México D.F. Viernes 18 de junio de 2004
Los inversionistas son también sujetos
de responsabilidades penales, afirmó
Bartlett: falso, que debería pagarse indemnización
a trasnacionales
El senador entregó la denuncia contra Pemex y
las autoridades de energía ante la ASF
Si se pasa por encima de la Constitución, los
contratos son nulos y no generan derechos
ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS
Los inversionistas extranjeros a los que de manera ilegal
se permite explotar los yacimientos de gas por medio de los contratos de
servicios múltiples (CSM), son también sujetos de responsabilidades
penales, advirtió el senador priísta Manuel Bartlett Díaz,
luego de entregar copia de la denuncia contra Petróleos Mexicanos
(Pemex) y las autoridades del sector energético ante la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).
Acerca
de la reacción de algunos representantes de trasnacionales petroleras
que restaron importancia al alcance de esa denuncia que un día antes
presentó en la Comisión de Vigilancia de la Cámara
de Diputados, Bartlett señaló que las empresas extranjeras
saben bien que han pasado por encima de la Constitución y que ''cuando
un contrato es nulo, no genera ningún derecho''.
Así que, agregó, es ''absolutamente falsa''
la tesis que manejan los interesados en la privatización, en sentido
de que si se declara la nulidad de los CSM, ''tendríamos que pagar
indemnizaciones millonarias a las trasnacionales''.
Sobre las declaraciones que algunos de los inversionistas
hicieron hoy en sentido de que si se les impide explotar los yacimientos
de gas que el gobierno foxista les concesionó, como el caso de Repsol,
les tendrían que pagar 2 mil 500 millones de dólares por
el capital invertido, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales
comentó que tal ''afirmación carece de sustento''.
Aconsejó a esas trasnacionales preguntar a sus
abogados, los cuales ''responderán que cuando un contrato es nulo,
no genera ningún derecho''. Destacó luego que esas empresas
''saben muy bien que en México los recursos energéticos están
reservados al Estado, a la Nación, por mandato constitucional; que
en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá la electricidad
y el petróleo quedaron reservados, y que el máximo tribunal
de país, la Suprema Corte, declaró inconstitucional un reglamento
presidencial que abrió la puerta a la inversión privada en
la industria eléctrica''.
Bartlett explicó que formalmente pudo presentar
la denuncia exclusivamente en la Comisión de Vigilancia de la Cámara
de Diputados, que la canaliza a la ASF, pero aclaró que decidió
llevarla también a la propia Auditoría Superior de la Federación,
dada la trascendencia de la demanda.
En la denuncia, explicó, se especifica que el presidente
Lázaro Cárdenas reformó la Constitución, luego
de la expropiación petrolera, ya que consideró que no bastaba
con que el país tuviera la propiedad de los energéticos que
le concedía el artículo 27 constitucional. Es decir, ''no
era suficiente con ser propietario de los recursos del subsuelo, sino que
éstos debían ser explotados exclusivamente por el Estado''.
Recordó que en ese entonces el presidente Cárdenas
insistió en que no debía permitirse que la explotación
del petróleo la hicieran las empresas extranjeras, y es precisamente
lo que Fox hace ahora al cederles, a través de los CSM, la riqueza
petrolera del país.
Cuestionado sobre el riesgo de que el presidente Fox trate
de evitar el cumplimiento del resolutivo de la ASF sobre los contratos
en cuestión, como hizo ya con las recomendaciones del organismo
en torno a los contratos para generar electricidad, el senador priísta
respondió que es obvio que el Ejecutivo federal, ''que se dice demócrata,
trata a toda costa que se le investigue y se le audite''.
¿Donde está la transparencia de este gobierno
si en cuanto la ASF determinó que son ilegales los permisos para
generar electricidad y le formuló una serie de recomendaciones,
presentó en la Suprema Corte una controversia contra la Auditoría
Superior de la Federación?
La realidad es que en el gobierno de Fox, sostuvo, ''son
unos cínicos que lo único que quieren es que nadie los investigue''.
Destacó que en la controversia constitucional contra la Auditoría
Superior, Fox argumenta que como Ejecutivo es soberano y no le pueden decir
nada. ''O sea, piensa que está por encima de la Constitución''.
Sin embargo, ''aunque sabemos que va a tratar de ganar
tiempo y si la denuncia contra los CSM prospera va a atacarla, vamos a
seguir en la lucha legal''.
Ironizó: ''Atendiendo los consejos del presidente
Fox, que hace unos días dijo que a un verdadero demócrata
no le importa la crítica, creo que estará encantado de las
muchas críticas a él por la privatización de Pemex
y a la señora Marta por el desvío de recursos de la Lotería
Nacional''.
De lo contrario, ''hay que insistirle para que nos diga
dónde está su transparencia y espíritu de demócrata''.
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