Autoridades del DF trabajan ya en una iniciativa

Pide ombudsman sancionar prácticas discriminatorias

Propone, entre otras penas, la remuneración económica

SUSANA GONZALEZ G.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) arrancó ayer en el antiguo Colegio de San Ildefonso de la UNAM, la segunda fase de la campaña permanente por la no discriminación, en coordinación con organismos civiles y académicos, y que será difundida en carteles, discos compactos interactivos, promocionales radiofónicos y videos, a fin de sensibilizar a los capitalinos en el respeto y la tolerancia a las diferencias.

Pero el tema, advirtió Emilio Alvarez Icaza, presidente de la CDHDF, no debe limitarse sólo a hacer visible el problema de indígenas, discapacitados, mujeres embarazadas, enfermos de VIH-sida, personas de la tercera edad que son discriminados, pues exigió al Estado generar y fortalecer mecanismos para proteger, defender, promover y difundir el derecho a la no discriminación, y en caso de que este derecho no sea respetado "debe implicar una responsabilidad individual y colectiva de los violadores, quienes deben ser sancionados tanto civil como penalmente".

Además tiene que reclamarse que haya reparación del daño, por lo que se requieren normas jurídicas que se traduzcan en obligaciones o prohibiciones implantadas en políticas públicas y acciones gubernamentales, dijo el ombudsman durante su discurso.

Invitado a la presentación de la campaña, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, manifestó que las autoridades capitalinas también trabajan en una iniciativa de ley para sancionar conductas discriminatorias, y aunque no descartó las sanciones penales, consideró que principalmente serían de índole administrativa.

Como ejemplo, el funcionario capitalino mencionó que podrían imponerse clausuras y suspensiones a |aquellos "restaurantes y servicios médicos privados que se niegan a prestar servicios, o sanciones administrativas para los funcionarios públicos de oficinas de gobierno y agencias del Ministerio Público que maltraten a los ciudadanos o no los atiendan".

El espíritu de la iniciativa que elaboran actualmente las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Social tiene como propósito "fomentar una cultura cívica de aceptación y reconocimiento a las diferencias, frente a un estado de igualdad frente al derecho, pero también de sancionar prácticas discriminatorias, ya sea en el ámbito de la autoridad o privado", anticipó que se presentaría hasta el próximo periodo de sesiones de la ALDF.

Por su parte, Alvarez Icaza confió en que "se pueda avanzar" en la Asamblea Legislativa en las iniciativas contra la discriminación que ya existen y ponderó que debe ubicarse a la no discriminación como un derecho.

Dijo que un acto discriminatorio debe ser sancionado, pero también debe haber una reparación del daño "con actos concretos, como la remuneración económica, actos simbólicos como poner nombres de calles, escuelas o bibliotecas o bien ofrecer disculpas públicas" para garantizar el derecho de los afectados o víctimas.