El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, realizó ayer dos señalamientos de elemental sentido común que representan otros tantos golpes para la renovada política imperial de Estados Unidos en el mundo.

El primero es que, a pesar de la más reciente resolución del Consejo de Seguridad, que pretende que el organismo internacional asuma responsabilidades en la ocupación de Irak -ocupación que actualmente mantienen, con crecientes dificultades, Washington, Londres y algunos socios menores-, no existen las mínimas condiciones de seguridad para el restablecimiento de una misión permanente de la ONU en el país invadido. "Actualmente -dijo Annan- las circunstancias no permiten" la vuelta de Naciones Unidas a Bagdad tras el atentado que destruyó la sede de la organización en esa capital, en agosto del año pasado, y en el que murieron el representante de la ONU, Sergio Vieira de Mello, y otras 21 personas. Si hiciera falta una confirmación de la falta de condiciones mencionada por Annan, ayer mismo la resistencia iraquí perpetró dos cruentos atentados en los que murieron más de 40 personas y resultaron lesionadas cerca de un centenar. La violencia de los ocupantes y la violencia de los combatientes iraquíes opuestos a las tropas extranjeras obligan a descartar el panorama de "normalización" y "pacificación" prometido por los gobernantes estadunidenses desde hace un año y que resultaría indispensable para un retorno de Naciones Unidas a Irak.

Tales circunstancias implican que George W. Bush, Tony Blair y los aliados que les quedan tendrán que enfrentar la disyuntiva de mantener, sin cobertura de organismo internacional alguno, una ocupación militar cada vez más onerosa -en lo económico, en lo político y en lo social- o aceptar la derrota y sacar sus tropas del país invadido.

Por otra parte, Annan destacó ayer la inconveniencia de extender la inmunidad judicial de los soldados estadunidenses por parte del Consejo de Seguridad. Cabe recordar que desde el año antepasado esa instancia aceptó, de manera por demás vergonzosa, inmoral e injusta, que los efectivos militares de Washington no pudieran ser acusados ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por delitos cometidos en misiones de servicio. Para lograr semejante trato de excepción, el gobierno estadunidense amenazó con dejar de participar en las misiones de paz de la ONU. Hoy, ese chantaje se revierte contra Washington, toda vez que, si no logra extender la garantía de impunidad para sus soldados, tendrá que dejarlos en casa.

Para hacerse una idea de lo que significa la exclusión de las fuerzas estadunidenses del Tratado de Roma -por medio del cual se estableció el TPI-, baste señalar que los militares que participaron en las indignantes torturas cometidas en la cárcel de Abu Ghraib contra prisioneros iraquíes -y algunas de cuyas fotos han escan- dalizado y consternado al mundo entero- no podrán ser procesados por esos delitos en el tribunal internacional. Prorrogar la inmunidad penal de los efectivos de Washington equivaldría, en consecuencia, a propiciar que la Casa Blanca siga enviando torturadores en sus expediciones militares y que lo haga, para colmo, con la bendición de la ONU.