Hoy la tendencia cambió en comparación con 1998, cuando sólo había 40% en contra

75% de los mexicanos se opone a privatizar sectores estatales: BM

La ''hostilidad creciente'' a esas políticas no está limitada a ''un puñado de radicales'', afirma

Reconoce efectos negativos en la distribución del ingreso, despidos y aumentos de precios

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La insistencia del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada de incrementar la participación del capital privado en actividades reservadas al Estado, como la industria eléctrica y la explotación de gas, va en sentido inverso al sentir de la mayoría de la población, que se manifiesta en contra de más privatizaciones, se desprende de un reporte del Banco Mundial (BM) difundido esta semana.

Con base en información de empresas de demoscopía regionales, el Banco Mundial señaló que al menos tres de cada cuatro mexicanos desaprueban las privatizaciones, cifra que revela un cambio de tendencia respecto de lo que ocurría hace apenas seis años. En 1998, la incorporación del capital privado a actividades reservadas al Estado era desaprobada por 40 por ciento de la población, pero en 2000 ya era 60 por ciento y creció hasta 75 por ciento en la última muestra.

El reporte Reformando la infraestructura, divulgado por el Banco Mundial el lunes pasado en Washington, establece que ''la hostilidad'' creciente a las privatizaciones ''no está limitada a un puñado de manifestantes radicales''. Encuestas de opinión pública en varios países en desarrollo o en transición (como se identifica a las naciones del ex bloque comunista) revelan ''un creciente desencanto'' hacia estas políticas, una desilusión alimentada por el despido de personas, el incremento de precios, el retraso (o ausencia) de los beneficios prometidos y el impacto de las privatizaciones en la distribución de la riqueza.

Para el organismo internacional, la región donde el rechazo de la población a las privatizaciones está más extendido es América Latina. Así como 75 por ciento de los mexicanos está en contra de ellas, la cifra alcanza a 90 por ciento de la población en Argentina y 80 por ciento en Brasil.

El reporte muestra que el rechazo de una abrumadora mayoría de latinoamericanos a las políticas de privatización -impuestas a la región a raíz de la crisis de la deuda externa de principio de los años 80- guarda relación directa con la creciente participación en los países de la zona de los capitales privados en áreas anteriormente reservadas al Estado, sobre todo en las relacionadas con infraestructura.

Desplome de la inversión

''La fuerte carga de la deuda obligó a muchos países en desarrollo a hacer ajustes fiscales que golpearon con especial fuerza la inversión pública en infraestructura'', indicó el reporte del Banco Mundial, organismo que, precisamente, fue el que impuso -junto con el Fondo Monetario Internacional- esos planes de ajuste en las dos pasadas décadas.

A continuación, el reporte cita el caso de gobiernos de América Latina que abatieron el monto de recursos públicos invertidos en infraestructura, al tiempo que abrían las puertas a mayor inversión privada.

En México, abunda el reporte, la inversión pública en infraestructura fue equivalente a 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) entre 1980 y 1984, para desplomarse a sólo 0.4 por ciento del PIB en la segunda mitad de la década pasada. En Brasil, para los mismos periodos, disminuyó de 3.7 a 0.6 por ciento del PIB, y en Argentina de 3.1 a 0.2 por ciento del producto.

Al tiempo que disminuía la inversión del Estado en infraestructura, creció la privada. El informe del banco estableció que entre 1990 y 2001 -última información disponible- la inversión privada en infraestructura hacia los países latinoamericanos fue de 361 mil millones de dólares, cantidad que representa 47.8 por ciento del total a las diferentes regiones del mundo en desarrollo. El este de Asia y Pacífico captó 211 mil millones de dólares; Europa del este y Asia Central 97 mil millones; sur de Asia, 40 mil millones, y Africa y Medio Oriente 46 mil millones de dólares, en todos los casos para el periodo comprendido entre 1990 y 2001.

¿Y la riqueza?

El Banco Mundial indica en el informe que recientes investigaciones sobre las privatizaciones en Argentina, Bolivia, México y Nicaragua muestran que no hubo un claro beneficio para la población, por ejemplo, con menor costo de los servicios. En cambio, sí se verificaron efectos adversos en la mitad de población de menor ingreso, derivados de los despidos.

''El efecto negativo en la distribución del ingreso causado por los despidos y los ajustes de precios (en los sectores privatizados) fueron más que compensados por mejoras en la calidad del servicio, incremento en el número de personas pobres que pueden obtener los servicios y el cambio en la estructura de las finanzas públicas, que beneficiaron más a las personas más pobres'', indicó el documento.