Asegura que de ganar el PRI quedarán impunes las corruptelas del actual gobernador

Castigo a Patricio Martínez, principal oferta de la oposición en Chihuahua

Los escándalos de la administración impactan de forma negativa la campaña tricolor

MIROSLAVA BREACH Y ANDREA BECERRIL /I CORRESPONSAL Y ENVIADA

Chihuahua, Chih., 1º de julio. La administración de Patricio Martínez dejará como saldo la polarización total de la vida política en Chihuahua. Tanto, que generó la creación de bloques partidistas y llevó a la oposición a tener como bandera central impedir la impunidad del mandatario, a quien se responsabiliza de enriquecimiento inexplicable y de solapar nexos de miembros de su gabinete con el crimen organizado.

Por ello, cuando sólo faltan tres días para la jornada electoral en la que se elegirá gobernador, 67 alcaldes y 33 diputados locales, la coalición Todos Somos Chihuahua, que encabeza el panista Javier Corral, insistió en que el eventual triunfo del aspirante del PRI, José Reyes Baeza Terrazas, es el salvoconducto para Martínez y sus millonarios negocios al amparo del poder.

En ese escenario de confrontación, el priísmo relanzó una serie de acusaciones sobre el tráfico de influencias que habría prevalecido en el sexenio del ex gobernador panista Francisco Barrio Terrazas, pero sin la repercusión que tuvo la difusión de esos mismos expedientes -donde se habla de negocios del hermano del ahora coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro- en la contienda de hace seis años, en la que resultó triunfador Patricio Martínez.

De hecho, en estos comicios se repite la pelea por el poder entre los dos grupos dominantes en Chihuahua. El candidato del PRI, José Reyes Baeza, es sobrino del ex gobernador Fernando Baeza, el mismo que respaldó el arribo a la gubernatura de Martínez y quien el año pasado le cobró la factura para consolidar la hegemonía a través de su pariente.

A su vez, al aspirante de la alianza Todos Somos Chihuahua, conformada por el PAN, PRD y Convergencia, Javier Corral Jurado, se le considera ahijado político de Barrio Terrazas y ha tenido que enfrentar por ello y por su alianza con un partido de izquierda una fuerte oposición interna de los grupos de ultraderecha del panismo local.

A lo largo de sus 120 días de campaña -sin contar los cuatro y medio meses de precampaña-, Corral Jurado estructuró un mensaje y una serie de propuestas basados en un cambio en la forma de conducción que distingue a Martínez, y que acabe con abusos y atropellos y el deterioro político, económico y social en que se encuentra el estado.

En su cierre de campaña, el 26 de junio, Corral Jurado advirtió: "Nadie tenga duda: un eventual triunfo del PRI significaría más impunidad y complicidad con uno de los gobiernos más corruptos que hemos padecido en toda nuestra historia. Votar por Baeza sería premiar a su compadre Patricio Martínez. Simple y sencillamente quedaría en el olvido su inmensa riqueza inexplicable, la vinculación de su gobierno con la mafia del narcotráfico".

Investigaciones de legisladores de oposición documentaron que, al inicio de su mandato, Martínez poseía 80 bienes inmobiliarios, los cuales para el segundo año se elevaron a 250. Ha sido muy comentada la participación de su hermana Clara Martínez en la compra de terrenos y propiedades para la remodelación del centro histórico, negocio de muchos millones.

Para el candidato priísta Reyes Baeza -que contiende también con los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista en la Alianza con la Gente- no ha sido fácil superar el impacto de la gestión de Martínez en su campaña. Al arranque de sus actividades electorales se encontró con el escándalo de las llamadas narcofosas, en el que se vieron involucrados el entonces procurador Jesús José Solís y el comandante de la Policía Judicial del estado, Vicente González.

En la demanda de juicio político contra el gobernador Martínez, presentada por varios diputados federales del PAN, entre ellos Gustavo Madero, tanto en los congresos local como federal, se detalla que los servicios de inteligencia de la DEA y la FBI informaron a la Procuraduría General de la República (PGR) de la existencia de una finca en Ciudad Juárez donde se inhumaba clandestinamente a las víctimas de unos sicarios, quienes "revelaron que recibían órdenes de un comandante de la Policía Judicial de la entidad".

Se advierte también en el documento que a cuatro meses de que concluya su administración, el gobierno de Patricio Martínez está envuelto "en un cúmulo de sospechas y acusaciones por su relación con el narcotráfico y la ola de violencia en la entidad que, según cálculos de organismos civiles, ha cobrado casi 500 vidas en cinco años''.

Al escándalo de las narcofosas antecedió la ejecución del abogado Mario Escobedo, defensor de dos detenidos bajo la acusación de participar en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, pero con procesos llenos de irregularidades. Uno de ellos, Gustavo González Meza, La Foca, quien denunció que fue torturado para declararse culpable, falleció en la prisión estatal en circunstancias misteriosas.

Por si fuera poco, el subjefe de Averiguaciones Previas de la Procuraduría estatal, Alonso Lastra, fue arrestado acusado de pertenecer a una red de tratantes de blancas. Este otro escándalo orilló a los propios priístas a pedir al candidato Baeza Terrazas el deslinde del gobierno de Martínez.

Nunca lo hizo, pero ante las denuncias reiteradas sobre el involucramiento del aparato de justicia en la protección al narco, sus operadores negociaron la salida del procurador Solís, a quien finalmente debió aceptar Martínez.

Para el dirigente estatal del PAN, Jesús Manuel Tarín, es obvio que José Reyes Baeza tiene el compromiso de proteger a Patricio Martínez.

El candidato priísta evade el tema cuando se le insiste en que responda; señala que no será tapadera, pero sostiene que no hay pruebas ni de riqueza indebida de Patricio Martínez ni de un probable involucramiento con el narcotráfico.

En un cuestionario que respondió para el periódico Norte de Juárez sobre ese tema, Baeza señaló que de existir "denuncia o querella que reúna los requisitos de procedibilidad que fija el Código Penal, el órgano ministerial debe actuar en consecuencia, con absoluta imparcialidad y objetividad".

Repite que se trata de una campaña sucia instrumentada por sus adversarios para tratar de descontar "la enorme ventaja" que les lleva en las encuestas.

Sin embargo, en el centro de la valoración que harán los electores del estado está justamente el desempeño de Patricio Martínez al frente del gobierno estatal; su fracaso en materia económica, como se evidencia en el crecimiento del desempleo, y los graves problemas de inseguridad y violencia en las principales ciudades de la entidad.

La apuesta de Baeza Terrazas es que todos esos elementos negativos queden desactivados con la fuerte campaña publicitaria que desplegó tanto en medios electrónicos como en la prensa escrita.