El titular del GDF dijo que no llamará a movilizaciones

"Que nos ganen en las urnas": López Obrador

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

"Que nos ganen en las urnas, dejen que el pueblo decida, como debe ser en una democracia", desafió el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, al gobierno federal, al referirse a la intención de "ganarle a la mala", al pretender que sea inhabilitado por el caso ddel predio El Encino y no pueda contender en las comicios presidenciales de 2006.

Llamó "mediocre" al gobierno federal: "no hay mejor definición que esa", dijo, al considerar que no se ha hecho nada para resolver los problemas nacionales, por lo que instó a trabajar para cumplir "lo que prometieron, como un crecimiento de la economía de 7 por ciento, resolver el conflicto de Chiapas en 15 minutos, generar empleos y dar muchos créditos para changarros y vochos", todas, promesas de campaña de Vicente Fox.

Los vochos, dijo, "ya ni existen". Rechazó considerar sus diferencias con la administración foxista como una confrontación, y prefirió aplicar el término "debate", al que, precisó, fue necesario llegar ante los constantes golpeteos que tenían la intención de no dejarlo trabajar.

"A ustedes les consta, aguantando, aguantando, aguantando, y golpe y golpe y golpe, amuele, amuele, amuele, y friegue, friegue, friegue. Entonces ya pinté mi raya y vamos a hablar", afirmó.

Manifestó que aún se preocupa cada vez que los medios dan a conocer los resultados de alguna encuesta sobre preferencias electorales, "porque ahí venía el ramalazo". Ayer, luego de que el sondeo más reciente mostró que ha recuperado los puntos que perdió tras los videoescándalos, consideró que ante la intención de destituirlo ya no hay otra cosa más que le puedan hacer. "Si ya nos tienen en un proceso en capilla, Ƒya que más?", preguntó.

Agradeció el apoyo de la gente y advirtió enseguida que va a seguir luchando. "Por la dignidad se puede y se debe arriesgar todo", expresó.

López Obrador comparó su situación en el caso de El Encino con la de un automovilista al que le inician una averiguación previa por una infracción que no cometió: "Es como pasarse un semáforo con luz amarilla, pero sin que fuese yo manejando".

Y añadió: "Que me gane, para no hablar en primera persona, que nos ganen en las urnas. Eso es la democracia, no que nos quieran descalificar. ƑNo que son gentes de bien, de buena conciencia? ƑCómo van a hacer eso?"

Enseguida planteó: "Que nos ganen a la buena, que le dejen al pueblo la decisión. ƑQuiénes son ellos para descalificar? ƑEn qué democracia vivimos?"

Dijo tener conocimiento de que al margen de la campaña que realiza el PRD para informar a la gente sobre el caso de El Encino, hay un grupo de ciudadanos que de manera voluntaria está repartiendo carteles entre automovilistas, pero descartó llamar la población para buscar su apoyo. "No nos adelantemos", pidió.

Consideró prematuro plantear un escenario de inestabilidad social derivado del desarrollo del juicio de procedencia en su contra en la Cámara de Diputados.

Pero dejó en claro que desde el gobierno no se convocará a la población a movilizarse, pues esa es una decisión de las organizaciones sociales y de los mismos ciudadanos. "No puedo yo hacer una convocatoria desde el gobierno con ese propósito", recalcó.

Legisladores del sol azteca inician cabildeo nacional

La derecha pretende cancelar el avance democrático, según PRD

ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS

Los legisladores del PRD iniciaron una "movilización nacional" en defensa del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, que incluye el cabildeo entre diversos sectores de la sociedad, como empresarios y miembros de la Iglesia, para explicarles la verdad sobre los argumentos mediante los cuales se pretende inhabilitar al gobernante capitalino para contender por la Presidencia de la República en 2006.

Los senadores perredistas Jesús Ortega, César Raúl Ojeda y Rutilio Escandón coincidieron en afirmar que harán todo lo posible para que haya conciencia en la sociedad sobre la decisión del presidente Vicente Fox de utilizar al aparato del Estado en contra de López Obrador.

"Es necesario que queden muy claras las maniobras legaloides del Ejecutivo y de su procurador, Rafael Macedo de la Concha", resaltó Ortega. Dijo que hay muchísimos ciudadanos en toda la República que no están de acuerdo con esas acciones encaminadas a quitar del camino a la Presidencia a López Obrador, "porque ello significaría borrar de un plumazo el avance democrático logrado en los pasados 30 años".

En entrevista por separado, el senador tabasqueño César Raúl Ojeda consideró necesario que tanto los empresarios como los representantes de la Iglesia y de otros partidos políticos sepan que no hay argumentos sólidos ni de fondo para solicitar el desafuero del jefe de Gobierno.

"No hubo violación a un mandato judicial en el caso del predio El Encino, además de que hay miles de laudos que no se han atendido", agregó el legislador. Comentó que no sólo los legisladores están preocupados por la embestida contra López Obrador.

"Creo que puede constituirse un movimiento nacional, porque veo a un gran número de ciudadanos molestos y decididos a no permitir que la ultraderecha cierre la posibilidad de un gobierno distinto, preocupado realmente en resolver los problemas de la mayoría de los mexicanos", manifestó.

A su vez, el senador perredista por Chiapas, Rutilio Escandón, señaló que el jefe de Gobierno capitalino no está solo en la lucha desigual que libra contra el aparato del Estado que encabeza Fox, ya que los legisladores y la dirigencia del PRD lo van a apoyar.

El senador Ortega aclaró que su partido no prepara movilizaciones de protesta, aunque es claro que si el gobierno y la Procuraduría General de la República insisten en hostigar a López Obrador, "eso hará seguramente que de manera espontánea la gente salga a la calle".

No debe olvidarse, recalcó, que los ciudadanos actúan por sí solos y protestan cuando se sienten indignados por algún agravio, "como éste de intentar la inhabilitación de un contrincante político. Costó por lo menos tres décadas de lucha, de represión, de sacrificios, lograr el avance democrático, para que ahora un grupo político eche por la borda todo con maniobras legaloides".

Miguel Covián: erró la instructora

La Procuraduría General de la República (PGR) decidió presentar la solicitud de juicio de procedencia en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, aun cuando no existe un proceso penal ni un delito comprobado que justificara la acción iniciada en la sección instructora de la Cámara de Diputados para retirarle el fuero, explicó ayer Miguel Covián Andrade, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En un foro organizado por el grupo parlamentario del PRD, planteó que ante el error de la procuraduría la sección instructora debió desechar la petición de desafuero, con el argumento de que no había materia para iniciar el procedimiento contra López Obrador.

La PGR, puntualizó, no estaba obligada a ejercer la acción penal, pues tenía la opción de no hacerlo o la podía ejercer posteriormente, una vez que se comprobara la existencia de un delito.

En este caso, comentó, hubo un error de procedimiento, porque el desafuero se inicia cuando hay un juicio penal en curso, que se detiene precisamente porque el juzgado no puede seguir actuando, ya que se trata de un servidor público que tiene inmunidad constitucional. Para continuar es necesario que la Cámara de Diputados se erija en jurado de procedencia y decida si debe retirarle el fuero, añadió.

"En este momento hay una pregunta que nadie podría resolver afirmativamente: ¿por qué le quieren quitar el fuero? Pues quién sabe, legalmente quién sabe. 'Es que se supone que violentó una instrucción...' ¿Pero en dónde está el delito debidamente comprobado ante la autoridad competente para iniciar el proceso? Pues no existe", afirmó.

Descarta Creel riesgos para la estabilidad política

Propone Gobernación al GDF diálogo constructivo

JESUS ARANDA

La Secretaría de Gobernación tuvo ayer por la mañana comunicación con funcionarios del Gobierno del Distrito Federal (GDF) "para proponer un diálogo constante que permita afianzar y evaluar la colaboración entre los gobiernos federal y de la ciudad de México" en los temas que "más preocupan la ciudadanía".

La dependencia federal precisó en un comunicado de dos párrafos que este viernes se llevará a cabo la primera reunión entre el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ramón Martín Huerta, con representantes de la administración de Andrés Manuel López Obrador, "para determinar los temas y las instituciones que participarían en las pláticas", con lo que se busca ratificar la colaboración y trabajo conjunto.

Por la mañana el secretario de Gobernación, Santiago Creel, había descartado cualquier posibilidad de que el conflicto con el jefe del GDF, López Obrador -en cuanto al desafuero y el presunto desacato de un laudo laboral- sea resuelto por la vía política. Aseguró que una cosa son asuntos jurídicos y otra los políticos.

Entrevistado en el contexto de las exequias del ministro de la Suprema Corte Humberto Román Palacios, rechazó que los procesos legales en curso contra el gobernante capitalino puedan derivar en ingobernabilidad o inestabilidad política.

Sostuvo que la gobernabilidad y estabilidad políticas que prevalecen se traducen en "estabilidad económica", bajas tasas de interés, baja inflación, finanzas públicas sanas, crecimiento de 5 por ciento en el mes pasado y aumento de 3.5 por ciento en el trimestre anterior.

Aunque reconoció que hay problemas, Creel apuntó que "también habrá que decir que tenemos instituciones para enfrentarlos con éxito".

Por su parte, el ministro retirado de la Suprema Corte Juventino V. Castro señaló al término de la ceremonia que el juicio de desafuero al jefe del GDF es "eminentemente político".

Pide evaluar eventuales efectos del juicio de procedencia

Valadés: los ataques al GDF pueden causar conflicto social

Señala el riesgo de que surja la "desobediencia civil"

La PGR tenía que cumplir la resolución judicial, afirma

KARINA AVILES

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi- co (UNAM), Diego Valadés, expresó que la Cámara de Diputados no debe emitir una resolución sobre Andrés Manuel López Obrador en la que no se valoren también los efectos "polí-ticos y sociales" que puede tener una declaratoria de procedencia en con- tra del jefe del Gobierno del Distri- to Federal.

"No podemos pensar en que la aplicación tajante, sin matices de la norma, genere la solución de un problema judicial y el inicio de un gran conflicto social", alertó. Señaló que no se debe colocar a la sociedad en la posición de incurrir en "actos de desobediencia civil, que es a lo que nos estamos acercando".

Por otra parte, cuestionó el criterio utilizado por la Presidencia de la República y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para negar a un grupo de investigadores del IIJ el acceso a las encuestas que realiza el Ejecutivo, al indicar que en el gobierno se considera que "la opinión de los mexicanos pone en riesgo la seguridad nacional de los propios mexicanos".

En entrevista realizada en el contexto de las mesas redondas El México agrario del siglo XXI, Valadés contó que Presidencia respondió a los investigadores que solicitaron dichas encuestas que "era material que no podía revelarse por razones de seguridad nacional. Que sólo hasta dentro de seis años se tendría acceso a los resultados.

"Estos investigadores fueron al IFAI y dicho instituto sostuvo el criterio", pero redujo el tiempo de reserva a dos años. Lo anterior quiere decir que "lo que estamos opinando pone en riesgo la seguridad nacional del país. Entonces uno se pregunta: Ƒqué estaremos opinando los mexicanos?"

Respecto al juicio de procedencia contra López Obrador, expresó que en la Cámara de Diputados se tendrá que proceder con un doble criterio: el jurídico y el político, que son igual de relevantes.

"Lo que no podrá llevarse a cabo es una resolución en la que no se valoren también los efectos políticos y sociales que puede tener una declaratoria de procedencia penal en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal", destacó.

Consideró que la Procuraduría General de la República no tenía otra opción más que dar cumplimiento a una resolución judicial, en este caso, de un tribunal colegiado. "Pero para eso existen otras instancias y la propia Constitución prevé que sea la Cámara de Diputados la que valore las razones que sean la salida para tomar una decisión", finalizó.