Se trata de una "exigencia ciudadana que debe ser oída", plantea el procurador

Macedo, por abrir discusión sobre pena de muerte y cadena perpetua

Propone que el Congreso de la Unión analice esa demanda, pues se trata de un "reclamo y mandato"

Señala la necesidad de endurecer los castigos contra delitos de alto impacto como el secuestro

ROSA ELVIRA VARGAS

A contrapelo de los históricos principios de México contra la pena de muerte e incluso de la oposición contra ese castigo que ha enarbolado su jefe, el presidente Vicente Fox, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, planteó la necesidad de discutir el tema, pues se trata de una "exigencia ciudadana que debe ser oída".

Pidió reflexionar sobre los reclamos que hace la sociedad y abrir el debate no sólo sobre la pena capital, sino también también sobre temas como la cadena perpetua y otros que nunca se han incorporado "por compromisos que hemos asumido ante el ámbito internacional", pero que deberán establecerse para delitos que hoy tienen alto impacto, como el secuestro.

Primero en su discurso durante la ceremonia de graduación de 275 nuevos agentes federales de investigación y luego en entrevista, Macedo de la Concha aseguró que la convicción ciudadana rebasó a los convocantes de la marcha del domingo pasado. Dijo que además de un "ya basta" contra la inseguridad también fue una severa llamada de atención y un extrañamiento a todas las autoridades para que cumplan.

"Hoy, el único voto que debe existir es para un México mejor'', expresó Macedo en un discurso ante el presidente Fox, en el que invirtió más de media hora y en el cual afirmó también que un gobierno democrático sirve a los ciudadanos, recoge sus propuestas y denuncias, "no expropia sus sueños y aspiraciones".

Rechazó que con tales expresiones aludiera al Gobierno del Distrito Federal, pues "yo no confronto ni polemizo sobre lo que dicen los demás; lo que sí puedo decir es que la convicción, hoy, de la PGR está con el reclamo legítimo de los mexicanos, y para ello vamos a actuar, y el único lenguaje que yo conozco es el de los resultados''.

Consideró que "prácticamente toda la ciudadanía" está en favor de la cadena perpetua y planteó que el Congreso debe analizar esa demanda con responsabilidad, pues se trata de un "reclamo y mandato".

Con todo, admitió el carácter "multifactorial" del delito, proceso en el cual muchos de los problemas que aquejan al país contribuyen a su proliferación: desempleo, marginación, pobreza, factores económicos.

Afirma que podría propiciar la comisión de algunos crímenes con sanciones soportables

Castro y Castro advierte riesgos por penas más severas

JESUS ARANDA

El ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino V. Castro y Castro planteó que antes de pensar en elevar las penas carcelarias a los delincuentes -en particular a los secuestradores- y propugnar por el incremento de efectivos policiacos para hacer frente a la creciente inseguridad, se debe consultar a criminólogos, sociólogos, penalistas, sicólogos sociales y maestros para que propongan, "para que empiecen por decirnos qué hacer" y dejar de lado la pretendida solución "de escopetazo".

En declaraciones a La Jornada, Castro y Castro sostuvo que la mejor alternativa para enfrentar el problema de la criminalidad es estudiar las causas sociales que la propician y la producen, antes de tomar decisiones apresuradas.

Al referirse a la marcha del pasado domingo contra la delincuencia, el ministro retirado afirmó que la movilización no fue contra los códigos penales o procesales, sino que el pueblo manifestó su indignación y deseo enorme de que se resuelva un grave problema. Sin embargo, aclaró que "hace ya mucho tiempo que la autoridad fue rebasada por la delincuencia"

En una reflexión que el mismo ministro denominó "Y después de šqué!, Ƒqué?", Castro y Castro indicó que la concentración "fue también contra las autoridades que usan su tiempo para luchar entre sí y políticamente derrotar a sus enemigos, más que para atender problemas sociales a su cargo y responsabilidad".

Lamentó que el gran movimiento ciudadano surgido tras los terremotos de 1985 -cuando la gente superó la "lastimosa autoridad" de aquellos años-, después de atender la situación de emergencia del momento, resulta que "todos volvimos a la indiferencia, al egoísmo y a la desatención de las cuestiones sociales".

Ante la petición concreta de los manifestantes por endurecer las sanciones (como imponer cadena perpetua o pena de muerte) por el delito de secuestro, estableció que es "un mensaje concreto" al Poder Legislativo: aumentar las sentencias y obligar al Poder Judicial a aplicar en lo sucesivo las nuevas sanciones que acaben con la criminalidad, "y no las viejas penas que propician la delincuencia".

No obstante, advirtió que endurecer las penas podría derivar en que "los criminales ya no secuestren, sino prefieran robar, asaltar, despojar, defraudar, extorsionar o abusar en cualquier forma contra la población", es decir, cometer delitos con penas "más soportables que el secuestro".

La voz de cada uno de los ciudadanos es el factor primordial para triunfar, señala

Acepta Fox que sólo se han alcanzado soluciones parciales contra el crimen

Propone el mandatario homologar leyes y profesionalizar y unificar cuerpos policiacos

ROSA ELVIRA VARGAS

Esta vez con la autocrítica llevada a extremos, pues prácticamente no ubicó logros de su gobierno en la materia, el presidente Vicente Fox dijo que la sociedad tiene toda la razón en estar insatisfecha y enojada ante los elevados índices de inseguridad. Llamó enseguida a los actores políticos, a los tres poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno a actuar en un solo frente para homologar leyes y códigos penales, profesionalizar y unificar cuerpos policiacos, coordinarse y actuar ''como el mismo pueblo mexicano que somos''.

Inevitable la referencia a la movilización del domingo, el mandatario aprovechó el egreso de una nueva generación de agentes federales de investigación para asegurar que el gobierno federal se solidariza con las justas causas ciudadanas, asumiendo compromisos concretos.

Hizo entonces una nueva defensa de su proyecto de reformas sobre seguridad pública y justicia penal que tiene en el Congreso, pues es preciso ''afinar nuestra eficacia'' en la detención de delincuentes. ''Con las penas actuales, un secuestrador estará como mínimo 20 años en la cárcel, pero el problema es que no los estamos deteniendo a todos ellos''.

Sí, abundó el Presidente, hay que aumentar los castigos, pero sobre todo elevar la eficacia que se requiere para que todos los delincuentes vayan a la cárcel a pagar sus penas.

Para el mandatario, hoy corresponde poner en marcha una política de Estado en contra del delito, pues al ciudadano no le interesa saber de competencias, de fueros común o federal. Le interesa la solución a sus problemas, sentirse seguro, confiar en su policía y en sus autoridades. ''Quiere que lo hagamos ahora, que lo hagamos ya'', y todos con el mismo sentido de responsabilidad.

Defendió la intención de unificar las tareas de los cuerpos policiacos federales y locales, sobre todo ante el hecho de que por cada 70 de los segundos apenas opera un agente federal de investigación.

Y con el ejemplo de los propios agentes inició la aceptación presidencial sobre las insuficiencias y equivocaciones gubernamentales en materia de procuración de justicia. ''Durante décadas, México ha tenido que pagar el costo de tener una policía sin profesionalización; durante décadas, la sociedad entera ha padecido de la mala selección y preparación de los policías; más aún, ha padecido de la carencia de valores en los elementos de seguridad.''

Señaló que si bien su gobierno ha fortalecido estructuras y modificado otras -la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la reorganización ''radical'' de la Procuraduría General de la República y la formación de la Agencia Federal de Investigación-, lo cierto es que ''los gobiernos sólo hemos alcanzado soluciones parciales en la lucha contra el crimen y aún tenemos mucho por hacer''.

Como lo hiciera el mismo domingo, horas después de las marchas que se realizaron en varias ciudades del país y la multitudinaria del Distrito Federal, el jefe del Ejecutivo dijo sentirse ''congratulado'' por la gran participación y respuesta a esa convocatoria ciudadana.

''La voz de cada uno de los ciudadanos es el factor primordial para triunfar en esta guerra contra la delincuencia'', dijo, y dio la bienvenida a toda iniciativa social que tenga como fin cooperar con las autoridades. Dijo que es necesario que la sociedad actúe como un auténtico vigilante, que se erija en el actor central del ejercicio público de la justicia penal y que participe de manera directa en la construcción de la política pública, en la supervisión de la actuación de los funcionarios y de los cuerpos policiacos.

De acuerdo con Los Pinos, será entre hoy y mañana que el mandatario reciba en audiencia especial a los dirigentes de las organizaciones convocantes a la marcha del domingo. Se indicó que se trata ubicar en la agenda presidencial el día oportuno para este encuentro.

Admite que mucha gente acudió por voluntad propia

Critica López Obrador a quienes sacaron raja política de la marcha

BERTHA TERESA RAMIREZ Y SUSANA GONZALEZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, señaló ayer que mucha de la gente que el domingo participó en la marcha contra la inseguridad lo hizo por su voluntad propia, ya que acudieron a manifestarse ante uno de los principales problemas de la ciudad y del país. Sin embargo, insistió en que hubo ''mano negra'' de quienes promovieron la protesta para sacar ''raja política'' de este asunto.

Por su parte, el secretario de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que la gente está harta de la confrontación y de las descalificaciones entre los gobiernos federal y local, y dijo que la sociedad reclama el esfuerzo y la suma de acciones conjuntas contra la inseguridad.

A su vez, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, consideró que la marcha fue ''muy significativa'', pero advirtió que ''si alguien quiso enfocar todo en contra del gobierno de la ciudad, la cantidad de personas y la espontaneidad con que se manifestaron puso las cosas en su lugar''.

Dijo que se entiende que el mensaje es sobre un problema de carácter nacional que se afronta de diversas maneras, y en lo que toca a la procuraduría capitalina ''la lectura que le damos es en primer lugar que hay que empeñarnos más, trabajar más duro... No partimos de cero, la marcha nos encuentra en un momento en que vamos a la mitad de un programa que presentamos a principios de año, que se ha ido desenvolviendo bien''. Insistió en que se han reducido los índices de robo de vehículos y a transportistas, mientras el homicidio se mantiene en un promedio similar al del año pasado.

Puntualizó que las autoridades capitalinas no se sienten insatisfechas por los resultados alcanzados hasta ahora, porque las cifras sobre la incidencia delictiva reflejan que el primer semestre de este año ha sido el mejor de la década reciente. ''Sin embargo, se han ido acumulando agravios y la gente, a través de los años, no quiere solamente que se disminuyan los delitos, sino que se acabe con ellos, y ése es el esfuerzo que vamos a seguir haciendo'', comentó al salir de la reunión del gabinete de gobierno y seguridad pública.

Por su parte, durante la conferencia de prensa matutina López Obrador señaló que la ''mano negra'' a que hace alusión intervino por medio de la manipulación y la politiquería de ''las derechas'', el oportunismo del gobierno federal, las declaraciones del presidente Vicente Fox y la campaña mediática. Acerca de lo que sigue después de la marcha, y si se va a reunir con el Presidente para combatir juntos la delincuencia, respondió que en materia de seguridad siempre ha habido acercamiento y ''procuramos no mezclar diferencias que se tienen, propias de dos proyectos distintos de nación'', indicó el mandatario capitalino.

Al referirse a la participación de diversos inversionistas en la marcha señaló que es inaceptable que empresarios hayan participado en la misma disfrazados de sociedad civil.

Consideró que desde el inicio de su administración ha trabajado junto con su gabinete de seguridad para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública de los capitalinos, e insistió en que el número de delitos cometidos en la ciudad ha disminuido considerablemente. También precisó que tan sólo en el semestre que está por concluir se logró una disminución en la incidencia delictiva que no se había dado desde hace 10 años.

Indicó que a pesar de que el número de denuncias bajó de 700 diarias a 470, la cifra sigue siendo alta, lo que hace difícil cambiar la percepción de la ciudadanía sobre el problema.

Si a esta situación se añade la ''campaña amarillista'' de algunos medios de comunicación, la ''manipulación de las derechas'' y el ''oportunismo'' del gobierno federal, insistió, no es fácil dar la batalla sobre la percepción de la ciudadanía respecto de este problema.

Añadió que el problema no es sólo un asunto de policías y ladrones, sino responde a causas relacionadas con la falta de crecimiento económico, desempleo y algunos otros factores, como destinar 50 mil millones de pesos anualmente al pago del Fobaproa, lo cual podría utilizarse para tener diez veces más policías en todo el país, respecto de los que se tienen actualmente.

Sobre la marcha abundó que nunca había visto que los medios dieran seguimiento a un acto de ese tipo con tanta amplitud, aunque mencionó que quizá con esto gane la sociedad, porque seguramente darán la misma cobertura cuando haya un movimiento en favor de la justicia.

''Cuando se reclame a los bancos que no se lleven tanto del presupuesto, pues también va a haber cobertura de ese tipo, me imagino; y cuando se esté pidiendo que haya justicia en temas como la necesidad de trabajo, la necesidad de educación, la necesidad de salud'', seguramente también habrá una amplia difusión.

Finalmente aclaró que ''el hecho de que yo diga que las derechas están participando, el hecho que yo diga que hay mucho amarillismo, el hecho de que yo diga que hay una actitud oportunista del gobierno federal, no significa que yo esté en contra de quienes legítimamente están exigiendo más seguridad en la ciudad y en el país''.

Por otra parte, en la misma reunión del gabinete de seguridad, Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad Pública, coincidió en que el reclamo de los manifestantes del domingo es para que las autoridades obtengan mejores resultados en el corto plazo, e insistió en que se requieren diversas reformas legales, como la unificación de las policías preventiva y judicial para que el Distrito Federal cuente con su propia ley de seguridad pública.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Distrito Federal, Alejandro Encinas, señaló que la gente está harta de la confrontación y de las descalificaciones entre los gobiernos federal y local. Dijo que la sociedad reclama el esfuerzo y la suma de acciones conjuntas contra la inseguridad.

Entrevistado al término de la reunión del gabinete de seguridad pública, agregó que se requiere que ambas administraciones realicen un trabajo institucional serio y duradero, y destacó los pasos que se han dado en estos días para iniciar un trabajo conjunto con otras autoridades.

Señaló que una de las acciones más importantes fue la reunión que este lunes tuvieron los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, y los titulares de las Procuradurías de Justicia de los estados de la región centro del país en Metepec, estado de México, durante la cual se tomaron decisiones para fortalecer las tareas que ya se vienen realizando, como operativos policiacos en las zonas limítrofes y labores de inteligencia, intercambio de información, así como acciones que se puedan poner en marcha en toda la región.

Respecto de la marcha del domingo, Encinas señaló que en ésta se percibieron dos posiciones: una, que busca el endurecimiento de las penas, incluso la más severa, que es la pena de muerte, que incluso demanda autoritarismo, independientemente de la violación a los derechos humanos, y otra que ve los problemas de origen, los problemas de carácter social y desarrollo económico.

Dijo que hay que ir a las causas del problema y no solamente atacar los efectos, y "efectivamente hay que recoger los reclamos que en la propia marcha se manifestaron en la necesidad de buscar un desarrollo más equitativo y buscar que el país recupera la senda de desarrollo económico".

Sostuvo que una de las virtudes de la movilización fue que los asistentes rebasaron a los convocantes y organizadores: "nosotros señalamos desde un principio nuestra preocupación porque quisiera manipularse o partidizarse en algún sentido la movilización y el domingo vimos un movimiento social mucho más allá de los propios organizadores, aunque no faltará quien quiera capitalizar en su favor la movilización".

Aclaró que hasta el momento no existe ninguna invitación de la Presidencia de la República en torno a la presunta reunión que tendría Vicente Fox con funcionarios del Gobierno del Distrito Federal para abordar el tema de la seguridad.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Martí Batres, dijo que la delincuencia no puede ser combatida porque permanece un proyecto económico que la reproduce.

Creel dice que el gobierno federal asumirá su responsabilidad y pide al GDF hacerlo también

Proponen en San Lázaro realizar una convención nacional sobre seguridad

Al considerar que la marcha del domingo contra la inseguridad y el secuestro fue un llamado de atención a las autoridades federales y locales, los grupos parlamentarios de PRD, PT y PRI en la Cámara de Diputados plantearon la necesidad de que los partidos, el Ejecutivo federal y el Poder Judicial asuman una sola posición en materia de reformas legales y de acciones para la solución de este problema, y que ésta se discuta en una convención nacional sobre seguridad pública y justicia penal. En tanto, los senadores consideraron que para lograr los cambios legales que demanda la ciudadanía se debe convocar a un periodo extraordinario de sesiones.

Por la noche, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, consideró "irresponsable" desatar ahora polémicas acerca de una presunta manipulación de la movilización ciudadana, y anunció que pasado mañana el gobierno federal recibirá a los principales grupos convocantes de la movilización para compartir el diagnóstico sobre la situación que prevalece en materia de seguridad en el país. Agregó que aún no se decide si asistirán otros secretarios de Estado.

Creel sostuvo que el gobierno federal asume su responsabilidad, por lo que "no se va a hacer ojo de hormiga", y manifestó que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, también debe sus obligaciones.

En la Cámara de Diputados el grupo parlamentario del PRD sostuvo una reunión en la que se decidió enviar una convocatoria al Presidente, a los coordinadores de los grupos parlamentarios, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores, congresos locales y magistrados de los tribunales de justicia de los estados, para convocar cuanto antes a la citada convención.

En conferencia de prensa para anunciar el envío de la misiva, el coordinador del PRD en San Lázaro, Pablo Gómez, señaló que el abatimiento de los índices de delincuencia es un esfuerzo que corresponde al Estado en su conjunto, no sólo al Poder Legislativo, sobre la base del respeto a las libertades y a los derechos humanos.

Por otra parte, el fiscal para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, consideró que no será con adecuaciones legales como se abatirá el crimen en México. "Mientras no haya eficacia en la persecución y castigo de los delitos, la impunidad seguirá reinando. La principal medida es la sanción de todos los delitos, incluidos los del pasado", expresó.

Por su lado, senadores de PRI, PAN y PRD coincidieron en que se debe ser sensible y atender los reclamos ciudadanos y "no poner oídos sordos". El priísta Enrique Jackson dijo que se considera la posibilidad de efectuar un periodo extraordinario para legislar la iniciativas de seguridad, "como respuesta oportuna y obligada reciprocidad en demostrar que somos sensibles a los reclamos de la gente".

Humberto Roque Villanueva resaltó que la respuesta del presidente Fox a la marcha del domingo "habla de un oportunismo ingenuo que no sabe que la mitad de las inconformidades iban contra él. Es oportunista, lo ha sido todo el tiempo, y en este caso es ingenuo".

El perredista Jesús Ortega propuso crear un consejo de Estado para la seguridad pública que supere la coordinación que hoy tiene exclusivamente el gobierno, y que se incluya a los actores sociales.

Líderes locales de PRD, PRI y PVEM, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y representantes de órganos autónomos de esta capital consideraron que la marcha ciudadana fue un llamado de atención tanto a los partidos políticos como a las autoridades para que actúen ya en el ámbito de sus competencias y dejen atrás las confrontaciones estériles.

En Culiacán, el gobernador de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga, subrayó que es urgente que los gobiernos federal, estatales y municipales alcancen acuerdos, superen los "desencuentros" y se deje de pensar en la próxima elección, porque de lo contrario la ciudadanía le dará la espalda a la política y a la democracia.

En Hermosillo, Sonora, los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hicieron un fuerte reclamo al presidente Vicente Fox y al jefe de gobierno capitalino para que dejen el "teatro de sombras y el intercambio de adjetivos", porque no se puede jugar con el futuro de México perdiendo el tiempo en enfrentamientos estériles.

El procurador de Justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, advirtió que de no haber respuesta inmediata a la demanda de mayor seguridad, los gobiernos "tendrán un costo electoral". Destacó que se requiere trabajar en operativos encubiertos, atender "focos rojos de la delincuencia" y mejorar la aplicación de las penalidades.

El gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, anunció que presentará una serie de propuestas en la Conferencia Nacional de Gobernadores que respondan a la demanda de seguridad que exige la sociedad.

Ana Teresa Aranda, directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, pidió que los castigos contra secuestradores de menores sean más "severos" y descartó que sea apropiado aplicar la pena de muerte.

El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, señaló que el problema de la inseguridad pública tiene su origen en la falta de empleo.

Por su parte, el secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, aseguró que la inseguridad no ha provocado que salgan inversiones de México. A su vez, el coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, Eduardo Sojo, dijo que la marcha es un llamado a los tres poderes de la Unión para enfrentar la delincuencia. El embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, dijo que la manifestación fue una muestra de "la democracia de México".

ENRIQUE MENDEZ, VICTOR BALLINAS, ALONSO URRUTIA, RAUL LLANOS, DAVID ZUÑIGA, CAROLINA GOMEZ Y PATRICIA MUÑOZ, REPORTEROS, Y JAVIER VALDEZ, CRISTOBAL GARCIA, SILVIA CHAVEZ E ISRAEL DAVILA, CORRESPONSALES