Opera 12 terminales; cálculos oficiales sitúan el precio en más de $13 mil 560 millones

El gobierno venderá sus acciones en el Grupo Aeroportuario del Pacífico

En 1998 se constituyeron cuatro conglomerados para su privatización; accionistas de control minoritarios conservarán la toma de decisiones; grupos españoles, los principales inversionistas

VICTOR CARDOSO Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA

A seis años de la privatización de los principales aeropuertos del país, el gobierno federal solicitó el registro para colocar en el mercado de valores 85 por ciento de las acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), las cuales tienen un valor aproximado de 13 mil 560 millones de pesos, según cálculos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La venta de esas acciones propiamente marcan el inicio de la etapa final de privatizaciones impulsadas durante cuatro regímenes del gobierno mexicano -tres del PRI y uno del PAN- a partir de 1983. En cada uno de los grupos aeroportuarios conformados para la privatización sólo se vendió 15 por ciento, que representa las acciones de control, mientras el resto lo ha mantenido el gobierno federal a través de fideicomisos administrados por Nacional Financiera.

La oferta pública prevé la venta de 13 mil 616 millones 849 mil 691 acciones, que representan 85 por ciento del capital social del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Aun cuando no se ha determinado el precio con el que saldrán al mercado, éste podría ser de un peso por acción, si se considera que ese es el coeficiente que resulta de dividir el número de títulos que saldrán al mercado entre el valor en que estima la Secretaría de Comunicaciones la participación gubernamental actual en el GAP.

Al respecto, en el prospecto de colocación se advierte: "Como resultado de la volatilidad del mercado de valores mexicano, el precio de mercado de las acciones puede experimentar fluctuaciones extremas de precio y volumen de operación"; además, se menciona que "existe un mercado limitado para las acciones de GAP" y que en el caso de que éstas no tengan operatividad, su liquidez "puede verse afectada negativamente y los tenedores de las mismas podrán no estar en posibilidad de enajenarlas en el mercado", a menos de que lo hagan a un precio "sustancialmente inferior" al de su adquisición.

No obstante, el control del Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera 12 terminales aéreas internacionales, lo mantendrá el consorcio Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP) que posee 15 por ciento del capital de la empresa.

La concesión incluye la operación de los aeropuertos de Guadalajara, Manzanillo, Tijuana, Puerto Vallarta, San José del Cabo, La Paz, Hermosillo, León, Morelia, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis. En conjunto movilizan 17.8 millones de pasajeros al año. En 2003 este grupo obtuvo 294 millones de pesos en utilidades netas.

Este consorcio está integrado, entre otras compañías, por: AENA Internacional, filial del mayor operador aeroportuario de Europa; Holdingmex, accionista mayoritario de la empresa mexicana Jugos del Valle, así como Inversora del Noroeste, compañía controlada por Unión Fenosa.

Unión Fenosa es el tercer mayor corporativo en materia de generación de electricidad en España, de donde es originario. Sus inversiones en México se calculan en unos mil 200 millones de dólares a partir de 1997. De ese año a la fecha ha construido y opera cuatro centrales de generación de electricidad en México.

AENA Internacional, por su parte, es filial del corporativo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que administra 47 aeropuertos en su país y 16 en América Latina (12 en México, tres en Colombia y uno en Cuba); se encarga de la gestión y control del tráfico en el espacio aéreo de España.

Participa en la sociedad el también ibérico Grupo Dragados, que es una de las mayores empresas constructoras del mundo. Opera concesiones aeroportuarias, ferroviarias, autopistas y sus líneas de negocio abarcan la construcción de plataformas petroleras marinas.

Riesgos y controversias

En el prospecto de colocación presentado en la BMV y la CNBV, el GAP advierte de la existencia de diversas demandas. Una de ellas, contra la Secretaría de Hacienda, la cual rechazó aceptarle la deducción de 64 millones de pesos de gastos operativos por honorarios al gubernamental Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), al cual se había recurrido mientras se integraba como socio el Grupo Dragados.

También existe un proceso de devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por casi 77 millones de pesos, derivado de un saldo a favor calculado por el propio grupo.