Gustavo Iruegas

Vituperio en boca propia

En dos ocasiones, durante el mes de mayo, el Presidente de la República se vio en la necesidad de desautorizar tajantemente importantes declaraciones públicas de dos de sus secretarios. Una de ellas provocó una inmediata vacante en el gabinete presidencial. La otra no fue suficiente para que el tema dejara de promoverse en las esferas concernidas del gobierno federal. Se trata de la participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) de las Naciones Unidas. La expresión invalidada fue en el sentido de que la actitud de México, que se supone contrario a participar en esa clase de operaciones, resulta hipócrita, ya que en realidad participa, pues oportunamente paga su parte proporcional del costo de las OMP a las Naciones Unidas.

La verdad es que México sí toma parte en tales operaciones. Pero lo hace en la medida en que le corresponde y nada más. En efecto, paga sus cuotas y con ello participa. Esa contribución es conocida en México y reconocida en el extranjero, y no es motivo de controversia. Más polémica es la participación de tropas mexicanas en las OMP, pero, por lo general, el tema queda resuelto en las caricaturas de la prensa nacional.

Son muchas las razones para que México, al margen del mérito de cada una de las OMP, se niegue a enviar tropas al extranjero: históricamente, porque se ha considerado de poco servicio al país arriesgar prestigio nacional y vidas de compatriotas por una participación que siempre sería onerosa y nunca dejaría de ser marginal. Políticamente, porque una decisión de esa naturaleza tiene que ser una decisión de Estado, es decir, tomada por el Ejecutivo con respaldo del Legislativo y apoyo popular. Jurídicamente, porque la salida de tropas requiere la orden del Presidente y la autorización expresa del Senado de la República, autorización que, si en otras épocas podía considerarse automática, en la actualidad nada puede garantizarla, pues no existe ya la política exterior de Estado. Prácticamente, porque el Ejército Mexicano es representativo de la población nacional y, como nación en vías de desarrollo, no reunimos las mejores condiciones para acudir a cualquier país del mundo a solucionar los problemas que los habitantes de ese país no han podido resolver.

Todo esto corresponde al envío de tropas mexicanas al extranjero y a ello exclusivamente. En las OMP se puede participar con dinero, con tropas, con policías, con expertos, con equipos y materiales. México, como cualquier otro país, resuelve su participación en función de dos elementos determinantes: la responsabilidad que como miembro de la comunidad internacional reconoce para sí en el problema y el grado en que éste afecta sus intereses nacionales.

México no es una potencia mundial y, por lo tanto, no asume responsabilidad ni tiene interés en todos los asuntos que ocurren en el mundo. Sí es, en cambio, un país con destacada, mas no decisiva, importancia en su entorno inmediato. Así, México mantuvo una atenta y activa presencia en los conflictos armados en Centroamérica porque su propia seguridad lo exigía y su condición de país vecino le imponía esa responsabilidad. Cuando, concertada la paz, llegó el momento de que las Naciones Unidas montaran una operación para mantener la paz, México no dudó en aportar un destacamento al contingente policiaco de boinas azules de Onusal que hizo presencia en territorio salvadoreño durante los dos años que tomó la desmovilización de los antiguos cuerpos policiacos y la creación de la nueva Policía Nacional Civil. Hacerlo era de su responsabilidad y de su interés inmediato. No fue ése el caso en la cuestión del Timor Oriental, que en cambio sí exigió la activa participación de Brasil, como el más importante miembro de la comunidad lusoparlante.

Considerando todo lo anterior, la participación de México en las OMP de las Naciones Unidas se puede reducir a la siguiente expresión: México paga sus cuotas pero no envía tropas al extranjero. En otras modalidades, su participación está condicionada por la responsabilidad que reconozca en el asunto y el grado en que sienta afectados sus intereses nacionales. No hay mucho que discutir. La práctica mexicana está claramente establecida y es funcional y operativa. Lo que sí está en duda, en las condiciones actuales, es la legitimidad con que las Naciones Unidas pueden montar operaciones de mantenimiento de la paz.

Si por un momento fuera posible abstraer de la realidad la regresión que experimenta el derecho internacional en nuestros días; si fuera dable tomar con levedad el sometimiento de las Naciones Unidas a la voluntad del gobierno de Estados Unidos; si se pudiera ignorar la irreflexiva ligereza con que el Consejo de Seguridad ha extraido a las tropas de Estados Unidos de la competencia de la Corte Penal Internacional; si no se tomara en cuenta que la Comisión de Derechos Humanos, pusilánime, omite en su agenda tratar las bárbaras y bien documentadas rupturas del derecho humanitario que se cometen sobre el pueblo de Irak; si todos estos quebrantos de la convivencia internacional no hicieran inútil el ejercicio, quizá valiera la pena ocuparse de la eventual participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.