Alejandro Nadal

Fobaproa: que Dios se lo pague

Keynes advirtió hace muchos años que en el mercado las expectativas de los agentes privados pueden responder más al comportamiento de manada que a los datos objetivos de una economía. Y eso es algo de lo que aconteció con la burbuja de préstamos que acompañó a la economía mexicana entre 1988 y 1994. Así comenzó a escribirse la historia del quebranto bancario y del desastre para las finanzas públicas derivadas del fraude llamado Fobaproa.

En esos años, el crédito total disponible como porcentaje del PIB pasó de 15 por ciento a 43 por ciento. La expansión del crédito coincidió con la privatización de la banca, la desregulación del sistema bancario y financiero, y las expectativas desatadas por la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Esas expectativas eran irracionales y no estaban basadas en datos objetivos sobre el desempeño presente o futuro de la economía.

Los bancos recién privatizados vieron en la expansión del crédito el camino para una fácil rentabilidad. Tanto los bancos como los agentes privados sobrestimaron la capacidad de pago y la recuperación de los préstamos. La cartera vencida comenzó a crecer en paralelo con la burbuja de préstamos. Cuando llegó la crisis de 1994-95 el universo bancario voló en pedazos.

El gobierno federal tuvo un reflejo fácil: comprar a los banqueros la cartera mala, incobrable y en buena medida fraudulenta. Ya se habían roto las reglas que se había fijado para la privatización de los bancos; ahora se romperían todas las reglas para operar un rescate bancario.

La primera regla para la asignación de recursos públicos al sistema bancario cuando se presenta una crisis es que los accionistas de los bancos deben ser los primeros en perder sus inversiones. La segunda es que los prestatarios que han incurrido en mora no deben recibir un tratamiento favorable a expensas de la población, sobre todo si los créditos han sido fraudulentos. Y la tercera es de sentido común: la intervención pública debe ser tal que los pasivos derivados del rescate no vayan creciendo.

El rescate por medio del Fobaproa no hizo responsables a los accionistas de los bancos. Al contrario, fueron premiados por el mal manejo de su cartera de créditos. Además, al remplazar su cartera mala con pagarés (con una prima de dos puntos porcentuales sobre la tasa de Cetes y con intereses capitalizables) se les quitó todo incentivo para recuperar los créditos malos. Y como el Fobaproa no estaba preparado para esta operación, no se recuperó ni la mitad de lo que prometió el gobierno de Zedillo del total de activos asociados a la cartera comprada.

El Fobaproa no distinguió entre préstamos fraudulentos y la cartera que legítimamente se había convertido en cartera vencida. Cuando se aprobó la ley del IPAB se hizo mucho ruido con la auditoría que aplicaría el despacho canadiense de Michael McKey, pero eso tampoco resultó en una reducción del costo fiscal. Hoy el rescate bancario sigue entrampado en chicanerías legales, algunas promovidas por el mismo Ejecutivo, que debiera estar preocupado en reducir el costo fiscal y preservar la integridad de las finanzas públicas. Y todos los partidos políticos, incluyendo la oposición, jugaron al jueguito de la auditoría y de los códigos de acceso a los créditos del Fobaproa. Los partidos salvaron la cara, pero no los recursos fiscales.

El resultado es que el saldo acumulado de los pasivos del IPAB-Fobaproa rebasa 833 mil millones de pesos (al 31 de marzo). Y los recursos fiscales asignados para pagar los intereses sólo cubren la parte real de los mismos. La capitalización de intereses lleva a un crecimiento de los pasivos al ritmo de mil millones de pesos mensuales. Esta semana la Reserva Federal probablemente anuncie un aumento de un cuarto de punto porcentual en la tasa líder y eso arrastrará las tasas al alza en México para evitar la salida de capitales y la presión sobre el tipo de cambio. Lo que no se va a impedir es la presión sobre el costo de la deuda emanada del rescate bancario.

El costo fiscal del Fobaproa representa una hipoteca insostenible sobre las finanzas públicas. El atraso en educación, salud, vivienda e infraestructura nunca será superado. Y como el sector privado no puede resolver esos problemas, el acceso a un proceso de desarrollo sustentable estará vedado para México.

Tarde o temprano el rescate bancario tendrá que ser objeto de una renegociación. Lo mejor será regresar a los bancos (aunque ya no sean los mismos dueños) los pagarés y renegociar con ellos el pago de estos pasivos. Para ello es indispensable evitar la conversión de los pagarés en deuda pública. Mientras no se reconsidere el rescate bancario, al pueblo sólo le queda decir al gobierno federal: por el privilegio de sobrevivir, de malvivir con hambre y morir prematuramente, que Dios se lo pague.