Incumplieron esa obligación sus principales líderes, funcionarios y gobernadores

La falta del pago de cuotas partidistas agrava la crisis financiera en el PRD

El monto mínimo es de 60 pesos anuales; en 2002 hubo quien entregó apenas 10 pesos

RENATO DAVALOS

Envuelto en una crisis financiera por la deuda heredada de la gestión de Rosario Robles Berlanga, por más de 400 millones de pesos, el perredismo suma a esta circunstancia la falta de pago de cuotas por sus principales líderes, gobernadores y funcionarios partidistas.

Aunque la fracción III del artículo 29 de sus estatutos señala que los militantes se harán acreedores a la suspensión de derechos y prerrogativas si infringen las disposiciones del artículo cuarto, que prevé entre otras obligaciones el pago de cuotas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) reporta en su informe entregado al Instituto Federal Electoral (IFE), correspondiente a 2002, pagos de apenas 10 pesos.

El reporte financiero -del que La Jornada posee copia- que los perredistas entregaron al máximo órgano electoral detalla el pago en 2002, pues el ejercicio 2003 aún no se presenta y el plazo vence en agosto. Los números reflejan que en ese año las cuotas ascendieron a 8 millones 151 mil 672 pesos. En esa fecha el partido ejerció un presupuesto de 310. 9 millones de pesos.

Nombres...

El listado del pago de cuotas, detallado por entidad federativa y en forma global, no registra aportaciones de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ni de la entonces presidenta, Rosario Robles Berlanga. Tampoco de sus cuatro gobernadores (Ricardo Monreal Avila, de Zacatecas; Leonel Cota Montaño, Baja California Sur; Lázaro Cárdenas Batel, Michoacán, y Alfonso Sánchez Anaya, de Tlaxcala), ni del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

En el catálogo de aportaciones no aparecieron las cotizaciones del actual líder nacional, Leonel Godoy Rangel, entonces secretario de Gobierno en Michoacán, ni del actual coordinador parlamentario en San Lázaro, Pablo Gómez Alvarez, en esa fecha representante perredista ante el IFE, así como tampoco del actual secretario general, Carlos Navarrete Ruiz, ni de Amalia García Medina, ex presidenta nacional.

El estatuto vigente distingue dos tipos de cuotas: las ordinarias, que están obligados a pagar todos los militantes, con aportaciones mínimas de cinco pesos mensuales, es decir, 60 pesos anuales. En tanto, las extraordinarias se aplican a los representantes populares y servidores públicos, quienes tendrán que destinar al partido 10 por ciento de sus percepciones. El propio Comité Ejecutivo Nacional informó recientemente que hay 6 mil militantes obligados a este pago.

El llamado control de folios de recibos de aportaciones de militantes y organizaciones sociales (CF-RM), ejercicio 2002, que el PRD entregó al IFE, detalla las aportaciones de los diputados y senadores del sol azteca, pero en él no aparece la mayor parte de los funcionarios del gobierno capitalino, delegados políticos, ni de los gobiernos estatales. En estos últimos casos no aparecen los pagos de funcionarios ni tampoco los de representantes populares locales.

También con la cuota mínima de 60 pesos aparecen Jesús Zambrano, Javier Hidalgo y Camilo Valenzuela. José Antonio Rueda, desde entonces funcionario partidista, cotizó 200 pesos. Todos los reportes aparecen firmados por José Ramón Zebadúa, ''coordinador de Administración y Finanzas'' del PRD, cargo que le creó Rosario Robles -por encima del estatuto- para el manejo financiero, paralelo a la Secretaría de Finanzas, de la que entonces era responsable María Eugenia López Brun.

En el detalle de las aportaciones por militantes en cada uno de los estados -salvo un caso en Aguascalientes, otro en Campeche y uno más en Nuevo León-, los recibos aparecen como ''pendientes de utilizar'' o ''cancelados'', esto es, no se contabilizaron cotizaciones.

Asimismo, aun dentro de las cuotas que pagaron los legisladores se reportan diferencias. Diputados de entonces, como Miguel Bortolini, cotizaron 71 mil 567 pesos, mientras otros como Uuc-Kib Espadas registraron 82 mil 135. Miroslava García, también legisladora, reportó 65 mil 539. Alejandra Barrales, en ese año integrante de la bancada en San Lázaro, aportó 17 mil 424 pesos. En contraste, Iván García Solís cotizó 10 pesos.

El inciso h del artículo cuarto de los estatutos partidistas establece que ''una de las obligaciones de los militantes es el pago de cuotas''. Más adelante, el artículo 27 señala que las cuotas ordinarias serán obligatorias para los miembros del partido, y el pago mínimo será de cinco pesos mensuales, es decir, 60 pesos anuales. El estatuto aún vigente fue reformado recientemente en el octavo congreso partidista y aprobado el pasado viernes por el IFE. La nueva propuesta obliga a la burocracia partidista al pago de cuotas de al menos 5 por ciento de sus percepciones.

A principios de este año, los perredistas discutieron la grave situación financiera que heredaron de la gestión al frente del partido de Rosario Robles Berlanga. Ese exceso de gasto -la auditoría en marcha deberá argumentar o rechazar si hubo desvío de recursos- explica que el año pasado se retuvieran el pago de impuestos y las cuotas al Infonavit.

La situación de astringencia financiera fue detallada a principios de año en Morelia, y después en una sesión de consejo nacional. En esos encuentros se detalló que en 2004 los perredistas tendrán que pagar 151 millones de pesos por la deuda partidista que dejó Robles, la cual sobrepasa 400 millones.

De esos recursos a pagar, la mitad corresponderá a amortizaciones de capital y el resto a intereses del débito. Conscientes de la situación de las cuotas, en el programa para este año se determinó la creación de un ''padrón de servidores públicos'' para incrementar sustancialmente la recaudación de la militancia. Finalmente se proyectó que, por esta vía, los perredistas se allegarán más de 35 millones de pesos.