Con un sistema judicial tan frágil imponer esa medida sería peligroso: Gelista González

Partidos se manifiestan contra la pena de muerte para reducir la inseguridad

Leticia Burgos afirma que la pobreza y la marginación han originado la ola de crímenes

Dirigentes y legisladores de PRI, PAN y PRD se manifestaron ayer en contra de la pena de muerte como una medida para reducir la inseguridad en el país, problema que calificaron como complejo y en el que influyen factores económicos, sociales y de descomposición en los cuerpos policiacos.

Luis Felipe Bravo Mena, líder nacional del blanquiazul, destacó la necesidad de promover el crecimiento económico y el empleo, aunque rechazó que sea necesario cambiar el modelo económico imperante. "Ese es un debate diferente y luego por ahí se quiere sacar la vuelta al tema. No es un problema de modelo económico", sostuvo.

En conferencia de prensa señaló que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN enviará este día al Congreso una iniciativa para promover la seguridad en el Distrito Federal. Asimismo, pidió a los funcionarios panistas que promuevan un programa contra la delincuencia, incluyendo una mejor capacitación de los cuerpos policiacos y mejorando su equipamiento e infraestructura.

Bravo Mena y Carlos Gelista González, dirigente de ese partido en la capital, coincidieron en rechazar la pena de muerte, entre otros motivos porque el respeto a la vida es uno de los preceptos que establecen los principios del PAN. "Tenemos un sistema judicial tan frágil, con tantos errores, que imponer esa medida resultaría peligroso y no resolvería nada" , puntualizó el segundo.

Por su lado, el CEN perredista señaló que no es con la pena capital como se resolverá el problema de la inseguridad. En la aplicación de la ley radica la solución a este fenómeno, así como en una coordinación que hasta el momento ha estado ausente por parte del gobierno federal, subrayó.

También indicó que más que aumentar las penas, el asunto estriba en aplicar la ley y en olvidarse de cualquier diferendo ideológico que pudieran tener uno o más gobiernos entre sí.

En Hermosillo, Sonora, la senadora perredista Leticia Burgos señaló que el planteamiento del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, sobre analizar la posibilidad de establecer en México la pena de muerte "es aberrante". Para la legisladora, el gobierno federal debería mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, pues "los índices de pobreza y marginación son lo que ha producido la ola de crímenes que se han registrado en el país".

Refirió que "la inseguridad pública no se enfrenta con autoritarismo, sino discutiendo a fondo la política económica, porque en este momento ya no da más, porque los pasados cuatro sexenios han sido de buenos deseos, que no han resuelto el problema del desempleo en México".

A su vez, el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, afirmó que las marchas contra la inseguridad celebradas el domingo pasado en la ciudad de México y en otras localidades del país, no deben verse como acciones contra un gobierno en específico, "sino como una llamada de atención en contra de los tres órdenes de gobierno, para que trabajen de manera coordinada y den respuesta a sus demandas, sin condicionamientos de carácter político y sin cálculos electoreros".

La diputada Marcela Lagarde, presidenta de la comisión para erradicar el feminicidio en Ciudad Juárez, señaló que las declaraciones del procurador Macedo son propias de regímenes autoritarios y de corte fascista que el gobierno y la ciudadanía en general han combatido.

Mientras, el PRD presentará hoy en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a conducirse con congruencia al manifestarse sobre la pena de muerte.

Gerardo Villanueva, diputado perredista, puntualizó que "no puede ser que un día el presidente Vicente Fox asegure que está en contra de la pena de muerte, y que ahora el titular de la PGR hable de la posibilidad de considerar el asunto".

En Durango, el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, advirtió que si el estado falla en su responsabilidad de garantizar la seguridad pública, la nación corre el riesgo de entrar en un proceso de descomposición social.

Al asistir al cierre de campaña de los candidatos del tricolor, consideró que la creciente desigualdad social que tiene el país, por carecer de rumbo y dirección, supone un caldo de cultivo para la delincuencia, aunque la pobreza no es la causa única de la inseguridad pública, sino que a ésta ha contribuido el debilitamiento de la vida de las instituciones por la confrontación y los pleitos estériles.

En San Lázaro, la fracción del PRI acordó que sin desatender la demanda ciudadana por abatir la delincuencia, habrá un análisis cuidadoso de las reformas legales que se han planteado para endurecer las penas, porque como ha señalado el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, es posible que detrás de la presión popular exista "un interés para desestabilizar y debilitar al Estado".

Durante una reunión plenaria, se instruyó a los diputados que forman parte de las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales y Seguridad a que hagan un recuento de las iniciativas presentadas en la materia, incluida la del jefe del Ejecutivo, para valorar la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones.

En la vieja casona de Xicoténcatl, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el priísta Miguel Sadot Sánchez, discrepó del planteamiento hecho por el procurador, pues ni la pena capital ni el incremento de las sanciones resuelven el grave problema de la delincuencia.