Ante dos graves casos de corrupción y manejos ilícitos de dineros electorales -el llamado Pemexgate y las trapacerías de Amigos de Fox--, el autodenominado "gobierno del cambio" decidió comportarse como sus antecesores priístas y solapar las irregularidades, ya fuera para proteger a personas cercanas al círculo presidencial, o bien con el propósito de acopiar cartas de negociación e intercambio de favores con la dirigencia del Revolucionario Institucional. Ahora, tras innumerables señalamientos del posible trasiego ilícito de fondos públicos hacia la fundación Vamos México, que encabeza la esposa del presidente Vicente Fox, y cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Poder Legislativo ha resuelto investigar a fondo los dudosos manejos financieros de la Lotería Nacional, que según los indicios habrían incluido desvíos de fondos hacia la organización de Marta Sahagún, el foxismo se encuentra en un punto crucial y decisivo: o se empeña a fondo, y hasta las últimas consecuencias, en tapar las presumibles triangulaciones irregulares de recursos entre la Lotería Nacional, el fantasmagórico e ilegal Transforma México, Vamos México y alguna dependencia federal como la Secretaría de Salud, o asume de una vez por todas su responsabilidad, honra sus promesas de cambio y transparencia y permite, en consecuencia, que la ASF, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR) esclarezcan las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales que se deriven de los turbios lazos financieros entre algunas oficinas del gobierno federal y las actividades supuestamente altruistas de la esposa del Presidente.

Tales lazos no son una mera suposición. La opinión pública ha conocido operaciones poco claras entre Vamos México y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), y el pasado lunes un grupo de senadores del PRI presentó ante la SFP una denuncia contra la directora de la Lotería, Laura Valdés. Entre la documentación correspondiente los legisladores incluyeron una carta remitida a Marta Sahagún, en la que la funcionaria rinde cuentas de entregas de dinero a diversas instituciones privadas de asistencia social. El documento en cuestión no es en sí mismo prueba de desvío de recursos, pero sí un testimonio de una inadmisible injerencia conyugal en los asuntos del gobierno foxista y una distorsión en la estructura jerárquica de la administración pública: ni su condición de esposa de Vicente Fox ni su carácter de dirigente real de Vamos México otorgaban a Marta Sahagún facultad alguna para recibir informes financieros de una dependencia pública. En su carácter de ciudadana, y de acuerdo con los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, podría, sí, solicitar los datos correspondientes; pero esa normatividad aún no había entrado en vigor el 25 de enero de 2002, cuando Valdés envió a Sahagún el oficio mencionado.

El Presidente de la República no debería permitir que su entorno inmediato -el familiar y el de sus colaboradores- permanezca bajo sospecha. Tendría que permitir la investigación y la sanción de los ilícitos que se descubrieran, porque de otra manera resultaría dudosa la autoridad de sus llamados a enfrentar el delito en otros ámbitos, como el secuestro, el asalto y el narcotráfico. La PGR podría, en esta ocasión, recuperar algo del prestigio que ha dilapidado con su actuar faccioso y politizado. El Congreso, por su parte, tiene ante sí la oportunidad de ejercer una función moralizante y mejorar así la imagen deplorable que la clase política se ha ganado a pulso entre la opinión pública. Para ello es preciso que priístas y panistas logren superar la tentación de negociar, en esta circunstancia, nuevos encubrimientos mutuos como los que la sociedad ha atestiguado en lo que va del sexenio.