El miércoles pasado, en un críptico discurso, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Clemente Ricardo Vega García, dijo textualmente que "es necesario saber perdonar en estos momentos", y reiteró, al final de su alocución, con un "hay que saber perdonar". En la medida en que el militar no puso sujetos ni complementos directos al verbo perdonar, es imposible, en tanto él mismo no lo aclare, saber quién debe perdonar a quién y qué acciones son las que debieran, según él, ser perdonadas. En el alud de comentarios y elucubraciones generado por las expresiones del general Vega García, hubo interpretaciones que apuntan al fallo emitido la víspera por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determina que el delito de desaparición forzada permanece vigente -es decir, no prescribe- en tanto no aparezca la víctima, viva o muerta. En esa lógica, el sentido de lo dicho por el titular de la Sedena habría sido una velada demanda de amnistía para los integrantes y ex integrantes de las fuerzas armadas que participaron en la represión al movimiento estudiantil de 1968 y en la guerra sucia emprendida en las décadas siguientes por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo contra organizaciones guerrilleras, pero también contra integrantes de sindicatos, ligas agrarias y organizaciones políticas y sociales que buscaban la transformación política, económica y social del país por medios pacíficos.

Una de las voces que adoptó esta interpretación de lo dicho por Vega García fue la del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), quien inclusive abogó por una amnistía para los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en los años 70 y 80. El responsable de combatir la delincuencia organizada en el país arguyó que "es muy difícil ahora tratar de juzgar a alguien que tuvo otras circunstancias, que en su momento fue forzado, casi materialmente, a realizar acciones de contención respecto de algunas manifestaciones y que ahora lo estemos juzgando". Santiago Vasconcelos opinó que la "aparente división que tenemos que superar" es producto de "rencores que hace muchísimo tiempo los venimos arrastrando", en referencia a las demandas de justicia y esclarecimiento a los actos de represión gubernamental en los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo.

Para sopesar en su justa dimensión lo dicho por el titular de la SIEDO, es oportuno recordar que en aquellos años se perpetró, desde el poder presidencial, y por medio de cuerpos policiales, militares y paramilitares, una matanza de opositores -no sólo de guerrilleros- y un quebranto sistemático de las leyes nacionales que prohíben (y que ya prohibían en aquel entonces) prácticas como la privación ilegal de la libertad, las lesiones, las torturas, el homicidio, las inhumaciones clandestinas, el robo a mano armada, el allanamiento de morada y las detenciones y las condenas sin que mediara juicio, entre muchos otros delitos cometidos por servidores públicos en el contexto de la guerra sucia.

El que un subprocurador federal proponga que el país se olvide de ese cúmulo de crímenes y renuncie a su obligación de procurar e impartir justicia en el caso de las desapariciones forzadas (cuya ejecución solía conllevar la comisión de otros delitos como los referidos) constituye una claudicación mental ante la ilegalidad y una inaceptable petición de impunidad que debiera causar bochorno al gobierno del que forma parte. Igualmente vergonzosos son los "argumentos" del funcionario para justificar su propuesta: resulta que los responsables de la guerra sucia actuaron en "otras circunstancias" y que, en su momento, cada uno de esos responsables "fue forzado, casi materialmente, a realizar acciones de contención respecto de algunas manifestaciones". ¿Pueden "otras circunstancias" atenuar un homicidio, una violación, un secuestro o una sesión de tortura?¿Los jefes políticos, militares y policiales de la represión, fueron "forzados, casi materialmente" a secuestrar, torturar y asesinar? Y aun suponiendo que algunos agentes menores de la guerra sucia hayan actuado bajo presión, ¿no ocurre otro tanto hoy día a personas involucradas en las bandas del narcotráfico? ¿Veremos al subprocurador usando ese mismo argumento para pedir una amnistía a los gatilleros de los cárteles?

Desde otra perspectiva, el señalamiento de Santiago Vasconcelos de que las divisiones actuales en el país son producto de los "rencores" originados por la represión de décadas anteriores, habría que señalarle que, por el contrario, las exigencias de esclarecimiento y justicia constituyen puntos de confluencia política y social, y factores de un consenso que debe ser atendido si es que se pretende lograr un verdadero estado de derecho y si existe el propósito de construir una reconciliación sólida y verdadera. Si se hubiera investigado, procurado justicia y castigado a los responsables en los casos del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y los numerosos crímenes desde el gobierno que siguieron a esos sucesos, es posible que el poder público no hubiese tenido la idea de impunidad garantizada que resultaba indispensable para cometer los asesinatos de cientos de perredistas durante el salinato, los crímenes políticos de finales de ese sexenio y las matanzas de Acteal, Aguas Blancas, El Charco y El Bosque, en la administración siguiente. En tiempos de Salinas y de Zedillo también había "otras circunstancias", ¿habrá que abandonar también toda exigencia de justicia ante esos otros crímenes?

Para finalizar, no son los "rencores que venimos arrastrando" los que generan las evidentes fracturas y confrontaciones políticas en el México de 2004, sino la utilización facciosa y partidista que el foxismo hace de las instituciones públicas, empezando por la Procuraduría General de la República y por la oficina de Santiago Vasconcelos, que es donde se ha fabricado parte de las acciones de acoso jurídico contra el jefe del Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. ¿Alegará un día el actual titular de la SIEDO que se vio "forzado, casi materialmente, a realizar acciones de contención respecto de algunas manifestaciones"?