El gobernador panista vetó además dos reformas legales aprobadas por la mayoría del PRI

Desata Elorduy conflicto de poderes tras desconocer al Congreso de BC

Las medidas, en respuesta a la "destitución" por priístas de 7 diputados del PAN el pasado día 12

ANTONIO HERAS CORRESPONSAL

Mexicali, BC, 28 de junio. El gobernador panista Eugenio Elorduy Walther abrió un conflicto entre poderes en el estado al desconocer al actual Congreso local y vetar dos reformas legales aprobadas por la mayoría priísta, una que crea el Organo Superior de Fiscalización -el cual sustituye las funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso- y otra que regula los salarios de los servidores públicos estatales y municipales.

En una serie de "observaciones" enviadas al Congreso, donde notifica su veto, Elorduy Walter dijo a los legisladores que carecen de "legalidad" como órgano, y que no ofrecen "seguridad jurídica" debido a que su actual conformación es resultado de un acto donde se violentó la ley.

La decisión del gobernador de ejercer el veto, para lo cual está legalmente facultado, se da en respuesta al desconocimiento que el PRI hizo de siete diputados panistas -llamó a sus suplentes- el pasado 12 de junio. En esa fecha, el PRI asumió la presidencia del Congreso, que le tocaba por el sistema de rotación establecido, y trasladó a las oficinas de la Contaduría Mayor de Hacienda la sesión del pleno. Los panistas se opusieron y no ingresaron a la sesión, así que haciendo valer un artículo de la ley orgánica del Congreso, el PRI llamó a sus suplentes.

Los legisladores blanquiazules estaban molestos porque el PRI había decidido destituir a quien era entonces el contador mayor, y como éste se atrincheró en sus oficinas, los priístas fueron hasta ellas -a dos cuadras de la sede del Congreso-, para sacarlos y sesionar ahí.

En un documento con fecha 22 de junio de 2004 que se público este lunes, el manda- tario informó a la Legislatura que se negó a sancionar y publicar la Ley del Servicio Civil para los Trabajadores de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, así como las reformas a la Ley de creación del Organo Superior de Fiscalización.

"También están viciados todos los actos que se apoyen en aquella o que de alguna forma estén condicionados por la misma y no se le debe reconocer valor legal", se asienta en el documento que firmaron el gobernador y Bernardo Martínez Aguirre, secretario general de Gobierno.

De acuerdo con el escrito, existen evidentes violaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, "lo que trastoca el correcto funcionamiento de su vida interna y por lo mismo el orden público tutelado por tal ordenamiento, toda vez que afectan los intereses de la colectividad representada a través de los legisladores".

De acuerdo con el mandatario, fueron ilegales diversas decisiones tomadas durante la actual Legislatura, pues la destitución de los diputados blanquiazules Ricardo Rodríguez Jacobo, Francisco Rueda Gómez, Arturo Alvarado González, José de Jesús Martín Rosales, Raquel Avilés Muñoz, Jesús Gerado Cortés Mendoza y Rosa Argelia Paniagua Figueroa, ocurrida el pasado día 12, se realizó en sesión celebrada fuera del recinto legislativo.

Este mismo argumento esgrimió Rodríguez Jacobo, uno de los destituidos, cuando la mesa directiva del Congreso convocó a su suplente para sustituirlo, al aplicarle el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal, el cual establece que si un legislador sale del recinto sin autorización, se entenderá que renuncia a sus funciones por ese periodo de sesiones.

"Podría enfrentar juicio"

Para la "nueva mayoría" en el Congreso de Baja California, integrada por diez diputados priístas, tres independientes y un perredista, Elorduy Walther, al defender a sus correligionarios panistas, podría generar condiciones que le valdrían enfrentar juicio político.

Otra situación adversa para la fracción panista es la decisión de dos suplentes de rendir protesta para terminar el actual periodo de sesiones, que finaliza los trabajos de la actual Legislatura.

El líder estatal del PAN, José Zamorano, consideró que es "ilegal" la actual composición del Congreso local, y repudió la actuación de los diputados estatales, a quienes exigió "devolver la normalidad a los trabajos legislativos".

Comentó que "por fortuna no hay diputado que dure más de tres años, y a éstos les quedan sólo tres meses, tiempo en el que se les terminará el fuero en el que se esconden para el abuso".

De su lado, el dirigente estatal del PRI, Enrique Acosta Fregoso, afirmó que "en Baja California hay un choque frontal entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, el cual se recrudecerá día con día". Afirmó que el gobernador dejó de serlo para erigirse en defensor y presidente del PAN, así como "gran inquisidor, por la salida de los siete diputados panista del Congreso local".

Acosta Fregoso, también legislador local, advirtió que la situación actual puede tener consecuencias nacionales, porque si bien es cierto que Elorduy Walther tiene facultades para vetar leyes, los diputados también las tienen para someterlo a juicio político.