Opción ante la reforma educativa de PRI y PAN: Sosa

Analiza el GDF presentar controversia constitucional

LAURA GOMEZ FLORES

La controversia constitucional es una de las alternativas que analiza el gobierno capitalino ante la negativa de PRI y PAN de negociar la modificación al artículo 122 constitucional, que reduciría en 9 mil millones de pesos su presupuesto para educación.

Este tema tiene "mayor trascendencia que la destitución del jefe de Gobierno y es una declaración de guerra para la ciudad", consideró el presidente de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien advirtió que la adición de una base sexta a dicho artículo, para repartir esos recursos entre los estados, "es uno de los ataques más peligrosos que ha sufrido la administración local en esta etapa de controversias, pero como no afecta a un personaje político, no es considerado por los legisladores".

Momentos después de suspender la sesión de dicha comisión para analizar la modificación constitucional, por falta de quórum, Ortiz Pinchetti aclaró que las autoridades capitalinas jamás se han negado a negociar la descentralización educativa, sino por el contrario, han insistido en impulsar ese proceso, pero en forma inteligente, respetando los derechos sindicales de los trabajadores de la educación y toda la trama administrativa. Sin embargo, dijo, la negativa de los representantes de PRI y PAN ha obligado a analizar múltiples vías para, en su momento, presentar un alegato ante las autoridades, de no lograr sensibilizar a los diputados sobre la importancia del tema y para evitar "un atropello".

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Raquel Sosa Elizaga, adelantó que entre las alternativas que se estudian, se encuentra presentar una controversia constitucional, porque dicha reforma no tiende a apoyar al sector educativo capitalino y existen otras formas de resolver la necesidad de recursos de los estados.

Al término de la inauguración de la exposición de pintura infantil México-Centroamérica, la funcionaria precisó que no existe una base de cálculo firme para hablar de un recorte de 9 mil millones de pesos. "Si tomamos en cuenta la cifra de 29 mil millones de pesos para educación básica, estaríamos hablando de 40 por ciento de los recursos, cuando los estados canalizan 24 por ciento", agregó.

La propuesta de los legisladores, señaló, no toma en cuenta las inversiones realizadas en esta materia, que suman alrededor de mil 800 millones de pesos; es decir, 700 por ciento superior respecto de la anterior administración. Reiteró que el Gobierno del DF tiene interés por concretar la descentralización educativa, pero bajo criterios de equidad y justicia.

Sostuvo que los diputados de PRI y PAN impulsan un cambio constitucional para quitar una fuerte cantidad de recursos al gobierno capitalino, utilizando como pretexto la educación, "para entregarlos a los estados o dedicarlos a otras cosas que ignoramos, situación que es conveniente dar a conocer a la población para estar alerta y enfrentar esta embestida".

Por ello, comentó, un equipo de especialistas explora diversas alternativas, y una de ellas es la controversia constitucional. Inclusive "ya está en marcha el procedimiento y en unos días se tendrán noticias pero, como ha reiterado el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, no se van a hacer negociaciones vergonzantes ni se van a dejar de lado los principios para evitar la modificación del 122 constitucional".