Se pretende convertir a Pemex en simple agencia de contratos, alertan especialistas

México, en la estrategia energética de Estados Unidos

ISRAEL RODRIGUEZ

La puesta en marcha de los contratos de servicios múltiples (CSM) por parte de las empresas trasnacionales, así como la instalación de plantas regasificadoras en la península de Baja California, México, responden a la estrategia de Estados Unidos de haber integrado el territorio nacional en su prospectiva energética, denunciaron expertos en temas energéticos.

Al participar en la conferencia Los contratos de servicios múltiples para la extracción de gas por las transnacionales, durante el foro México después del 2 de julio y el mundo actual, organizado por La Jornada y la Casa Lamm, Sergio Benito Osorio, ex legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que con la aplicación de los CSM, Pemex asume que no es capaz de abastecer la demanda de gas.

Lo que en el fondo van a provocar estos CSM es sustituir lo que Pemex tiene por mandato constitucional en el país para la explotación de los hidrocarburos. Es decir, son instrumentos jurídicos que vinculan desde la exploración, el transporte hasta que el titular de un contrato entregue el combustible a Pemex, todo con visos de inconstitucionalidad.

La demanda de gas ha aumentado, explicó el experto, principalmente por la construcción de plantas de generación eléctrica de ciclo combinado (que utilizan gas como combustible) por las trasnacionales como Unión Fenosa, Iberdorla, Mitsubishi, entre otras. De esta manera, más de 20 por ciento de la generación de energía eléctrica es efectuada por privados.

Consideró que las licitaciones de los CSM han sido un fracaso porque Pemex esperaba lograr una asociación con las grandes empresas petroleras como Shell, Chevron-Texaco, Exxon-Mobil, British Petroleum; sin embargo, sólo acudieron a las licitaciones las empresa medianas como Repsol y Petrobras, con lo que los resultados han sido mediocres.

Precisó que la prospectiva de gas de Estados Unidos identificó 12 proyectos para instalar plantas regasificadoras, de las cuales seis se instalarían en la península de Baja California. Esto, dijo, demuestra que la estrategia energética para México es dictada desde Estados Unidos.

En su oportunidad, Sandino Luna, experto en temas jurídicos e integrante de la organización no gubernamental Mesa Ciudadana de Observación de la Energía, aseguró que los CSM son inconstitucionales.

Esto se fundamenta, dijo, en el párrafo sexto del artículo 27 de nuestra Carta Magna, que es muy claro al señalar textualmente: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones, ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva".

En tanto, agregó, la ley reglamentaria establece en su artículo segundo: "Sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera en los términos del artículo siguiente.

Las violaciones -afirmó Sandino Luna- en los CSM son diversas ya que Pemex le transfiere a las multinacionales todas las potestades que constitucionalmente están reservadas al Estado.

Por su parte, Víctor Rodríguez- Padilla, investigador de la Facultad de Ingeniería y especialista en energéticos, sostuvo que la administración de Pemex por el gobierno federal está diseñada para que la empresa se extinga. Además, su sistema fiscal es una herramienta política para convertirla en sólo una oficina de administración de contratos y asignación de concesiones.

"Pemex se retira del terreno para que nuevos operadores ocupen su lugar. Cede reservas. El 22 por ciento de las reservas de la cuenca de Burgos ha sido entregada a las trasnacionales a través de los CSM".

Pemex cede, agregó, en este proceso, reservas, equipo, instalaciones, materiales e información estratégica. Pemex no incrementa sus conocimientos ni experiencia. No aumenta su capacidad tecnológica ni eleva su capacidad técnica, administrativa ni gerencial de sus trabajadores .

La administración de Pemex, por el gobierno federal, está basada en la autodestrucción y, por lo tanto, en la liquidación de la capacidad operativa del Estado en materia petrolera.

Los especialistas coincidieron en que las empresas trasnacionales que operan ya en el país son las mismas que preparan el informe sobre reservas de crudo y gas que el presidente Fox dará a conocer en su Informe de Gobierno el próximo primero de septiembre. Consideraron que Pemex obtendrá entre 5 y 7 mil millones de dólares adicionales por los elevados precios del petróleo, pero advirtieron que estos ingresos traerán nulos beneficios a la empresa, porque el gobierno tratará de "esterilizar" estos recursos para utilizarlos para el pago de pensiones y el intercambio y liquidación de una parte de los pagarés del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Rodríguez-Padilla aseveró que el gobierno federal administra a Pemex de tal manera que transite de empresa pública a compañía comercializadora de crudo y de productos extraídos y elaborados por las trasnacionales y de ahí se transforme a una simple agencia gubernamental de concesiones, contratos y permisos.

Aseguró que la participación privada es contraria a la misión de explotación directa por parte de la nación. Tampoco cumple con el cuarto principio, que es el de propiedad y control de la nación, porque la administración de Pemex, no significa otra cosa que abrir en forma creciente espacios de participación a empresas extranjeras para que poco a poco puedan nuevamente usar, disfrutar y disponer de los hidrocarburos de la nación mexicana. Se trata de un regreso al pasado a la expoliación, la prepotencia y la arbitrariedad del sistema de concesiones en su versión siglo XXI.