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México D.F. Viernes 2 de julio de 2004
Luis Javier Garrido
La marcha
El cuarto aniversario de la elección de Vicente Fox a Los Pinos está marcado por el fracaso de su gobierno en cumplir la que fue la principal de sus ofertas de campaña en 2000: la seguridad pública.
1. La Marcha Silenciosa contra la Delincuencia del 27 de junio, promovida por la cúpula empresarial y organizaciones de derecha, y alentada por el gobierno de Fox y por la dirigencia panista con indudables fines político electorales, y que se convirtió en una gran movilización ciudadana rebasando los objetivos de sus organizadores, está terminando por revertírsele al propio Fox, principal responsable de la seguridad pública en el régimen mexicano, pues las exigencias populares ahora se dirigen a él. Una encuesta de CNI Canal 40 reveló el 30 de junio que de no haber en unos meses respuesta efectiva de las autoridades, 57 por ciento de los encuestados exigirían la renuncia a Fox.
2. La marcha, impulsada por el gobierno federal con la intención descalificar al jefe de Gobierno del Distrito Federal y que ahora se revierte contra Fox, contra su ineptitud y contra las políticas neoliberales de su gobierno, abriendo al mismo tiempo una discusión sobre el papel que tienen en el incremento de la violencia los medios masivos de comunicación que impulsaron la movilización, ha creado enorme preocupación en quienes la promovieron, y también en otro actor político que no estaba previsto: el Ejército.
3. Tan sólo dos semanas después de que el presidente saliente y el entrante del Comité Coordinador Empresarial reprendieran a Fox por fomentar las divisiones en la clase política (22 de junio), el general Clemente Vega García (secretario de la Defensa Nacional) ha hecho lo propio llamando al Ejecutivo a terminar con el clima de confrontación que está creando y a su tentación de estar jugando con fuego, y subrayando el papel que tienen en México las fuerzas armadas lanzó una velada advertencia a quien parece no estar entendiendo lo que acontece en el país.
4. La movilización, en todo caso, está llevando a un escenario más complejo de lo que nadie supuso. El primer obstáculo que enfrentan los organizadores de la misma para poder cumplirles a las decenas de miles de participantes que acudieron, es que la voluntad y la capacidad de varios de ellos para presionar al Ejecutivo a fin de que impulse acciones precisas para prevenir y combatir a la delincuencia y garantizar la seguridad de los habitantes del país, es muy limitada, por no decir nula. No sólo porque algunos de estos dirigentes concibieron a la movilización con objetivos claramente políticos y en connivencia con las autoridades, sino porque son o han sido integrantes del régimen foxista y subordinados del gobierno y no tienen interés alguno en presionarlo. ƑQuién podría creer, por ejemplo, que Guillermo Velasco Arzat (de El Yunque y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública) o María Elena Morera (de México Unido contra la Delincuencia) pueden tener margen alguno de independencia frente a Fox para exigirle cualquier cosa? No había que esperar mucho, por consiguiente, para que la situación aflorase, y El Universal del 30 de junio reporta ya una "división entre los convocantes".
5. Una movilización popular está caracterizada siempre por un reclamo, pero también por una propuesta precisa para atenderlo, y en ésta hubo una ambivalencia, pues si bien los convocantes redactaron un pliego de demandas -del que hay dos versiones-, que ha sido poco difundido, y que presentaron a Fox ayer en Los Pinos (1Ɔ de julio), en el cual es notoria una concepción muy limitada de la realidad, quienes marcharon, según se desprende de sus consignas, parecieron dejar toda la resolución del problema en manos de Fox, es decir, de la autoridad responsable de la inseguridad prevaleciente, no hicieron del pliego su demanda principal y se centraron en las consignas más primitivas de las fuerzas políticas de derecha, como aumentar las penas a los delincuentes o establecer la pena de muerte para delitos como el secuestro, medidas bárbaras que la teoría penal ha descartado desde hace décadas por su ineficacia disuasoria.
6. Lo más grave de todo este escenario que se ha creado con enorme irresponsabilidad política es que ni los promotores de la movilización, ni buena parte de quienes acudieron a ella, como tampoco el gobierno foxista quieren hacer un diagnóstico real de los motivos del aumento de la delincuencia en México, que son los mismos de otros países de América Latina, y se niegan a aceptar que tiene su origen en las políticas neoliberales que han hundido en la pobreza extrema a más de 50 millones de mexicanos, como también que ésta se ve alentada por la corrupción y la impunidad de los gobernantes mexicanos y de muchos integrantes de la clase empresarial que ha saqueado al país a través del Fobaproa.
7. La propuesta penal que el gobierno de Fox ha hecho mediante varias iniciativas no podía ser por ello más primitiva, y se ha limitado a incrementar el uso de la fuerza y de la represión: utilizando de manera discrecional al Ejército, a pesar de que es inconstitucional y proponiendo reformas penales que copian al sistema estadunidense (juicios más marcadamente orales) o que son abiertamente totalitarias (jueces "sin rostro" o especializados "en delincuencia organizada", tribunales de excepción) y que destruyen el régimen federal (un código penal único, una policía nacional) abriendo la vía a un presidencialismo absolutista.
8. Y el fondo de la cuestión, que parece olvidarse, es que, como el buen neoliberal que Fox pretende ser, desde los inicios de su gobierno decidió, a pesar de sus reiteradas promesas de campaña, que el Estado mexicano debería abdicar de buena parte de sus atribuciones en materia de seguridad pública, y consecuentemente de su responsabilidad en la materia, y que debería ser suplido, como pretende la teoría neoliberal, por la propia sociedad. No se puede olvidar que a poco de iniciado el sexenio Alejandro Gertz Manero, titular de la nueva Secretaría de Seguridad Pública, que ha constituido uno de los mayores fracasos del foxismo, convocó a los mexicanos a armarse diciendo que esto era "inteligente y sensato" (2 de abril de 2002), lo que suscitó un miniescándalo, acallado por los medios, y que en noviembre de 2003 se reunieron en la ciudad de México, a convocatoria de Washington, los responsables de seguridad del continente, en una reunión que se hizo de dominio público, pero cuyo contenido fue secreto, y que sólo se conoce por algunas filtraciones, tomando la decisión, con el voto aprobatorio de México, de privatizar las policías y la seguridad pública.
9. ƑCon qué cara puede Fox entonces pretender que "su gobierno" va a enfrentar la cuestión de la inseguridad?
10. La preocupación de los que impulsaron la movilización por lo que está aconteciendo es muy real, pues si el reclamo de quienes son privilegiados en la sociedad es tan grande, Ƒcómo puede ser el de aquéllos a quienes se les quiere quitar hasta la esperanza?
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