Los inversionistas son también sujetos de responsabilidades penales, afirmó

Bartlett: falso, que debería pagarse indemnización a trasnacionales

El senador entregó la denuncia contra Pemex y las autoridades de energía ante la ASF

Si se pasa por encima de la Constitución, los contratos son nulos y no generan derechos

ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS

Los inversionistas extranjeros a los que de manera ilegal se permite explotar los yacimientos de gas por medio de los contratos de servicios múltiples (CSM), son también sujetos de responsabilidades penales, advirtió el senador priísta Manuel Bartlett Díaz, luego de entregar copia de la denuncia contra Petróleos Mexicanos (Pemex) y las autoridades del sector energético ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Acerca de la reacción de algunos representantes de trasnacionales petroleras que restaron importancia al alcance de esa denuncia que un día antes presentó en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Bartlett señaló que las empresas extranjeras saben bien que han pasado por encima de la Constitución y que ''cuando un contrato es nulo, no genera ningún derecho''.

Así que, agregó, es ''absolutamente falsa'' la tesis que manejan los interesados en la privatización, en sentido de que si se declara la nulidad de los CSM, ''tendríamos que pagar indemnizaciones millonarias a las trasnacionales''.

Sobre las declaraciones que algunos de los inversionistas hicieron hoy en sentido de que si se les impide explotar los yacimientos de gas que el gobierno foxista les concesionó, como el caso de Repsol, les tendrían que pagar 2 mil 500 millones de dólares por el capital invertido, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales comentó que tal ''afirmación carece de sustento''.

Aconsejó a esas trasnacionales preguntar a sus abogados, los cuales ''responderán que cuando un contrato es nulo, no genera ningún derecho''. Destacó luego que esas empresas ''saben muy bien que en México los recursos energéticos están reservados al Estado, a la Nación, por mandato constitucional; que en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá la electricidad y el petróleo quedaron reservados, y que el máximo tribunal de país, la Suprema Corte, declaró inconstitucional un reglamento presidencial que abrió la puerta a la inversión privada en la industria eléctrica''.

Bartlett explicó que formalmente pudo presentar la denuncia exclusivamente en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que la canaliza a la ASF, pero aclaró que decidió llevarla también a la propia Auditoría Superior de la Federación, dada la trascendencia de la demanda.

En la denuncia, explicó, se especifica que el presidente Lázaro Cárdenas reformó la Constitución, luego de la expropiación petrolera, ya que consideró que no bastaba con que el país tuviera la propiedad de los energéticos que le concedía el artículo 27 constitucional. Es decir, ''no era suficiente con ser propietario de los recursos del subsuelo, sino que éstos debían ser explotados exclusivamente por el Estado''.

Recordó que en ese entonces el presidente Cárdenas insistió en que no debía permitirse que la explotación del petróleo la hicieran las empresas extranjeras, y es precisamente lo que Fox hace ahora al cederles, a través de los CSM, la riqueza petrolera del país.

Cuestionado sobre el riesgo de que el presidente Fox trate de evitar el cumplimiento del resolutivo de la ASF sobre los contratos en cuestión, como hizo ya con las recomendaciones del organismo en torno a los contratos para generar electricidad, el senador priísta respondió que es obvio que el Ejecutivo federal, ''que se dice demócrata, trata a toda costa que se le investigue y se le audite''.

¿Donde está la transparencia de este gobierno si en cuanto la ASF determinó que son ilegales los permisos para generar electricidad y le formuló una serie de recomendaciones, presentó en la Suprema Corte una controversia contra la Auditoría Superior de la Federación?

La realidad es que en el gobierno de Fox, sostuvo, ''son unos cínicos que lo único que quieren es que nadie los investigue''. Destacó que en la controversia constitucional contra la Auditoría Superior, Fox argumenta que como Ejecutivo es soberano y no le pueden decir nada. ''O sea, piensa que está por encima de la Constitución''.

Sin embargo, ''aunque sabemos que va a tratar de ganar tiempo y si la denuncia contra los CSM prospera va a atacarla, vamos a seguir en la lucha legal''.

Ironizó: ''Atendiendo los consejos del presidente Fox, que hace unos días dijo que a un verdadero demócrata no le importa la crítica, creo que estará encantado de las muchas críticas a él por la privatización de Pemex y a la señora Marta por el desvío de recursos de la Lotería Nacional''.

De lo contrario, ''hay que insistirle para que nos diga dónde está su transparencia y espíritu de demócrata''.

Desalentarían a inversionistas las impugnaciones a CSM

Sergio Guaso Montoya, director ejecutivo de los contratos de servicios múltiples (CSM), reconoció que las impugnaciones legales contra este esquema de ejecución de obras podría enrarecer el entorno y provocar el desánimo de los inversionistas. Sin embargo, aseguró que los contratos otorgados a las empresas privadas por Petróleos Mexicanos son legales.

''Evidentemente todas las actividades estamos asegurando que estén cabalmente apegadas al marco legal''. Indicó: ''Estamos enfocados a desarrollar los proyectos conforme a los compromisos; hay un presupuesto aprobado, metas de producción que cumplir y ese es uno de los objetivos''.

El miércoles pasado el senador Manuel Bartlett y el diputado Francisco Cuauhtémoc Frías, presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales de las cámaras de Senadores y de Diputados, respectivamente, presentaron una denuncia de hechos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra funcionarios de las secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público, Pemex, Comisión Reguladora de Energía, para que se revise el proceso de licitación para la explotación de gas natural en la Cuenca de Burgos por empresas privadas.

Guaso Montoya reiteró que los CSM cumplen con la Constitución. ''Los contratistas reciben un pago en efectivo por la ejecución de las obras, mientras Pemex mantiene la propiedad y control de los hidrocarburos y las obras realizadas''.

ISRAEL RODRIGUEZ