones de pesos, lo que hace evidente que deben transparentar todas sus actividades.

"La transparencia, lejos de debilitar, contribuiría al fortalecimiento del régimen de partidos, pues en la medida en que estas organizaciones estén presentes en la vitrina pública, podría esperarse que adquieran mayor credibilidad. Con ello, probablemente se favorecerá el combate del abstencionismo registrado en los más recientes procesos electorales".

La ex consejera electoral Jacqueline Peschard destacó la paradoja que enfrenta el sistema de partidos políticos, ya que, de acuerdo con el Indice de Integridad Pública, en el capítulo específico del manejo de sus finanzas, México ocupa el primer lugar por los niveles de fiscalización y transparencia.

Sin embargo, en todos los sondeos de opinión en México, los partidos políticos ocupan el último lugar en la confianza de los ciudadanos. Es decir, en la consideración de la población los partidos políticos no pueden estar en peores condiciones.

Esta situación es preocupante por la importancia fundamental que tienen los partidos políticos en la consolidación democrática. En este contexto destacó como una de las interrogantes principales la reticencia que tienen estos partidos a una mayor fiscalización del IFE en sus finanzas.

Para Peschard, una mayor apertura de los partidos a la fiscalización permitiría reconstruir los niveles de confianza de la sociedad hacia el sistema partidista y consolidaría a estas instituciones fundamentales de la democracia mexicana

En su oportunidad, Alonso Lujambio, también ex consejero electoral, aludió a la complejidad legal que existe en México para fiscalizar a los partidos políticos, debido a que hay leyes que no se cumplen "no porque exista una intención de incumplirlas, sino que no hay mecanismos legales para hacerlas cumplir".

Reconoció que si algún partido político recibe dinero en efectivo sin que haya una transacción financiera y lo introduce en una campaña electoral, es muy difícil descubrirlo, pues no existen instrumentos para ello. Sin embargo, destacó que por el esquema de fiscalización en México, el más complejo del continente, es posible fiscalizar puntualmente el grueso de los gastos de campaña, porque éstos se dirigen fundamentalmente a los medios de comunicación.

Por la mañana, en entrevista, Juan Pablo Guerrero, comisionado del IFAI, dio a conocer que el organismo ya dio entrada a los tres recursos de inconformidad presentados contra la negativa de la Secretaría de Gobernación a informar sobre las actividades de integrantes del Partido Comunista de Cuba que derivaron en una crisis diplomática.

En su ponencia mencionó que en la información que ofrecen las instituciones públicas mediante sus páginas de Internet existen deficiencias y no hay un criterio uniforme que permita facilitar el acceso a información elemental.

Destacó que por la premura con que se aplicó la ley es difícil que se pudieran homogeneizar estos criterios, pero existen páginas donde se requiere cierta formación actuarial para, por ejemplo, calcular los salarios de funcionarios en función de sus prestaciones.

Por la mañana, Kate Doyle, de la National Security, destacó que en la experiencia estadunidense en materia de acceso a la información pública, por más buena voluntad que exista en el gobierno, nunca será suficiente para abrirla lo necesario. En términos generales, los ejecutivos tienden a minimizar costos e información, por lo que corresponde a la sociedad civil organizada abrir esos espacios, que en realidad son derechos sobre los destinos de los recursos y las políticas públicas.