Critican dirigentes empresariales la "insensibilidad" de López Obrador

Cuesta la inseguridad 11 o 12% del PIB al país

MIRIAM POSADA GARCIA ENVIADA

Guadalajara, Jal., 29 de junio. La inseguridad cuesta al país entre 11 y 12 por ciento del producto interno bruto (PIB), por lo que urge contar con un sistema de procuración de justicia eficiente y que el jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, rectifique su postura sobre la marcha pacífica del domingo, declaró la cúpula empresarial.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Luis Barraza, enfatizó que las autoridades deben tener el termómetro del sentir social para dar resultados, y rechazó que sea necesario poner en marcha una "operación cicatriz" entre la iniciativa privada y el gobierno capitalino.

En tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Raúl Alejandro Padilla Orozco, reconoció que sí existe un riesgo de encono entre el sector empresarial, la propia ciudadanía y las autoridades federales y locales en torno al problema de la inseguridad que se vive en distintos puntos del país, por lo que llamó a todos los actores políticos a trabajar de manera coordinada y dejar de lado la prematura carrera por la elección de 2006.

Enfatizó que las estadísticas que ofrecen las autoridades reflejan una reducción en los índices delictivos, pero no porque en realidad se esté abatiendo la inseguridad, sino porque ante la incertidumbre, la población prefiere ya no denunciar.

Arremetió contra López Obrador y su "insensibilidad" ante la manifestación que "realizaron miles de mexicanos el domingo", y advirtió que "un político que no escucha lo que se le está diciendo pacíficamente, que no es sensible al llamado de la población, debe dedicarse a otra cosa".

Los empresarios ofrecieron cifras como que de cada 100 delitos que se denuncian sólo nueve son castigados, mientras que el fenómeno de la inseguridad en sí mismo cuesta al país entre 11 y 12 por ciento del PIB, por lo que, dijeron, se necesita un sistema de seguridad y procuración de justicia más eficiente, que se pongan todos los candados necesarios para que el Ministerio Público se vea obligado a integrar las averiguaciones sin errores que faciliten la libertad de los delincuentes, y que procedan sin falla alguna y se implanten penas más severas a delitos tan graves como el secuestro.

Consideraron, por otra parte, que el desempleo incide en los índices delictivos pero rechazaron que sea la raíz actual de la delincuencia; lo cierto, coincidieron los representantes empresariales entrevistados, es que se debe abatir la impunidad y coordinar a los cuerpos policiacos, pero nunca, dijeron, estarían en favor de la pena de muerte.